Pide PT que Unidad de Inteligencia Financiera investigue cuentas del ex gobernador Miguel Alonso

Pide PT que Unidad de Inteligencia Financiera investigue cuentas del ex gobernador Miguel Alonso
El ex gobernador Miguel Alonso Reyes ■ FOTO: LA JORNADA/ ARCHIVO

La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo (PT), solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que “investigue las cuentas y movimientos financieros relacionados con Miguel Alejandro Alonso Reyes, ex gobernador del PRI en Zacatecas, así como de sus ex colaboradores y familiares, “y en su caso se proceda al congelamiento de sus cuentas bancarias”.

El llamado de la coordinadora del PT en el Senado de la República, para que intervenga la UIF -que comanda Santiago Nieto-, se produce cuatro años después de que legisladores federales y locales interpusieron cinco demandas penales contra el ahora ex mandatario, sus familiares directos y principales colaboradores. Pero en este periodo de tiempo, no han avanzado las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), respectivamente.

La senadora petista recordó que a Miguel Alejandro Alonso Reyes –quien al dejar la gubernatura en el año 2016, fue designado por Enrique Peña Nieto director del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur)-, se le acusa directamente de haber incurrido en los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho, abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias, negociaciones ilícitas, delincuencia organizada y malversación de recursos. Al concluir su mandato, Alonso Reyes dejó una deuda pública en Zacatecas superior a los 12 mil millones de pesos.

La petición formal para que intervenga la UIF en el caso del ex gobernador de Zacatecas, lo hizo la senadora Bañuelos de la Torre mediante un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, donde la legisladora expresó que espera, que con esta petición de intervención, “abone para que la generación de los gobernadores más corruptos de la historia del país, rindan cuentas al pueblo de México”.

Como ejemplo de los diversos actos de corrupción que se le imputan a Miguel Alejandro Alonso Reyes, recordó la senadora, “existen indicios suficientes en su contra y en contra de ex colaboradores y familiares, por el desvío de 300 millones de pesos, por medio de 24 empresas fantasmas”, hechos ante los que, lamentó, la FGR y la FGJEZ “se mantuvieron omisas”.

“Por más de dos años la extinta Procuraduría General de la República durante el gobierno de Enrique Peña Nieto no dio seguimiento, ni convocó a ratificar las denuncias de quienes presentaron las querellas”, comentó.

La líder del PT en el Senado de la República reiteró que es un agravio para la sociedad, que “a casi cuatro años de presentadas las denuncias, no ha habido avances notables en la investigación”, donde además, apuntó, la Fiscalía de Zacatecas deberá “brindar un informe pormenorizado sobre el avance real en las investigaciones de las denuncias presentadas en contra del ex gobernador Miguel Alonso Reyes”.

El actual titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, es Francisco Murillo Ruiseco, quien se desempeñó como titular de la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas, durante los últimos cuatro años del sexenio de Alonso Reyes, por designación directa de éste.

La senadora Bañuelos de la Torre denunció que “hasta el día de hoy, Miguel Alejandro Alonso Reyes disfruta de los ranchos y propiedades que adquirió con los recursos públicos de todos los zacatecanos, endeudando al estado e impidiendo que la población goce y disfrute de las obras y los servicios de calidad que merecen. Es momento de ejercer la ley y llevarlo ante la justicia”.

Incluso advirtió la senadora, “hoy trasciende que el ex gobernador zacatecano desea protegerse en la impunidad, buscando una diputación federal por la vía plurinominal. Por tal motivo es indispensable que las autoridades correspondientes actúen con celeridad, sin afectar el debido proceso”.

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