El memo de la nueva política energética

El memo de la nueva política energética
López Obrador en la refinería de Salamanca ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

Al presidente de la República se ve que le gusta gobernar sin formalismos. Acaba de trascender un nuevo memo suyo en el que comparte los lineamientos básicos de la nueva política energética. Lo envió a los órganos reguladores y operadores del sector y por su conducto les presentó una consulta, más que un requerimiento de información –dado el respeto que dice tener por su autonomía–.

Su consulta consiste en preguntar si nuestro marco jurídico permite fortalecer a Pemex y CFE a la luz de las directrices expuestas, o bien, obtener comentarios para tomarlos en cuenta a fin de presentar una iniciativa de reforma constitucional en materia energética para recuperar el dominio de “la Nación” sobre sus recursos naturales.

Me imagino que al igual que lo sucedido el año pasado con su memo en torno a las medidas derivadas de la aplicación de la reforma educativa, existirán quienes critiquen las formas y quienes apunten al fondo de esta nueva política energética.

Por supuesto la mía no es una voz experta, me queda claro también que nadie me consultó, pero como tengo varias coincidencias fundamentales con el presidente, aprovecho para hacer públicos algunos comentarios que estimo deberían servir de guía en beneficio de las personas y comunidades que conformamos esta Nación.

No discuto el diagnóstico que tiene de los procesos de privatización neoliberales en detrimento de la población, me uno a la denuncia sobre la captura del gobierno para favorecer intereses empresariales violentos, excluyentes y extractivistas que nos han despojado de varias riquezas naturales y culturales, y hasta entiendo los perjuicios a las empresas producitvas del Estado que critica.

No obstante, ello, constato una vez más que a nuestro presidente le pasan desapercibidos múltiples derechos humanos que tenemos reconocidos en la Constitución de la República.
Se equivoca cuando sostiene que sus planteamientos sobre la nueva política energética encuentran respaldo en el voto democrático que le confiamos hace dos años.

Al menos yo que voté por la alternativa que hoy nos gobierna, nunca le hubiera dado mi respaldo a sus políticas públicas en esta materia. Contrario a su dicho, me parece que la citada política ignora nuevas realidades trascendentales.

No cabe duda de que la actual administración tiene por objetivo superior recuperar el pleno dominio público del petróleo y la industria eléctrica, pero no me convence que la única opción sea una de corte estatalista.

Si bien no me gusta que el gobierno esté capturado por intereses particulares, tampoco me agrada que los intereses nacionales los capture el gobierno en turno. Si de soberanía se trata, se deposita en el pueblo, pero en lo concerniente al manejo de recursos energéticos es muy sencillo aterrizar ese concepto del que tanto se abusa para postular que el mejor escenario es uno en el que las personas y pueblos aprovechan las fuentes de energía directamente, pero no cualesquiera, sino las renovables y sustentables.

Así como se requiere oposición a los proyectos privados de despojo, se necesita crítica y resistencia a la imposición de una sola visión estatalista de desarrollo, porque desconoce otras concepciones de desarrollos locales y sustentables, con énfasis en el acceso, uso y aprovechamiento de los recursos energéticos directamente por quienes integramos la Nación. Al mismo tiempo, ninguna idea de desarrollo es constitucionalmente posible si no preserva nuestro medio ambiente.

La apuesta por los combustibles fósiles es equivocada y jurídicamente inválida. En particular, el lineamiento 12 de la política del presidente es bastante preocupante. Las fuentes renovables de energía eléctrica tienen prioridad.

Si se quiere apoyar a la CFE debería darse un giro de 180 grados a sus proyectos, de modo que sumen a la transición energética o que sean acordes al objetivo 7.2 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, por poner ejemplos de compromisos palpables.

El límite de 46 por ciento en la generación de electricidad por plantas privadas, contenido en el lineamiento 16, convendría replantearlo para considerar la generación distribuida.

El Estado de Derecho que tenemos, no es de cualquier tipo, es uno constitucional. Lo más importante en él, en interés del pueblo, es respetar los derechos humanos. ■

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