El mayor proyecto de infraestructura del estado de Zacatecas que estaba marcado para convertirse en el signo distintivo del actual gobierno, terminó en un estridente fracaso. Proyecto que tenía una justificación poderosa porque pretendía resolver el problema estructural del abasto de agua potable de la zona metropolitana de la entidad que reúne 7 municipios: Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe, Calera, Enrique Estrada, Morelos y Vetagrande. Nadie duda que la pretensión era un poderoso motivo para impulsar ese proyecto. Sin embargo, acabó en ruidosa decepción. Lo cual será un signo del quinquenio.
Desde el 2018 se asomó el obstáculo más importante al proyecto: la desconfianza de muchos actores territoriales al mismo. Para detener o disolver el obstáculo era necesario una fina operación política de la Secretaría General de Gobierno yendo al territorio, gestionando con los 20 ejidatarios opositores, eliminando desde el inicio la enorme desinformación que había fuera y dentro del ejido El Potrero del municipio de Jiménez del Teul y dando garantías de veracidad de lo que se decía. En una palabra: trabajando para lograr la confianza de todos los actores del territorio. Sin embargo, ignorando el A-B-C más elemental de intervención social, se contrata a una empresa ‘para lograr los permisos’ y los responsables gubernamentales del proyecto se ausentan del lugar. La desconfianza se afianzó. ¿Por qué gobierno del estado actúo con tan enorme torpeza? ¿Se trató de una pura incompetencia o hay otra razón para explicarlo?
Por lo que estamos viendo, ahora que sale a la luz la información de la ASE, parece que no se trataba de simple ignorancia o ineptitud. Si se observan los costos de los componentes del proyecto, tendremos una hipótesis más cercana a la realidad: un diagnóstico técnico que costó más de 12 millones de pesos, pago de gestiones para lograr acuerdos con los ejidatarios de 4 millones o los 21 millones que están reclamando justificación por parte de la ASE. Esto es, erogaciones millonarias para trabajos que podían hacer las propias dependencias gubernamentales. Al sacar del juego de la operación del proyecto a las instancias de gobierno para contratar despachos externos por sumas millonarias, se destinó (fatalmente) al fracaso al propio proyecto. La ambición de la posible corrupción impidió el manejo adecuado del conflicto que llevó a la muerte a la llamada ‘presa milpillas’. El monto de 5 mil 700 millones totales de obra, desbordó la presa de las ambiciones que terminó por ahogar el propio proyecto.
Ahora, es evidente que deben fincarse responsabilidades, a los implicados de la actual y anterior dirección de SAMA, pero también debe revisarse la extraña omisión de los funcionarios de la Secretaría de Gobierno (que tiene la responsabilidad del manejo de conflictos), la propia Jiapaz y la cabeza del Gobierno estatal. En suma, no se trata sólo de gigantesca incompetencia, sino de los móviles monetarios que los llevaron a tomar rutas perdidas. Es la oportunidad para que la Legislatura local haga una investigación pormenorizada y exhiba todo el proceso que llevó al desfiladero el mencionado proyecto, especialmente la corrupción.
