Miscelánea ¡Juicio popular!

Miscelánea ¡Juicio popular!

La justicia es como las
serpientes, sólo muerde
a los descalzos.
Eduardo Galeano.

“A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”, frase muy cristiana que separa las acciones que a Dios se deben, respecto de aquellas que los hombres están obligados para con sus gobiernos y gobernantes. Va muy de la mano de la respuesta de Jesús cuando los abogados de la iglesia le cuestionan si es hijo de Dios: “Tú lo has dicho”, contestó; cuando un sí implicaba la comisión de un delito contra la Iglesia y cuando un no significaba un delito contra el Estado Romano.

¿Por qué hago esta cita? Porque en el tema del juicio a los gobernantes desde Carlos Salinas hasta Peña Nieto, pasando por Zedillo, Fox y Calderón; sus muchas acciones delictivas y en los casos de Salinas y Calderón además usurpación de la Presidencia de la República; se hace necesario distinguir entre el procedimiento penal al que está obligado el Estado sin necesidad de “consulta pública”, por tratarse de delitos que se persiguen de oficio y “los reclamos”, “la justicia” a que el pueblo tiene derecho ante tantos agravios de esos cinco sexenios cargados de corrupción, genocidio y despojo de los bienes de la Nación.

El Gobierno de López Obrador, está obligado legalmente a hacer su parte por conducto de “su” Fiscalía General de la República (que eso de la autonomía es mera ficción jurídica): La integración de las carpetas de investigación en contra de los cinco ex presidentes por los delitos que se han venido denunciando y por aquellos ilícitos que en el transcurso de las investigaciones resulten además y, En el momento procesal oportuno el ejercicio de la acción penal ante el juez de instrucción.

Es obvio que varias conductas delictuosas habrán prescrito por el simple transcurso del tiempo, sobre todo aquellas realizadas por Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.

Y en estos casos, cuando los órganos de procuración y los de administración de justicia establecidos no tienen alcance legal para sancionar a quien la prescripción garantiza impunidad, es que va aparejado el derecho de los pueblos a la aplicación de su “justicia popular”. Derecho legítimo de la gente para inducir el implacable “JUICIO DE LA HISTORIA”. Derecho imprescriptible.

El derecho inherente de un pueblo agraviado, independientemente de la justicia que el Estado haga dentro de sus cauces legales, es la ELIMINACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS USURPADORES, TRAIDORES, SAQUEADORES Y CORRUPTOS que nos desgobernaron desde 1998 hasta 2018, de todas las calles, callejones, plazas y cualquier vía pública en general.

Menos de los libros de historia, que enseñen, que muestren a los niños de México y del mundo la “verdad verdadera” de los cinco rufianes que desgobernaron y saquearon a nuestro país. “Si no los despeina el viento, los va a despeinar la historia”, nos dice Mario Benedetti.

Se torna caso urgente además, como una medida educativa para la formación de congruencia en los gobernados, sobre todo en los menores de edad: El niño se informa que un Carlos Salinas y un Felipe Calderón usurparon la Presidencia de la República, que estos no ganaron en el proceso electoral y que acudieron a las instancias del poder político establecido para hacerse del “cargo” que les fue negado por los mexicanos votantes.

“Haiga sido como haiga sido”, es la frase del cinismo. Y sin embargo mira confundido la placa con el nombre del usurpador. No encuentra respuesta, aunque sí mayor confusión.

“Calle Ernesto Zedillo”, antes del ferrocarril. El detalle histórico le enseña al niño que un tal Ernesto Zedillo “vendió” la empresa del Estado llamada “Ferrocarriles Nacionales de México” y que hoy es accionista de las filiales en los Estados Unidos de Norteamérica.

El ciudadano se entera por los medios que la delincuencia organizada sigue operando en algunos estados cada vez con mayor fuerza y que durante el gobierno de Felipe Calderón ingresaron a nuestro país, más de 200 mil armas de asalto provenientes de los Estados Unidos y repartidas entre grupos delincuenciales a través de la operación “Rápido y Furioso”.

El llamado Plan Mérida fue la autorización: armas de asalto para los delincuentes y millones de dólares para Calderón.

La frivolidad en el arte de gobernar fue representativa del desgobierno de Peña Nieto: Corrupción al más alto nivel fue el distintivo.

“Si mal gobernares tuya es la culpa y nuestra la vergüenza”, se dice en “El Quijote”.

El juicio popular tiene su antecedente que nos comenta Don Jesús Romero Flores en “Iturbide pro y contra”, que nos habla sobre los debates que se dieron en el Congreso Federal, con motivo de la cancelación del nombre de Agustín de Iturbide de las paredes del recinto legislativo. Se determinó y se hizo. Las letras en oro con el nombre de Iturbide fueron eliminadas.

Debe proceder la Legislatura Federal. Deben proceder las legislaturas de los Estados o los Cabildos de los municipios: ¡SUPRESIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ÚLTIMOS CINCO EXPRESIDENTES, DE CUALQUIER LUGAR PÚBLICO!

EL CAMBIO POR NOMBRES DECENTES, diría mi padre…

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