La propuesta presentada por el gobierno, junto al Consejo Coordinador Empresarial y el sector obrero del país, para reformar el sistema de pensiones, plantea que la pensión aumentaría 40%, a través de mayores aportaciones que las realizaría sobre todo el sector patronal. Los empresarios condicionaron ese mayor aporte al hecho que los recursos de los fondos de pensiones sigan siendo administrados por las Afores, lo cual pasa a ser avalado por los líderes del Senado y de la Cámara de Diputados. De antemano, éstos desecharon la postura de varios legisladores que se han pronunciado porque la administración de tales recursos sea realizada por la Banca de Bienestar para impulsar la dinámica productiva y el empleo, y no se siga especulando con tales recursos en los mercados de capitales nacionales e internacionales como hasta ahora lo han hecho las Afores. Cuando dichos mercados crecen, ganan las Afores y no los trabajadores, y cuando los mercados financieros caen, pierden los trabajadores.
La propuesta plantea que en el transcurso de 12 años las aportaciones de los empresarios al sistema de pensiones pasen del 5.15% actual hasta 13.87%. Ello no va a significar que vayan a aumentar las pensiones en 40% para los trabajadores, pues no va a traducirse en mayores montos de inversión a dicho fondo, debido a que los empresarios registran a sus trabajadores en el IMSS con uno o dos salarios mínimos. Además, la Reforma no ataca los problemas que están detrás del bajo monto de las jubilaciones, como son los bajos salarios, así como por el reducido número de cotizantes al fondo de pensiones, así como la no canalización de los fondos de pensión a favor del sector productivo y del empleo.
Desde los años ochenta se ha reducido significativamente el número de cotizantes al sistema de pensiones y los que tienen derecho a jubilación, debido al aumento de la economía informal. Con la crisis se ha incrementado el desempleo y no se contempla nada en la Reforma para aumentar empleo formal, los salarios y el número de cotizantes. Solo indican que promoverán las incorporaciones de los trabajadores informales al sistema de ahorro para el retiro, pero el problema es que éstos no tienen empleo asegurado de forma de completar las semanas de cotización para ser sujetos a una pensión. Otro elemento que determina el monto de jubilación, es la estabilidad y los niveles de la rentabilidad que obtendrán los fondos de pensión. La propuesta del gobierno dice que habrá una “reforma al régimen de inversión de las Afores para diversificar riesgos y permitir la inversión en proyectos de inversión”, que señala lo mismo que la Iniciativa presentada por Hacienda en enero de 2019 donde se da amplias atribuciones a las Afores para que inviertan en los mercados de capitales internacionales. Se evidencia que seguirán las mismas prácticas que actúan a favor de las Afores y que no garantizan mejores pensiones.
La propuesta presentada por el gobierno, no ataca el alto nivel de informalidad. No presenta una política de desarrollo económico y de pleno empleo para así reducir la informalidad y aumentar el empleo formal, los salarios y el número de cotizantes para garantizar pensiones más dignas para todos. Implícitamente aceptan que continuará la economía informal y que la gran mayoría no alcanzará cotizar por 1250 semanas, por lo que disminuyen las semanas de cotización a 750 para que tengan acceso a la pensión garantizada. Con la crisis actual (que se prolongará, al no haber política que la contrarreste), menos condiciones habrá de aumentar el empleo formal y que los trabajadores alcancen 750 semanas de cotización, por lo que tampoco se logrará el propósito de incrementar la cobertura para la pensión garantizada de 34% a 82% de los trabajadores. Tal reducción de semanas de cotización, implica solo ampliar la política social de adultos mayores ahora a 60 años, siempre que hayan cotizado por 750 semanas. No es una política laboral y además no garantiza una pensión digna a los trabajadores, debido a que recibirían un salario mínimo, con el cual no cubren sus necesidades básicas.
Se puede aumentar los recursos al fondo de pensiones si aumentan los salarios, pues un 6.5% de aportación sobre 100 es 6.5 pesos, pero si el salario pasa a ser 200, lo que se aportaría a pensiones son 13 pesos. Sin embargo, los empresarios no proceden a aumentar salarios y se ven bien con ignorantes, al decir que aumentarán su contribución del 5.15% al 13%, pero es sobre un bajo salario mínimo, y eso les sale más barato que aumentar salarios.
Se señala que la propuesta buscará aumentar de manera sustancial el nivel de ahorro del país y disminuir la presión sobre las finanzas públicas. Al respecto cabe decir que para que aumente el ahorro nacional, debe incrementarse el ingreso de empresas e individuos, para lo cual el gobierno debe expandir el gasto para aumentar la producción y el empleo. Ello incrementaría el número de cotizantes para asegurar las pensiones, por lo que el gobierno no tendría que entrar al rescate de los fondos de pensiones, y se reduciría la presión sobre las finanzas públicas. Pero de seguir la política de austeridad fiscal, las altas tasas de interés, el libre comercio, y la administración de los recursos por las Afores, continuará el bajo crecimiento económico, la destrucción de planta productiva, las altas tasas de desempleo, la informalidad, el menor número de cotizantes al sistema de pensiones, así como las bajas pensiones y la exclusión del mayor numero de trabajadores al sistema de pensiones dignas. ■
