La Escuela Libre de Derecho hace historia en un momento crucial del país: rescata el impulso creador del saber que despierta conciencias y marca rumbo pensante a la juventud. La misión esencial de las universidades, de las instituciones de educación superior: servir a la persona, “única, irrepetible y abierta a la solidaridad”, y servir a la comunidad mediante la enseñanza de la cultura en búsqueda de la verdad.
Servir al hombre, a la mujer, a la sociedad, al pueblo: tarea trascendente, formadora de personalidad integral. Todo saber y autoridad genuinos, tienen vocación de servicio. “Saber de salvación” -diría Max Scheler- el de dichas instituciones educativas cuando las mismas se sacuden rutinas, contemporizaciones y filisteísmos.
Fiel a su lema de nunca verse sometida ni al poder ni al favor, la Escuela ha interpuesto, a través de Ricardo Antonio Silva Díaz, su rector, una inédita demanda de amparo. Demanda contra leyes que reglamentan la reforma judicial del 11 de marzo de 2021.
La Escuela cumple así su misión social, encomendada por su fin, al defender el derecho y la democracia de la comunidad nacional, al presentar dicha demanda de amparo en defensa de derechos fundamentales. Acciones como esa, recuperan el papel protagónico del pensamiento y la vitalidad originaria de universidades e instituciones. Son ellas fortalezas de la inteligencia asediada, y reductos de libertades amenazadas.
Conforme a dicha demanda de amparo, las leyes que reglamentan tal reforma judicial, publicadas el 7 de junio de 2021, no se apegan a los estándares de la Constitución y de las convenciones internacionales que garantizan la independencia de todo poder judicial. Explica el rector Silva en entrevista realizada por el periodista Mayolo López en días pasados: “nadie niega la necesidad de investigar y erradicar vicios como la corrupción, pero esto debe hacerse cumpliendo el debido proceso, con autoridades establecidas por ley y no en acuerdos y con un carácter excepcional”.
Cuando se dice combatir la corrupción corrompiendo derechos y garantías básicas de las personas encargadas de decir el derecho, y trastocando la independencia del poder judicial, en realidad se está pretendiendo ejercer un control arbitrario fomentador de un clima de sospecha permanente en el seno mismo de dicho poder.
La Libre de Derecho menciona en su demanda de amparo, según lo señalado por el rector en la entrevista citada, que “los criterios utilizados -en una de las disposiciones impugnadas- son vagos, ambiguos, y otorgan una absoluta discrecionalidad al Consejo de la Judicatura Federal para llevar a cabo cambios de adscripción sin ninguna garantía de independencia”. Por ello, tales criterios para cambiar de adscripción a jueces y magistrados pueden ser utilizados, desde el ámbito del Consejo de la Judicatura Federal, para efecto de influir en los juzgadores, comenta el rector Silva.
Sin un clima de confianza, sin independencia y estabilidad de los jueces, afirmo sin dudar, el poder judicial deviene, más temprano que tarde, en apéndice político, instrumento ortopédico y servil de intereses ajenos al derecho y a su alma, la justicia.
Se considera en la demanda que son inconstitucionales tanto la creación de la unidad de investigación del Consejo de la Judicatura Federal para casos graves, como las facultades otorgadas a tal Consejo de suspender a jueces y magistrados para ser investigados por faltas no graves. Precisa el rector al respecto: “son facultades desproporcionadas que no sólo inciden en el libre ejercicio de la función judicial, sino que además inhiben la debida impartición de justicia conforme a la independencia judicial que debe regir”.
Otro punto central de esas leyes cuestionadas, y que ya se ha visto aplicado en el caso de amparos presentados contra el rediseño del espacio aéreo en la Ciudad de México y contra otros casos, se refiere a la facultad otorgada al Consejo para concentrar en uno o más juzgados y tribunales asuntos vinculados a violaciones graves a derechos humanos, cuando lo que debiera ocurrir, afirma el rector, “es una asignación aleatoria de los expedientes”.
Dicha facultad de concentración, “afecta la eficacia del derecho de acceso a la justicia, en tanto que se estaría realizando una selección ad hoc para la solución de casos, con lo cual se vulnera la garantía de independencia judicial que obliga a que los jueces sean impersonales”, explica Silva Díaz.
Finalmente es importante recordar, en el contexto de esta demanda de amparo y de lo escandaloso del asunto, que en un artículo transitorio del decreto que expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado el 7 de junio de 2021, se establece implícitamente la reelección del presidente de la Suprema Corte, en violación flagrante de la Constitución.
En suma, la Escuela Libre de Derecho al interponer dicha demanda de amparo contra disposiciones que violan derechos fundamentales, defiende la independencia del poder judicial amenazada desde dentro y fuera, cumple con sus fines esenciales, hace historia, da ejemplo, sirve al pueblo y a cada estudiante, despierta conciencias juveniles, devuelve su sentido prístino a la misión de toda universidad, de toda institución formadora de almas, del presente y porvenir de México.
Al margen del desenlace, la demanda misma es símbolo y programa, un sacudimiento jurídico-cultural que hacía mucha falta, un despertar impulsado por una escuela de derecho cuyo orden y disciplina están confiados al honor de sus alumnos. Llega el tiempo para que inteligencia y palabra persuasiva imperen frente a fuerza, capricho y mutismo. El Derecho, “una de las grandes aventuras de la razón, de la inteligencia”.
Con admiración dedico este artículo a la memoria del maestro y tribuno Manuel Herrera y Lasso, uno de los más queridos profesores de la Escuela; con esperanza a los alumnos de hoy, y con simpatía al rector de la Escuela Libre de Derecho, Ricardo Antonio Silva Díaz, digno hijo de la Escuela, mi alma mater, donde cuando joven, fui profesor por muchos años, y donde aprendí de mis maestros, que la lucha por el derecho se libra a diario, y más cuando el poder pretende someterlo. J. Mauro González-Luna Mendoza.
