Una parte importante de los estudiosos de los sistemas democráticos coinciden en que fue hasta fines de los años 70, con la aprobación de la ley de partidos políticos y procesos electorales (LOPPPE), cuando las elecciones en México empezaron a adquirir características suficientes para considerarlas democráticas. Recordemos que el PRI admitió derrotas importantes hasta 1988, una gubernatura, y la Presidencia en 2000, con el PAN, pero la izquierda fue víctima de fraudes hasta que en 2018 Andrés Manuel López Obrador (AMLO) logró llegar a la Presidencia de la República. En un ejercicio autocrítico el PRI y el PAN tendrían que reconocer que la corrupción asociada al ejercicio del poder público, junto con la desigualdad y la pobreza, constituyen probablemente sus mayores promesas incumplidas, los problemas estructurales que sigue teniendo la democracia mexicana, y que pocas conductas afectan tanto a la convivencia democrática como lo hacen los actos de corrupción. Combatir sin tregua ese vicio es el mayor reto de AMLO y de Morena.
Organizaciones como Transparencia Internacional se desplieguen en todo el mundo para impulsar los valores de la transparencia y la rendición de cuentas, como la mejor forma de combatir este fenómeno y como uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta todo sistema democrático. Desde mi perspectiva, la corrupción asociada al ejercicio del poder público es incluso más grave y más dañina para nuestras naciones que la del sector privado, en tanto que traiciona los principios básicos de los gobiernos representativos: se magnifican sus consecuencias, se distorsiona el crecimiento económico y la obra pública, se merma la eficacia de los servicios que debe prestar el Estado, se vulnera la correcta impartición de justicia y con ello se afecta el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y las expectativas de la comunidad sobre el desempeño de sus autoridades.
Tanto en declaraciones como en leyes y reglamentos el Instituto Nacional Electoral está comprometido con la lucha contra la corrupción y al impulso de la rendición de cuentas. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba V., ha señalado recientemente: “convencidos de la importancia de generar sinergias entre distintas instituciones del Estado para combatir la corrupción en la política, hemos suscrito convenios de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y múltiples convenios con instituciones financieras del país, precisamente para propiciar la rendición de cuentas”. Por ello hay que celebrar que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y el INE hayan refrendado hace pocas semanas, una nueva Carta de Intención para la continuidad de la colaboración del trabajo conjunto entre ambas instancias, reiterar el compromiso del INE con el acompañamiento ciudadano en las elecciones y contribuye a generar insumos que eleven el contexto de exigencia en dos sentidos: uno, sobre el desempeño de la autoridad electoral y de los actores de las contiendas y otro, en el seguimiento a la información que se suma a otras instituciones para contribuir al combate a la corrupción.
Como se ve, el combate a la corrupción no es un fenómeno que pueda ejercer una sola autoridad del Estado, es la sinergia entre distintas autoridades en sus respetivos ámbitos de competencia lo que permite que el combate a la corrupción sea eficaz. No obstante lo anterior, es la movilización social, sus denuncias y exigencias, lo único que garantizará elevar el contexto de exigencia respecto del INE, pero también respecto de las otras autoridades que tiene la responsabilidad de continuar indagatorias y eventualmente fincar responsabilidades. Ya no es admisible que los delitos electorales queden impunes ni, lo que evidentemente es peor, que servidores públicos que han entregado malas cuentas se conviertan en candidatos porque alguna autoridad no hizo su trabajo.
En 2021 no se pondrá a prueba el modelo electoral, ni la capacidad técnica del INE, del Tribunal Electoral o de los OPLE, para organizar con legalidad, imparcialidad y transparencia una elección en la que se renovarán más de 21 mil cargos públicos en todo el país. Desde mi punto de vista el mayor desafío que enfrentaremos en el 2021 tiene que ver con los problemas estructurales de una oceánica pobreza y desigualad, con una inseguridad que parece no tener frenos, la intolerancia a la crítica y el descontento de la sociedad con los partidos y con la clase política y, por supuesto, los efectos disruptivos en términos sociales y económicos de la pandemia.
En tal sentido, considero que elevar el contexto de exigencia de los partidos y actores políticos, pero también, a las autoridades electorales y jurisdiccionales, para inhibir, impedir y sancionar cualquier acto de corrupción es una contribución muy importante para la recreación de nuestra democracia. La colaboración de las instituciones para acabar con la corrupción debe generar sinergias poderosas. ■
