Las imputaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) a Emilio Lozoya Austin se han enfocado prácticamente en dos rubros: Agronitrogenados y Odebrecht.
Sin embargo, han dejado fuera el tema de Fertinal que, como es de conocimiento público, fue presuntamente parte de ese daño patrimonial al Estado. ¿Olvido o conveniencia política?
Mathieu Tourliere, acucioso reportero de Proceso, documentó –cumpliendo con el rigor periodístico de veracidad– esta historia que tiene implicaciones legales.
Existen varios elementos que sustentan la participación de Lozoya en el caso Fertinal. Veamos.
Primero. Es conveniente recordar que la adquisición de Grupo Fertinal se llevó a cabo a lo largo del año 2015 y concluyó en enero de 2016. Durante este periodo Emilio Ricardo Lozoya Austin era director general de Pemex.
La empresa productora del Estado contrató dos créditos para obtener los recursos necesarios para la compra de Grupo Fertinal.
El quid del asunto no es que durante la gestión de Lozoya como director general de Pemex se concretó la compra de Fertinal, sino que se hizo al margen de la ley, como lo sostiene Martha Edith Rodríguez Costa, abogada general de Pemex, quien señaló textualmente el 5 de marzo de 2019:
“Los créditos se tramitaron y obtuvieron bajo la premisa de que Fertinal era solvente, cuando en opinión de los expertos técnicamente se encontraba en quiebra”, por lo que consideró que dichos créditos podrían constituir un delito.
Más todavía, la abogada general de Pemex apuntó que: “según opinión de los expertos, Fertinal se recibió con una producción inferior a 70% de la capacidad de diseño; un flujo mensual neto negativo de 12.2 millones de dólares americanos; capital de trabajo negativo de 30 millones de dólares americanos (frente a un requerimiento positivo de 30 millones de dólares americanos); y necesidades apremiantes de CAPEX”.
Segundo. La denuncia que hizo Pemex, donde involucra a Emilio Lozoya, no fue producto de generación espontánea. Se apoyó, además de sus propias investigaciones, en el reporte de auditoría previamente hecho público por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el que concluyó:
“La adquisición de Grupo Fertinal, S.A. de C.V., y subsidiarias (GP FER) no es un negocio rentable para Petróleos Mexicanos (Pemex)” y “la Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión autorizaron la compra de Grupo Fertinal, S.A. de C.V., y subsidiarias (GP FER), aun cuando en septiembre de 2015 un despacho externo realizó el due diligence financiero en el cual se determinó, entre otros cuestionamientos, que las revaluaciones de maquinaria realizadas en siete años parecían altas”: 690 millones de dólares; “asimismo, indicó que sin la revaluación, el capital contable de GP FER sería negativo”.
Y más adelante el reporte de la ASF señaló: “destaca el hecho de que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos tuvo conocimiento, en el periodo de compra, de las deficientes condiciones operativas y financieras de dichas empresas.
“Las consultoras Strategy& y Pricewaterhouse Coopers, S.C. (PwC), habían identificado que Fertinal, antes de ser adquirida, presentaba Rendimiento sobre capital (ROE) en niveles mínimos o por debajo de los comparables, situación que se debía a la baja rentabilidad de la empresa en los últimos años; mientras que para la de Pro Agro, la empresa consultora Booz & Co. estimaba que ‘la probabilidad de destruir valor económico era alta’, sin que lo anterior hubiera revertido la decisión de adquirirlas”.
Tercero. La compra de Fertinal se hizo a un altísimo sobreprecio en perjuicio del erario, donde presumiblemente hubo daño patrimonial al Estado, habida cuenta de que Pemex, con Lozoya como director general, compró Fertinal incluidos sus adeudos con Banco Azteca y Arrendadora Internacional Azteca, entre otros, según consta en el Memorándum de Entendimiento vinculante y el convenio de confidencialidad.
En efecto, el Consejo de Administración de Pemex aprobó –con voto en contra del doctor Carlos Elizondo Mayer– comprar Grupo Fertinal por 635 millones de dólares. El precio real de Fertinal se estimaba en 15 millones de dólares y eso sin descontar el costo de los créditos contraídos por Pemex para la adquisición de Fertinal, pero se compró por 203.4 millones de dólares (ASF 514-DE y 492-DE).
Y además para pagar los adeudos de Fertinal ¿casualmente? a Banco Azteca y Arrendadora Internacional Azteca que se hicieron anticipadamente (práctica que no es precisamente la común en el gobierno), Pemex contrató diversos créditos de los que obtuvo recursos para saldar el adeudo de referencia.
Cuarto. Como se puede concluir de lo expuesto en líneas anteriores existen claros indicios de presuntas afectaciones al Estado mexicano, de presuntos ilícitos y delitos.
Por ello, ¿cómo es posible que la Fiscalía General de la República haya dejado fuera los presuntos actos delictivos en los que pudo haber incurrido Lozoya en la compra de Fertinal? ¿La denuncia de hechos de la abogada general de Pemex y las conclusiones de la ASF no tuvieron valor alguno, como para ser ignoradas de plano por la FGR? ¿No es raro que raudo y veloz Lozoya, a cargo de Pemex, haya endeudado a la empresa estatal para pagar anticipadamente los adeudos de Fertinal a las empresas de Azteca que, como es entendible, no son ajenas a Ricardo Benjamín Salinas Pliego?
¿No cabe la posibilidad de que ese “olvido” de la FGR de judicializar el caso Fertinal fue precisamente por estar como parte de esta trama empresas relacionadas con Salinas Pliego o se debe pensar que se trató de una simple coincidencia y que no tuvo ningún trasfondo ajeno a derecho?
¿No se incurre con esta omisión hasta ahora en la privatización de los recursos del erario y en la socialización de las pérdidas que, de manera reiterada, el presidente López Obrador ha cuestionado que “no somos iguales” que los gobiernos anteriores?
Se ha dicho que cuando hay una extradición sólo se puede judicializar a la persona extraditada por los delitos claramente señalados por el país solicitante, pero hay que recordar que presumiblemente en este caso, Lozoya por su propia voluntad decidió acogerse a la jurisdicción mexicana, donde por tal virtud, puede ser imputado de los presuntos delitos en los que pudo haber incurrido sin tener que sujetarse a un universo predeterminado; pero hasta ahora la FGR ha guardado un silencio sobre Fertinal, que es de llamar la atención, por decir lo menos. ■
