■ 132 pertenecen al gobierno anterior y solamente 18 al actual
■ Destacan los involucrados en la ‘Estafa Maestra’: Gabriela Alejandra Rodríguez Rodríguez
A la fecha, la Secretaría de la Función Pública (SFP) cuenta con un total de 150 servidores públicos sancionados, de los cuales 132 pertenecen al gobierno anterior y tan sólo 18 al actual, entre los que destacan involucrados en la ‘Estafa Maestra’ y cuyas sanciones van desde amonestaciones privadas, públicas, suspensión o inhabilitación temporal de acuerdo a la gravedad de las faltas, que puede ir de uno hasta 10 años, informó en el marco de su comparecencia por la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, la titular de la dependencia Gabriela Alejandra Rodríguez Rodríguez.
En una jornada más de comparecencias, ayer la secretaria de la Función Pública expuso ante diputados de la comisión correspondiente, el trabajo realizado en el último año, así como los resultados obtenidos y los que retos que el organismo enfrenta, además de las causas que abanderará con miras al cierre del ejercicio gubernamental.
El quehacer de la SFP, expuso Gabriela Rodríguez en su participación inicial, se encuentra en el Eje 1 del Plan Estatal de Desarrollo, específicamente en cuatro metas: Gestión Pública Basada en Resultados; Gobernanza Electrónica; Transparencia y Rendición de Cuentas; y Combate a la Corrupción.
Por lo que respecta a la primera meta, la funcionaria informó que la secretaría que encabeza, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y la Coordinación Estatal de Planeación, se puso en marcha el Sistema Estatal de Evaluación, un mecanismo interinstitucional de consulta, liberación y recomendación colegiada de las dependencias que tiene como funciones monitorear, seguir y evaluar las políticas públicas y los programas implementados por gobierno del estado.
Para el año 2019, dijo, se concluyeron un total de seis evaluaciones, de las cuales cinco fueron a Fondos y una a un programa específico. Del resultado que arrojan estas evaluaciones, resaltan 25 aspectos susceptibles de mejora para que las dependencias apliquen en sus programas de acción. Asimismo, dentro del programa anual 2020, se consideraron siete evaluaciones a programas; tres de consistencia y resultados, uno de diseño y otras tres de carácter participativo.
En cuanto a gobernanza electrónica, Rodríguez Rodríguez dio a conocer que la SFP ha invertido 1.2 millones de pesos en sistemas de información con el fin de consolidar la firma electrónica avanzada en los trámites y procesos gubernamentales, aunque también para que este mecanismo facilite trámites burocráticos como la generación de no adeudos fiscales de la Secretaría de Finanzas.
Asimismo, se informó que a partir del nacimiento el programa estatal 2×1, en conjunto con municipios y clubes de zacatecanos migrantes, se desarrolló el portal que permite dar seguimiento a las obras en proceso y las concluidas, incluyendo la supervisión que realiza la SFP, y que además permite a los beneficiarios y a las asociaciones civiles, constatar el uso de los recursos y la inversión.
En cuanto a la meta Transparencia y Rendición de Cuentas, se cumplió con el 99.19 por ciento de la verificación de cumplimiento de obligaciones de transparencia que realiza el IZAI, lo cual refleja el compromiso del gobierno con la transparencia. En este sentido, la funcionaria precisó que la SFP mantiene un trato directo con las unidades de transparencia de todas las dependencias para brindar información abierta y accesible a la ciudadanía.
Con respecto al Combate a la Corrupción, Gabriela Rodríguez Rodríguez, informó que el pasado 9 de septiembre se firmó un convenio entre la SFP y la ASE con el fin de intercambiar información, homologar procesos y evitar duplicidades. Con esto, aseguró, se va a garantizar que ambas instancias realicen una fiscalización más amplia y con certeza jurídica para los entes auditados.
En este sentido, dio a conocer que la SFP inició este año con 23 auditorías, de las cuales 20 fueron directas a dependencias del Poder Ejecutivo y tres para ayuntamientos involucrados en programas estatales. Entre estos 23 ejercicios, informó, destacan los programas de empleos temporales, de registro de identificación de población, el de autoproducción de alimentos y uno de adquisición de ambulancias, entre otros.
