Es una iniciativa impulsada por Alma Dávila y construida con la asesoría de Mara Muñoz
En conferencia de prensa, la diputada local por Morena, Alma Dávila Luévano en compañía de la abogada y activista en favor de los derechos de las mujeres, Mara Muñoz Galván, hicieron un llamado a los integrantes de la 63 Legislatura para que antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, dictaminen y aprueben la iniciativa de reforma al Código Penal y la Ley de Salud en Zacatecas que busca castigar el stealthing o la práctica de los hombres de retirarse el preservativo sin el consentimiento de la mujer durante la relación sexual, porque es otra forma de violencia que atenta contra sus proyectos de vida.
La iniciativa impulsada por la legisladora y construida con la asesoría de Muñoz Galván, busca “atacar y reducir el anquilosado sistema patriarcal” en el que se vive, en el que históricamente las mujeres han cargado el peso de la maternidad y todas sus responsabilidades, pero en el que también persiste la práctica indebida de los hombres que violentan y obligan a las mujeres a cargar con un embarazo no deseado al negarse a usar condón o peor aún, quitárselo sin el consentimiento de la pareja durante el acto sexual, dejándole después la decisión de abortar únicamente a la mujer.
Las alarmantes estadísticas sobre embarazos no deseados, expuso Dávila Luévano, son un claro indicador de la presión que viven las mujeres a través de la violencia sexual y afectan de manera severa el proyecto de vida de mujeres y niñas, por lo que la iniciativa, además de tener un carácter preventivo, busca sancionar la violencia sexual del hombre contra la mujer o niña que puede derivar precisamente en un embarazo no deseado, pero también enfermedades de transmisión sexual.
Pero el objetivo general de fondo, precisó la legisladora, es disminuir y buscar la eliminación de dos prácticas generales de violencia contras las mujeres y niñas de las que poco se habla y son frecuentes y que se resumen en “impunidad social”: la primera que consiguen los hombres agresores cuando sus propias familias los protegen; y la segunda que imparte el Estado cuando no hay procuración de justicia en los múltiples casos de abuso sexual tipificados en la ley.
En este sentido, la propuesta de la iniciativa es hacer adiciones al Código Penal para el estado de Zacatecas en el artículo 231 que actualmente estipula que a quienes sin consentimiento de una persona y sin propósito de llegar a la cópula, actúa en ella un acto sexual o la obligan a ejercerlo, se le impondrá una sanción de dos a cinco años de prisión y multas de 50 a 100 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA).
Con la modificación, se propone que la pena por este delito aumente de seis a ocho años de prisión y si la penetración sin preservativo resultara en embarazo de la víctima, el agresor deberá ineludiblemente garantizar y cubrir con los costos que deriven la atención médica para hacer valer el derecho a la interrupción legal del embarazo. De no hacerlo, la penalidad aumentará tres años más.
En cuanto a las reformas a la Ley de Salud, se propone adicionar que se establezca el derecho a la salud sexual y reproductiva para las mujeres, y que el Estado garantice la prevención y atención del embarazo infantil y adolescente, y la violencia sexual contra niñas y mujeres bajo el estricto cumplimiento de las disposiciones internacionales en la materia; así como que se hagan válidos el respeto, la protección y promoción de los derechos sexuales y reproductivos para una educación política de planificación familiar desde una perspectiva integral de salud y de género.
Igualmente, con la modificación a dicha ley, se busca que los prestadores de servicio del Sistema Estatal de Salud presten atención expedita a las mujeres embarazadas que habiendo sido víctimas de cualquier forma de violencia sexual, no deseen continuar con el embarazo. Estas, señaló la diputada, son sólo algunas de las adiciones que se pretenden con su aprobación, dijo, se estaría contribuyendo al bienestar y justicia para las mujeres de todas las edades en Zacatecas.
Una iniciativa para mujeres
en edad reproductiva: Muñoz
A la práctica del stealthing, expuso la activista y abogada Mara Muñoz Galván se le da en la reforma una penalidad más alta porque si bien no es una violación, ya que hay consentimiento para la penetración, sí puede traer las consecuencias de una violación, de ahí que la penalidad sea doble, entre seis y ocho años, lo que significa también, que no alcanza los beneficios de la suspensión condicional del proceso a prueba. Es decir que las personas que cometan este hecho de violencia sexual tendrán que llevar el proceso hasta su sentencia.
Asimismo, explicó que se busca reformar la Ley de Salud en el estado de Zacatecas porque no se gana nada en penalizar conductas si no se atiende también el ámbito de la prevención, además porque dicha ley tiene un atraso “vergonzoso”, pues ni siquiera habla de violencia de género, ni de educación sexual como derecho y obligación de las instituciones de salud; tampoco de la obligación de funcionarios públicos del sistema de Salud para respetar el derecho a la interrupción legal del embarazo conforme a la Norma 046 que estípula que es un derecho cuando se es víctima de violación.
“No podemos olvidar que en este país cada 4 minutos ocurre una violación. Son cifras verdaderamente alarmantes las que refieren a la violencia sexual contra mujeres y niñas en México; y no podemos olvidar que es en el cuerpo en donde existe el primer y principal impedimento para el ejercicio de los derechos humanos, no se puede hablar de un ejercicio de derechos humanos, si no hablamos del pleno dominio sobre las decisiones en lo que respecta al cuerpo, y este es un paso muy importante”, aseveró la activista.
Muñoz Galván informó que en Estados Unidos, España y Costa Rica ya se persigue este delito como tal, mientras que en México se discute en la capital del país y en el estado de Nuevo León, por lo que no se puede quedar a la saga en la protección de los derechos sexuales reproductivos y evitar que existan más embarazos no deseados, porque además en el país no se garantiza el derecho a la interrupción ilegal del embarazo. Por eso, recalcó, se tienen que tomar medidas preventivas, educación sexual y castigar las conductas que obstaculicen los derechos de las mujeres y niñas.
“Esta es una iniciativa sobre todo para las mujeres en edad reproductiva. Es una iniciativa sobre todo para las mujeres adolescentes porque son ellas las más afectadas por la violencia sexual, pero por supuesto corresponde este derecho a todas las mujeres sin distinción”, señaló Mara Muñoz.
Finalmente, explicó que las pruebas para comprobar este delito es en primera instancia el dicho de la víctima, que en caso de violencia sexual es prueba preponderante, pero se pueden concatenar las pruebas y armar carpetas de investigación con peritajes médicos y peritajes psicológicos: en el primero, se puede saber con precisión cuando fue el acto por las lesiones; y en el segundo, mediante el comportamiento de la víctima y datos que comprueben que se afectó su proyecto de vida. Aunque puede haber testigos también, que son aquellas personas a las que la víctima les cuente lo que pasó.
