Una de las tesis centrales del libro más reciente de Thomas Piketty “Capital e Ideología” es que la estructura clasista de los espacios electorales del periodo 1950-1980 se ha venido transformando gradualmente en el lapso 1990-2020 hacia un sistema de elites múltiples, en el que los segmentos del electorado con más estudios y mayor renta y riqueza, han coexistido alternandose en el poder y ahora ensayan en distintas partes la creación de bloques electorales que unifiquen a sus distintas élites, bajo el paraguas justificatorio de combatir al populismo autoritario.
La tesis referida se ajusta casi a la perfección para entender el significado del desplegado recientemente publicado, en el que los firmantes son 30 intelectuales agrupados en torno a Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze, líderes hegemónicos de las revistas Nexos y Letras Libres, otrora representativas en México de la socialdemocrácia y del liberalismo de derecha respectivamente. Aguilar y Krauze también se han distinguido como interlocutores privilegiados de los equipos neoliberales que han gobernado nuestro país de 1982 a 2018. El desplegado aludido se titula “Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia”, aunque no se molestan en probar sus dos argumentos principales: con su practica cotidiana en el sistema de medios de comunicación, prueban todos los días que el autoritarismo al que aluden es imaginario, pues ni ellos ni nadie en México tiene obstáculos para ejercer sus libertades y, en todo caso, es a AMLO a quien se le exige dejar de participar en el debate, no obstante que todos los días recibe insultos y es calumniado por varios de los abajo firmantes y otros que piensan como ellos. Su denuncia de que se está construyendo un sistema autoritario ni siquiera se justifica con la creación de la Guardia Nacional y las reformas constitucionales para permitir que el Ejército y la Marina participen en tareas de seguridad pública. No deben olvidar que hubo unanimidad de votos en su aprobación.
Su falta de argumentos para justificar su llamado a defender la democrácia los lleva a intentar deslegitimar la configuración actual del Congreso de la Unión, olvidando que fueron los partidos neoliberales los que establecieron las reglas electorales bajo las cuales, en 2018, se registraron los candidatos, se desarrollaron las campañas, se emitieron y contaron los votos, y el INE asignó las curules y escaños que correspondieron a cada fuerza política. Su cinismo es tal que olvidan que siempre justificaron la sobrerrepresentación cuando benefició al PRI y al PAN, además de que hasta hoy no han presentado ningun proyecto de reforma electoral para modificar las formulas de reparto vigentes. Seguramente les parece más rentable acusar a Morena de tener mayoría sin legitimidad.
Por otra parte, los abajo firmantes dan por hecho que existe consenso en la idea de que no es conveniente para la democracia que la fuerza política que ejerce la titularidad del Poder Ejecutivo tenga mayoría parlamentaria. Olvidan que en los paises con sistema parlamentario tener el respaldo de una mayoría es requisito para ejercer el poder ejecutivo; en muchos casos, cuando la mayoría deja de existir el gobierno cae y se da paso a nuevas elecciones. Asi mismo, en sistemas presidenciales con bipartidismo, como el que parece que desean los abajofirmantes, la lógica indica que existe una gran probabilidad de que el partido del Presidente logre también mayoría en el Congreso. El caso mexicano, donde Morena es el partido que detenta el poder ejecutivo y la mayoría en el Congreso no es sino uno entre muchos ejemplos; el de Estados Unidos es otro.
Como bien dice el diputado Pablo Gómez, si en un futuro cercano el resultado de la elección legislativa no otorgara a alguna fuerza política la mayoría parlamentaria, no habría ningún problema nuevo, pero esa no puede ser una exigencia democrática sino una aspiración de las oposiciones actuales. Son dos cosas diferentes. La democracia, como la conocemos, es un sistema competencial con relativa tolerancia. La atomización en la representación política no le es consustancial, pues ésta es solamente expresión del voto ciudadano.
Por último, es necesario recordar que el pluralismo político existente en 2018 quedó reflejado en el hecho de que la mayoría de gobernadores y de presidentes municipales no son de Morena, y hasta hoy, no hemos presenciado ningún conflicto relevante con el Presidente de la República, ni con el Congreso. La demanda que, aparentemente, hoy mueve a varios gobernadores es una nueva ley de coordinación fiscal. Parece que ellos no desean recordar que la vigente también fue aprobada y aplicada por las mayorías neoliberales de las que provienen.
