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viernes, 29 marzo, 2024
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Los OCA: importancia y oportunidad

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Por: Carlos Eduardo Torres Muñoz •

Una de las facetas menos exploradas del conocido proceso de transición política en nuestro país, es la transformación del Estado mexicano, a partir de un tránsito desde una concepción legalista, a una más amplia, mucho mejor estructurada y más democrática, que es la del paradigma constitucional. Recientemente, y conforme se aproxima el décimo aniversario de la promulgación de la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011, se ha expuesto mucho sobre estos cambios jurídicos e institucionales, sin que se le rinda tributo al antecedente, que desde mi perspectiva, es inherente al proceso de cambio constitucional en nuestro país: la transición institucional iniciada en 1977 con la reforma de Reyes Heroles en materia electoral, que abrió el camino, no solo a lo que década y media después llegaría a ser el Instituto Federal Electoral, sino también la ampliación de la representación proporcional, las reformas y adecuaciones al sistema político, comenzando por el Poder Legislativo, y finalmente los antecedentes de lo que hoy conocemos como los organismos constitucionales autónomos, y que comenzaron con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Banco de México, entre otros iniciales, hasta llegar a todos los que hoy gravitan junto a los poderes constituidos tradicionalmente (legislativo, judicial y ejecutivo). Fue también la reforma del poder ejecutivo, que en aras de su democratización y descentralización de su poder, fue cediendo facultades, atribuciones y obligaciones a los recién nacidos órganos .

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El nacimiento, primero, de los órganos constitucionales autónomos, obedeció a una evolución inobjetable del constitucionalismo mexicano, al adoptar una figura que permitiera descansar ciertos asuntos estratégicas del Estado en instituciones que no dependieran orgánica ni políticamente, de ningún Poder tradicionalmente constituido. El resultado ha sido una mejora sustancial en las materias encargadas a dichos organismos. En esa misma lógica se pensó y constituyó lo que hoy se conoce como el Sistema Nacional Anticorrupción, que, a su vez, se replicó en las entidades federativas.

Éstos, sin embargo, no son ajenos a las problemáticas y fenómenos derivados de su naturaleza burocrática, de poder y vocación técnica sobre la política. Por ello, el debate sobre el actuar del Instituto Nacional Electoral, el propio Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, más los que se agreguen, es una oportunidad para su mejora, su fortalecimiento y para recordar que, la autonomía no significa encontrarse librados de un sano y exigible ejercicio de rendición de cuentas y deliberación pública continúa sobre sus decisiones, que son por naturaleza propia, públicas. Su nacimiento mismo obedeció, en todo momento, a la presión, al activismo, a la participación e incidencia de diversos grupos y sectores desde la sociedad y por ello, la apertura acompaña su origen, desarrollo y existencia misma.

Por lo mismo, ahora esta oportunidad no debe ser desaprovechada, y sus determinaciones deben ser un recordatorio, para tirios y troyanos, primero, de la importancia que tienen en la vida pública mexicana, pero también de que el debate, el análisis y la transparencia, en un ejercicio ejemplar de rendición de cuentas, en estas instituciones, abonan mucho a la conquista de un pleno Estado de Derecho y no cualquier Estado, sino el de un Estado Abierto.

Los organismos constitucionales autónomos (OCAS) son importantes, como importante es que rindan cuentas con apertura y transparencia.

@CarlosETorres_

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