La política chabacana

La política chabacana

Todo era risa y diversión hasta que les llegó la fiscalización al matrimonio integrado por el hoy gobernador electo de Nuevo León Samuel García y su esposa la influencer Mariana Rodríguez.

Hace unas semanas, gustosos compartían en sus redes sociales los análisis políticos y las notas periodísticas de la prensa nacional e internacional que colocaban a Rodríguez Cantú como la clave del triunfo electoral en una contienda que el candidato comenzó en cuarto lugar.

No había entonces el menor menosprecio de la influencia de Mariana, no había indicio alguno de recato o modestia, ni el mínimo intento por hacer ver como accesoria su participación en campaña.

Y con justa razón, por que la capacidad de resonancia de ella en redes sociales, a juzgar por su número de seguidores, es más del doble en comparación a la de él, y pocos podrían discutir que es ella la que acapara las fotografías y los saludos en la calle.

La importancia de la figura de Mariana Rodríguez en la simpatía de su esposo es tal, que ella al mismo o mayor nivel que él, aparecía en los vídeos musicales que adornaban la campaña, y llegaba al colmo de que los anuncios espectaculares tenían la mitad del rostro del candidato combinado con la mitad del rostro de su esposa.

Sin embargo nada de ello mereció sanción o reprimenda de la autoridad electoral. Si acaso un llamado de atención cuando se cuestionó las donaciones que recibía Mariana Rodríguez mientras estaba en las brigadas de volanteo, o pega de calcas, hasta donde llegaban sus seguidores a llevarle obsequios, que algunas veces incluían material gráfico relacionado con la campaña.

Sin embargo el uso de sus redes sociales como influencer se convirtió en algo insoslayable, particularmente en el contexto de la indignación que causó el uso de estas mismas figuras por parte del Partido Verde, con el agravante de haberlo hecho en tiempo de veda electoral.

La acusación de Mariana consiste pues, en el uso de su marca registrada, y de los espacios publicitarios que comercializa -según su información hacendaria- en beneficio de un candidato.

Si bien su justificación es el nexo conyugal que los une, ésta se evapora en cuanto se traslada a otros escenario la misma situación; es decir, cuando en lugar de pensar que el bien comercializado son historias de instagram, fueran por ejemplo, vallas publicitarias.

Aunque la esencia sea la misma, cierto es que la condición tecnológica, su novedad y su cualidad tránsfuga de la normatividad hacen de este hecho un terreno jurídicamente más resbaloso.

Cuando se discutía en el pleno del Instituto Nacional Electoral la posible sanción, Mariana Rodríguez y Samuel García daban a conocer que justamente un año antes de la elección, el 6 de junio de 2020, la influencer se había dado de baja en el Sistema de Administración Tributaria como prestadora de ese servicio, para cumplir con la ley.

Este “detalle” técnico, en la opinión de esta profana del derecho le podrían valer que los tribunales le dieran la razón, aunque a decir verdad eso deja aún más en evidencia que no hay pizca de inocencia ni de ingenuidad en el actuar, sino una estrategia de marketing bien armada, con los cuidados jurídicos mínimos.

A la luz del tiempo es claro que había riesgo, pero habiendo estado en un lejano cuarto lugar, y acostumbrados a la impunidad, no había mucho qué perder y todo qué ganar.

El caso de los amigos de Fox, el anterior escándalo del Verde y los influencers, y el pemexgate hacen fácil para cualquiera confiar en salir bien librado de esto.

No fue esa la suerte de Edgar Rivera, Félix Salgado Macedonio o Raúl Morón, a quienes por mucho menos que eso se les quitó la posibilidad de presentarse a las urnas.

No es la única irregularidad de que se acusa a Samuel García; pesa sobre él y sus cercanos una investigación por lavado de dinero, además de que su familia presuntamente trianguló dinero para hacerlo llegar a su campaña.

Poco les importa, la estrategia mediática ya se echó a andar y ha llegado al punto de hacer ver el asunto como un tema de violencia política de género con tintes de persecución a la buena familia y al “sagrado lazo conyugal”, lo que conlleva no sólo al menosprecio de la normatividad democrática, tan incipiente en México, sino a la banalización de una de las luchas políticas del feminismo.

No podía esperarse mucho más; el triunfo del marketing sobre las ideas que constituyó esa campaña en particular, es el más elocuente ejemplo de la vacuidad política de sus protagonistas.

Si eso en sí no nos tiene escandalizado se debe a dos atenuantes: no son los primeros, y quizá incluso no sean los peores. Eso es lo trágico de nuestra política chabacana. ■

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