Si hubiera justicia, varios ex directores del Issstezac estarían en la cárcel: Eduardo Dávila

■ Dice que al igual que los antes mencionados, ex integrantes de la Junta Directiva al menos deberían tener sanciones resarcitorias

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■ Señala que el documento de la ASE que contiene 32 observaciones se filtró y la actual dirección del Instituto ya las tiene; sólo debería contar con éstas la Legislatura

■ “Hay algo novedoso, la total falta de normatividad al interior del Issstezac”, advierte

Si hubiese justicia en la entidad, varios ex directores y ex integrantes de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) estarían en la cárcel o al menos tener sanciones resarcitorias, afirmó Jorge Eduardo Dávila Rangel, integrante del Movimiento de Bases en Defensa de este organismo.

Respecto a las observaciones que ha emitido la Auditoría Superior del Estado (ASE) al Issstezac, precisó que estas corresponden a un adelanto de la auditoría que se entregó a la Legislatura del estado, pues el documento final debe contener información sobre las finanzas y sanciones a los responsables.

Sin embargo, el documento que contiene 32 observaciones se filtró y la actual dirección del Instituto ya cuenta con ellas, cuando se supone que solamente la Legislatura debería tener conocimiento de este y realizar el proceso de análisis correspondiente.

No obstante, en las observaciones “hay algo novedoso: la total falta de normatividad al interior del Issstezac. Eso no lo teníamos previsto, pensábamos que todo estaba en regla, pero no. No hay un reglamento de visitadurías a los entes públicos para verificar nóminas y cumplimiento de pago de aportaciones. Eso es extraño porque se suponía que era parte del control administrativo y financiero del Instituto”.

“Todo lo que viene en cada una de las observaciones es motivo de una sanción administrativa e incluso de una denuncia penal, pero no se fincan responsabilidades. Entendemos que esas observaciones las adelanta la ASE al Congreso y a Marco Vinicio Flores, con la finalidad de que fueran avanzando en la solventación de esas observaciones administrativas” agregó.

Sin embargo, Dávila Rangel precisó que en el documento final de la auditoría, deberán fincar responsabilidades, porque en ese se incluirá el resultado de la auditoría en el ámbito financiero y no sólo administrativo.

Cuando se dé a conocer el resultado final de la auditoría, la normatividad establece que se deberá responder a las observaciones y señalamientos, y si no se solventan, entonces se procede a las sanciones, por lo que habrá qué esperar a conocer el documento completo y no sólo el avance que se ha dado a conocer, donde sólo contiene observaciones en el aspecto administrativo.

Manifestó entonces que el resultado final de la auditoría deberá incluir todos los actos de corrupción, como el hecho de que las autoridades nunca han hecho la aportación por concepto de vivienda, el cual representaría una cantidad de “miles de millones de pesos”.

“Es de suponerse que el documento final que la ASE entregue a la Legislatura, sí tendrá que incluir todas las observaciones y el plazo para solventar y a partir de ello fincar responsabilidades. El documento de observaciones es un avance que se entregó a la Legislatura con la finalidad de que vayan tomando medidas, pero no entendemos por qué no entregaron el definitivo”, expuso.

Dávila Rangel recordó que una parte de la auditoría, la financiera, fue realizada por un despacho externo, mientras que la ASE se hizo cargo de cuestiones administrativas, ello con el propósito de concluir el proceso en el periodo que se estableció.

“En años anteriores la auditoría completa la hacía la ASE, pero este año nosotros cuestionamos y pedimos datos concretos sobre el manejo del instituto a través de una auditoría externa en la que nos apoyó la diputada Alma Dávila. Entonces una parte quedó a cargo del despacho externo y la otra de la ASE”, agregó.

Recordó que las autoridades definieron que en mayo ya estaría lista la auditoría completa, pero ya es agosto y solamente se ha filtrado las observaciones correspondientes a cuestiones administrativas, pero “no sabemos si esté detenida por instrucciones del gobernador o no la han terminado”.

Aunque ahora se conocen las observaciones de la auditoría, debido a que se filtró un avance, consideró que no pueden iniciar con el trabajo de solventar debido a que “el gobierno quiere que los trabajadores seamos los que resolvamos”.

Dávila Rangel indicó que al interior del Instituto hay más de 930 trabajadores a quienes se les paga con las cuotas y aportaciones de los demás cotizantes que, sumado a los gastos de operación de hoteles y balnearios, se destina más de 550 millones de pesos cada año. La alternativa es que gobierno pagara la nómina de esos trabajadores y así no habría inconveniente para el pago de pensiones”.