También existen avances en materia de supervisión y auditoría de la obra pública, pues en el período que compete, se han realizado un total de 313 visitas de supervisión a obras, acciones y proyectos productivos del programa 2×1. En cuanto al programa general, la SFP acompaña los procesos de construcción para velar por la calidad de las obras y la aplicación correcta de los recursos, llevando hasta el momento, mil 400 visitas de supervisión.
Por lo que refiere a los procedimientos de responsabilidades administrativas, en lo que va de la presente administración, Gabriela Rodríguez informó que se han iniciado un total de 82 procedimientos con fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los cuales se han instaurado en contra de 147 servidores públicos y cuatro particulares. De estos asuntos, 51 han sido calificados como faltas graves y 31 como no graves, y se para enero de 2021, se tiene la meta de cumplir con todos los procedimientos que se están siguiendo con base en dicha ley.
“En la Secretaría de la Función Pública, tengan certeza de que actuamos con estricto apego a la ley y con eso garantizamos las mejores condiciones para que las y los servidores públicos, así como la ciudadanía, tengamos procedimientos de calidad y con ello abatir la impunidad que impera”, concluyó.
Cuestionan diputados
sobre Proyecto Milpillas
En la ronda de cuestionamientos, la diputada por Morena, Alma Dávila Luévano, cuestionó por el estado que guarda la investigación sobre el Proyecto Milpillas y qué sanciones habrá, además de las garantías de actuar de manera imparcial por parte de la titular de la SFP con las irregularidades de este caso.
Por su parte, el legislador Edgar Viramontes Cárdenas hizo referencia a la eliminación de fideicomisos y tras mencionar que el argumento dado por las autoridades federales para eliminar estas partidas ha sido el de la corrupción, le preguntó a la funcionaria si en el Programa 3×1 o actualmente 2×1 se han detectado actos irregulares.
En su momento, el diputado Héctor Menchaca cuestionó cómo van las investigaciones y, en su caso, las sanciones en contra de los responsables de muchas de las anomalías cometidas durante el sexenio pasado, no sólo en cuestión de adquisiciones y compras sino también de obra pública con proyectos como el del Centro Cultural Toma de Zacatecas y la nueva presidencia municipal de Fresnillo.
Antes de concluir las preguntas, el diputado presidente de la comisión legislativa, Adolfo Zamarripa Sandoval, cuestionó cuántos servidores públicos han sido sancionados, cuántas investigaciones ha iniciado este gobierno actual y cuántas de ellas se han derivado de denuncias ciudadanas. Igualmente cuestionó cuál es la estrategia para evitar que se usen los recursos y la estructura del Gobierno estatal en el proceso electoral de 2021.
En sus respuestas, Gabriela Rodríguez Rodríguez informó con respecto al Proyecto Milpillas, que independientemente de los procesos de auditoría que presentó la ASE y la ASF, la dependencia que encabeza tiene radicados dos procedimientos de revisión, los cuales están siendo investigados para determinar si existieron o no faltas administrativas y de qué tipo son, pero hasta que no se tenga la resolución final, dijo no se podrá saber qué tipo de sanciones se les aplicará a los servidores públicos y particulares involucrados.
En cuanto a los hechos de corrupción los Fideicomisos y el programa 2×1, consideró que la generalización no es una estrategia fiable en el combate de la corrupción, por lo que se tendría que analizar caso por caso, pero en el que respecta al de las obras del 2×1 no se han encontrado hechos de corrupción, salvo errores administrativos, pero no un mal uso de los recursos.
En referencia a las investigaciones y sanciones del gobierno anterior, la funcionaria dio cuenta de que se tienen expedientes abiertos y ya han sido sancionados servidores públicos que pertenecieron a la administración pasada. A la fecha, dijo, la SFP cuenta con un total de 150 servidores públicos sancionados, algunos de ellos ya con sentencias firmes, y las resoluciones van desde amonestaciones públicas hasta la inhabilitación hasta por 10 años. Entre éstos, informó, se encuentran funcionarios involucrados con la ‘Estafa Maestra’.
Finalmente, en materia de blindaje electoral se planteó una estrategia preventiva, la cual consistirá en la elaboración de una Guía del Servidor Público, una carta compromiso de los titulares de las dependencias, una campaña de difusión, y se trabajará en coordinación con la Secretaría de Administración para la implementación de horarios laborales determinados; además del resguardo de los bienes inmuebles y vehículos oficiales el día de la jornada electoral.
