- Colectivas feministas y de defensa de derechos humanos exigieron justicia en el caso de la menor agredida el pasado 3 de abril
- Exhortaron al Ejecutivo estatal a dar protección a todos los involucrados en la causa legal y social, incluyendo, así, a la abogada Mara Muñoz, quien decidió su revocación voluntaria como asesora legal de la defensa debido a que la madre de la víctima no quiso hacer más público el caso, derivado de “actos de intimidación”
- Durante la pandemia de Covid-19, se ha dado un incremento de 70% en la petición de asilo en albergues para mujeres, así como de 44% en llamadas al 911 por delitos de esta índole: integrante del Consejo Nacional de Niñas y Niños en México
Colectivas feministas y de defensa de derechos humanos de reconocimiento nacional exigieron que se haga justicia en el caso de la menor violada el pasado 3 de abril en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, definiendo como preocupante la situación de indefensión en la que se encuentra la niña tras la revocación voluntaria de Mara Muñoz como asesora legal de la defensa.
Asimismo, exhortaron al Ejecutivo estatal a dar protección a todas las personas involucradas en la causa legal y social, es decir, a la víctima, la abogada y a sus respectivas familias.
En la conferencia virtual, Muñoz aclaró que fue ella quien solicitó la revocación luego de que la madre de la víctima pidiera que el caso dejara de manejarse en lo público, sin embargo, al ser víctimas de amenazas, la feminista sostuvo que era conveniente hacerlo público, aminorando así las posiciones de que las agresiones se hicieran realidad.
A pesar de ya no estar a cargo de la defensa, Muñoz sostuvo mantener interés en que se hagan cumplir los derechos de la niña, por el interés superior de la niña a una vida digna, libre de violencia.
Alberto Athie, defensor contra violencia sexual de niñas y niños, intervino explicando que Muñoz es una persona con amplios conocimientos en la materia y que ha tenido un papel “importantísimo en el caso y el cumplimiento de la ley”, por lo que expresó su preocupación por la abogada, su familia y la niña.
Por su parte, Juan Martín Pérez, perteneciente a la Red sobre Derechos de Niñas y Niños y del Consejo Nacional de Niñas y Niños en México, catalogó como “especialmente preocupante” que se deje en indefensión a la niña, sobre todo considerando que durante la pandemia de Covid-19 se ha dado un incremento de 70 por ciento en la petición de asilo en albergues para mujeres, así como de 44 por ciento en llamadas al 911 por delitos de esta índole.
Además, castigó que las autoridades pretendieran “colocar esto como un conflicto entre familias”, pues señaló que “es peligroso, es violencia contra la niña”. Del mismo modo, sancionó la tendencia existente a criminalizar a la defensa y presionar a las familias para que desistan con dos argumentos: “1. si tu caso se hace visible, serás afectada; 2. Los grupos sociales sólo buscan visualización de sus movimientos”, ambos, falsos.
Se sumó al interés legítimo como acompañantes del caso para que la niña tenga acceso a la justicia y no sea revictimizada.
