Bucaramanga. Los colombianos se manifestaban el miércoles por octavo día consecutivo en las principales ciudades del país en reclamo del cese del abuso policial y la implementación de políticas sociales que ayuden a la población en medio de la crisis económica derivada de la pandemia.
Las manifestaciones continúan pese a que el presidente Iván Duque retiró la reforma tributaria, la razón por la que se convocaron las primeras protestas el 28 de abril, y propuso instalar un espacio de diálogo con la ciudadanía y los diferentes sectores políticos.
“Qué clase de voluntad de diálogo es cuando no se garantiza el derecho a la protesta pacífica. Quién le va a creer (al presidente) cuando no ha tomado la decisión de desmilitarizar las ciudades colombianas, cuando salimos a marchar y lo primero que pasa es que llegan a reprimirnos”, dijo a The Associated Press la líder estudiantil Jennifer Pedraza, quien se manifestaba en las calles del centro de Bogotá.
Las manifestaciones se dan en medio de preocupantes denuncias sobre violaciones a los derechos humanos: según la Defensoría del Pueblo desde el 28 de abril se han reportado 19 personas fallecidas, entre ellas un policía, y 85 personas desaparecidas. De acuerdo con el Ministerio de Defensa hay 846 personas lesionadas, 540 policías y 306 civiles.
Las cifras podrían ser mayores según la organización no gubernamental Temblores, que documenta los abusos policiales en el país y contabilizó 31 muertos, 1.443 casos de violencia policial y 10 casos de presunto abuso sexual.
La noche del martes se registraron desmanes en Bogotá. Según la alcaldía, la estela de violencia dejó 30 civiles y 16 policías heridos, ninguno por arma de fuego. Además, fueron vandalizados 19 Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la policía, tres fueron incinerados y en uno de ellos, ubicado en el sur de la ciudad, “intentaron quemar vivos a 10 uniformados” que se encontraban en su interior.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le pidió al ejército custodiar los centros carcelarios para que los policías patrullen las calles, una medida que ha sido criticada por sus opositores y líderes de las marchas por considerar que es una “militarización” de la ciudad.
“Quiero hacerle un llamado a la ciudadanía… la noche de hoy ha demostrado que ninguno de los convocantes tiene capacidad de garantizar que la protesta culminará pacíficamente. Entre más choque haya por vandalismo con el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) y la policía más probabilidad tenemos de que pueda haber abuso o que ciudadanos puedan terminar heridos”, advirtió López la madrugada del miércoles en una declaración oficial en la que también informó que habrá 22 comisiones verificadoras de derechos humanos en las protestas sociales.
La comunidad internacional ha hecho un llamado al gobierno colombiano para que se garantice el derecho a la protesta, ha condenado los actos de violencia e instado al diálogo.
