Según la revista Nexos del mes de octubre, frente a la crisis ocasionada por la pandemia, las entidades federativas pusieron en marcha 629 acciones, políticas o instrumentos para hacer frente a la misma. 629 decisiones públicas tan disímbolas como la creatividad y las capacidades humanas e institucionales permitieron a los estados. Desde el inicio de la actual administración nacional, el federalismo ha venido evidenciando sus fallas, que durante décadas fueron sorteadas a través del pacto político existente, sea en la etapa anterior a la alternancia panista o los ajustes que, con apoyo del presupuesto y excedentes petroleros, se dieron durante los doce años de Fox y Calderón; o bien en los arreglos surgidos entre las fuerzas que firmaron el Pacto por México en 2012. La llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento, que le dio mayoría en ambas cámaras, así como una presencia mayoritaria en las legislaturas locales, le ha permitido ejercer una política de centralismo mucho más pronunciada y evidente, justificada en los defectos de las anteriores: la opacidad, los acuerdos políticos sobre las demandas sociales, la negociación política por sobre la construcción de gobernanza. Más allá de evaluar las razones y la legitimidad que esta política ha traído consigo, es interesante atender cómo, con el cambio político, el federalismo comenzó a crujir, en términos del académico del CIDE, Guillermo Cejudo.
Llegamos al punto de un público forcejeo entre gobernadores que pretenden un replanteamiento del pacto federal, particularmente en la cláusula fiscal, pero que no puede dejar en ello tampoco, la parte política y aún más la institucional, incluyendo el diseño jurídico-constitucional que hoy prevalece. La así llamada Alianza Federalista, un grupo de gobernadores fuertes tanto en sus entidades como poderosos por los estados que representan y su importancia en la producción, en la política, la geografía y la demografía, ha puesto algunos temas en la agenda para el debate; y aunque quizá no es el momento propicio para una reforma de tal envergadura, dado que en medio de una crisis como la que enfrentamos, llevaría a reacomodos y generaría un laboratorio de buenas propuestas, cuyo impacto no necesariamente será positivo ni funcional al primer intento, esta propuesta no debe echarse en saco roto con la imperante necesidad para hoy y mañana: la reformulación del pacto fiscal, sí, pero también el del marco jurídico-institucional para la competencia y coordinación en distintas materias, por ejemplo, en la propia recaudación, en educación, salud y pensiones; pero también en seguridad pública.
El estudio de Federalismo en covid, compartido por David Gómez Álvarez y Damián Lugo deja en evidencia las diferencias y distancias entre capacidades institucionales en los gobiernos de los estados, la transparencia en sus políticas y medidas, así como la efectividad de éstas. Entre otras tareas que un replanteamiento del federalismo tiene en estos tiempos es que no solo persiga compensaciones presupuestales para conciliar diferencias políticas o calmar intereses de clases políticas locales, sino que construya un nuevo pacto que descanse en clave gobernanza, donde la construcción de capacidades ciudadanas tenga entre sus objetivos uno privilegiado, pero también, en un esfuerzo por construir calidad institucional en las administraciones públicas locales; los estados no han asumido, como tampoco la federación, un compromiso serio con materias en las que el diseño les permitía demostrar su interés y compromiso con temas como el combate a la corrupción (ahí esta el caso de los Sistemas Estatales Anticorrupción, pero también del Nacional). Entre los planteamientos que podrían generarse en un nuevo diseño del federalismo están el de una Ley General de Participación e Incidencia Ciudadana y una Ley General del Servicio Profesional de Carrera, que más allá de centralizar dichos temas, promueva la corresponsabilidad, la cooperación y la construcción conjunta de capacidades en la ciudadanía, la burocracia y las instituciones. Hay estados donde la experiencia y dichas capacidades están bien instaladas: vienen a mi mente la Ciudad de México y Jalisco, por ejemplo; pero también instituciones como los Colegios de México, de las Fronteras y el CIDE tanto en la propia capital como en su región Centro con sede en Aguascalientes, a partir de las cuáles podría colaborarse para dichas materias.
El federalismo necesita ser replanteado, ni duda cabe. Pero en esa mesa no debe haber solo asiento para lo que preocupa e interesa a los políticos; quedaría corto otra vez y no muy tarde tendríamos que volver a esa mesa, quizá sin el margen de oportunidad que provoca una crisis como la que vivimos y que requerirá de un ejercicio de cooperación, colaboración y corresponsabilidad como pocas veces en la historia. Replantear, modernizar y salvar el federalismo puede ser, entre otras tantas, una oportunidad más que nos deje esta crisis maldita. ■
@CarlosETorres_
