La no ejecución de la ley promulgada en 2015 impidió el ahorro de casi 600 mdp
“Lo que plantea el auditor es grave e implica responsabilidades administrativas y penales para los responsables”
Integrantes del Movimiento de Bases en Defensa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) informaron que el resultado preliminar de la auditoría externa realizada a ese organismo, por solicitud de la Legislatura del estado, implica sanciones y procedimientos penales contra funcionarios y ex funcionarios, pues la no ejecución de la ley promulgada en 2015 impidió el ahorro de casi 600 millones de pesos.
En conferencia de prensa virtual, Jorge Eduardo Dávila Rangel, docente de telesecundaria, expuso que, entre las observaciones preliminares de la auditoría, destaca “la negligencia, la ineptitud y la profunda corrupción que existe al interior del instituto”.
Una de las observaciones expone: “en relación con la fecha de publicación de la Ley del Issstezac, marzo del 2015, y el plazo establecido en el artículo 23 transitorio de 180 días, las acciones para atender las disposiciones señaladas debieron iniciarse durante los meses de septiembre y octubre de 2015. Sin embargo, en la información presentada por la entidad fiscalizada no se desprende evidencia de atención al respecto, incumpliendo con la normatividad y afectando los recursos del instituto, ya que de haber efectuado la reducción de gastos de funcionamiento en 85 por ciento, el instituto hubiera generado un ahorro aproximado de 545 millones 980 mil 874 pesos”.
La recomendación del auditor, agregó, es la urgente implementación de acciones para “llevar a cabo la disminución de por lo menos el 35 por ciento de las unidades administrativas, revisión de las plantillas de confianza, base y temporal, con el fin de establecer medidas para su disminución, y reducir los gastos de funcionamiento en los capítulos 1000, 2000 y 3000”.
Dávila Rangel expuso que otro señalamiento es la necesidad de analizar las actividades de cada uno de los trabajadores del instituto, a fin de valorar si cumplen con sus funciones de acuerdo a sus categorías.
“Lo que plantea el auditor es grave e implica responsabilidades administrativas y penales para los responsables de todas estas irregularidades en el instituto, donde, contrario a lo que dice la Ley de Disciplina Financiera, ellos están elaborando presupuestos que sobrepasa sus ingresos”, dijo.
Por su parte, Marcelino Rodarte Hernández, coordinador de la disidencia en la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), señaló que “el objetivo es recuperar lo que se han robado, sancionar a los que han saqueado al instituto, y buscamos certeza inmediata para el pago de los pensionados y jubilados”.
Otra exigencia, dijo, es que se otorgue una pensión digna a los trabajadores que se jubilen, “no una pensión mocha como la que está pagando Marco Vinicio Flores a partir de marzo de este año”.
