Todas las civilizaciones en la historia han construido instituciones, entendidas en su concepto más amplio, y han pasado siglos mejorándolas para que rindan un funcionamiento idóneo a las circunstancias y a la idiosincrasia de la nación o región de la que se trate. Nuestro país no es la excepción, aunque hemos durado siglos en construir el modelo de país al que hemos aspirado. Los mexicanos pasamos de la independencia de un Imperio, a los intentos por formar una nación, sin que este concepto estuviera del todo acabado en nuestras mentes y nuestro extenso territorio, que abarcaba más de doble de lo que es hoy, con mucho menos capacidades e infraestructura para comunicarlo con el centro. La formación del Estado mexicano no se daría sino hasta la victoria de las fuerzas liberales sobre las conservadoras en lo que hoy conocemos como la etapa del Segundo Imperio. Luego vino el Porfiriato, nuestro primer lapso de construcción en serio de un Estado en forma, aunque esta consolidación se vería interrumpida por el movimiento armado de la Revolución, que tardó más años en reconcentrar el poder y darle cauce, que lo que tardó en derrocar al viejo dictador contra el que se rebeló. Por fin, el estado posrevolucionario mexicano trajo la estabilidad que permitió al país avanzar en la construcción de sus instituciones, según su propia realidad. Así, nació un presidencialismo único en el mundo, que resultó funcional durante décadas, pero que luego, naturalmente, se vio agotado por la diversidad, pero también por las aspiraciones de generaciones que habían logrado crecer en paz y cierto nivel de desarrollo económico y social. Es ahí cuando comenzó lo que hoy ya podríamos conocer como el proceso de gran transición a la democracia en nuestro país: la primera etapa en la que la lucha por el poder se resolvió, casi totalmente, a través de las instituciones que se fueron reformando, adecuando y muchas, creando, para dar cauce a tal fenómeno de la política y el Estado en su conjunto. Esa “gran transición democrática” continúa hasta hoy, aunque haya quiénes quieran negarlo. Sucede que en una primera etapa de nuestro proceso de transformación, la atención se centró en los derechos civiles y políticos, y en esta nueva etapa del país, que parece haberse inaugurado en 2018, la tendencia atiende a los derechos sociales y a una concepción de bienestar, que no solo no está peleada con la democracia, sino que son ambas ideas y conceptos, inherentes uno del otro para ser efectivos.
Si en una primera etapa de nuestra historia logramos la independencia, y luego de un turbulento siglo XIX, la estabilidad fugaz, para dar paso a la institucionalidad y la formación de la primera versión del Estado mexicano moderno, y luego pasamos a la construcción de una sólida democracia, para continuar con la instauración de un sistema de rendición de cuentas efectivo, pareciera ser que la balanza hoy se inclina por construir instituciones de bienestar, o la arquitectura institucional y legal, que nos permita conquistar los derechos sociales que también son parte de la democracia. Las instituciones mexicanas, como las de toda la humanidad, son pues, una tarea inacabada y continúa, que requiere de la deliberación, el forcejeo y la participación de todos.
@CarlosETorres_
