■ El Izai organizó la conferencia magistral “El acceso a la información y las tecnologías como herramientas de investigación”
■ La UIF nació en mayo de 2004 con la idea de atacar delitos como el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, además de otros vinculados a éstos: Abdías Olguín Barrera
La coordinación y colaboración entre las instituciones es necesaria para generar medidas de prevención y ayudar de manera efectiva a atacar la corrupción, ya que en México, según organismos internacionales, aproximadamente el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) es producto de la corrupción, expuso en la conferencia magistral “El acceso a la información y las tecnologías como herramientas de investigación”, Abdías Olguín Barrera, director general de Análisis Estratégico de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno Federal.
Mediante una conferencia virtual, y convocado por el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Izai), el funcionario federal explicó la UIF está regulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que nació en mayo de 2004 con la idea de atacar delitos como el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, además de otros vinculados a estos, y generar medidas para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La UIF, detalló Olguín Barrera, rastrea transacciones inusuales o aquellas que se salen de los parámetros regulares que los bancos tienen. Y cuando se tiene una alerta de un sujeto obligado, el sistema del órgano regulador, genera datos que permiten identificar los indicadores para poder determinar si es un acto de corrupción o no. Una vez analizado de manera matemática, se toma la determinación de rastrear a los sujetos y formular las denuncias correspondientes para que intervenga la procuración de justicia.
Informó que el Gobierno Federal, mediante la UIF, ha emprendido el combate a la corrupción, al narcotráfico, al robo de hidrocarburos, a la trata y tráfico de personas y a las empresas fachadas, vertientes en las que mayormente se manifiesta este delito, porque se ocultan los datos, no se rinde cuentas ni se transparentan decisiones y por el contrario, se busca la opacidad porque se sabe que no son acciones lícitas o debidas.
Y es que la corrupción, dijo, son soluciones paralelas que toman los sujetos porque las instituciones no funcionan o no lo hacen como deberían hacerlo. De ahí pues que se convierta en un problema sistémico. Por lo que, si se genera un diagnóstico de estos actos, se puede comprender el fenómeno y tomar medidas de prevención y solamente así se podrá atacarla, porque hace daño a la sociedad.
De acuerdo con el funcionario, los costos de la corrupción son altos, pues organismos internacionales como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OEA han señalado para el caso de México que corresponde aproximadamente al 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir y de acuerdo con el Inegi, equivale a 12 mil 770 millones de pesos, por lo que consideró que se deben generar mecanismos para que este fenómeno no le sea tan rentable a quienes realizan dichos actos.
De ahí pues, señaló Olguín Barrera, la importancia de transparentar la información para la visibilidad de estos hechos y no se permite o se excepcione los actos de corrupción. En ese sentido, dijo, también es importante que los funcionarios públicos ajusten su actuar a parámetros de regularidad normativa, que rindan cuentas y no colaboran en andamiajes de corrupción, pues sólo así se podrá consolidar la democracia, aseguró.
Finalmente, informó que la UIF ha desarrollado al interior de las entidades federativas convenios que permiten facilitar el avance en dichos temas, a los cuales se les ha llamado Unidad de Inteligencia Patrimonial, a través de los cuales se permite buscar información de personas que tienen un indicador de lavado de dinero y corrupción.
En los estados, detalló, tienen bases de datos que pueden ser claves para determinar ciertos indicadores, por lo que la coordinación y colaboración entre las instituciones puede ayudar, de manera efectiva, a combatir esos actos de corrupción y, sobre todo, a transparentar las acciones, porque no todo el servicio público debe ser tildado como un ente corrupto o para favorecer estas actividades ilícitas.
