El principal problema del Issstezac es la corrupción: docentes de telesecundaria

El principal problema del Issstezac es la corrupción: docentes de telesecundaria
Trabajadores y el Movimiento de Bases no ha sido convocado a las mesas de trabajo para implementar un plan de racionalización en el Issstezac, afirmaron los docentes ■ foto: miguel ángel núñez

■ “No existe interés por parte del gobierno y de la dirección del instituto de erradicarla”

■ Debido a la mala administración, cada año se registra un déficit en cuotas y aportaciones

■ Pugnarán derechohabientes por un nuevo método para designar al director del organismo

 

El Gobierno del Estado y la dirección del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issstezac) no tienen interés en erradicar la corrupción al interior de este organismo y, por el contrario, sólo plantean mitigar la crisis financiera a costa de los derechos de los trabajadores, afirmaron derechohabientes adscritos al subsistema de telesecundaria.

“Hemos llegado a la conclusión, con el estudio de la información financiera que el propio instituto proporciona cada tres meses en sus reportes financieros, podemos ver que el principal problema del instituto es la corrupción”, expresaron los docentes, quienes integran el Movimiento de Bases en Defensa del Issstezac.

Martín Sánchez Arellano aseguró que, debido a la mala administración, cada año se registra un déficit en lo que corresponde a las cuotas y aportaciones, a pesar de que el monto sí es retenido a los trabajadores.

Por ejemplo, mencionó que en 2015 hubo un déficit de 374 millones de pesos sólo por concepto de las cuotas y aportaciones, lo que significa que “el director en turno no ha cumplido la ley”.

Otra situación que muestra la corrupción y deficiente administración del instituto, es el manejo de la parte comercial y empresarial, es decir, hoteles, farmacias, centros recreativos, mueblerías, etc.

Aunado a ello, ha sido “ineficiente la manera en que se enajenan los inmuebles del instituto. Incluso tenemos pruebas de que, en vez de generar un ingreso, se pierde, porque se venden a precios más baratos de como fueron adquiridos”.

Sánchez Arellano detalló el tema la nómina administrativa y expuso que el instituto cuenta con más de 900 trabajadores que reciben numerosos bonos, contrario a los jubilados que sólo perciben su pensión y aguinaldo.

“Hay muchos bonos en la nómina del instituto. Tienen una remuneración bruta a la que se le hace el descuento del impuesto ISR, y además hay un segundo sueldo que le llaman
Ingreso, mensual, así como un sistema de compensación mensual y una gratificación que es anual. También les otorgan primas por asignación por cargo, prima dominical, prima vacacional cada seis meses, bonos por productividad o especiales, estímulos por antigüedad y productividad. Tienen días de descanso no disfrutados, días festivos no disfrutados, horas extra, bonos escolares y otros”, expuso.

Manifestó entonces que, por concepto de servicios personales, se destina muchos recursos a la burocracia del Issstezac, pero ello es a cargo de las cuotas y aportaciones de los trabajadores.

Sánchez Arellano se refirió al tema de los bienes inmuebles y señaló que de un año a otro modifican la descripción, además de que es variable el monto de su valor. En la subasta de 2017, donde se vendieron cuatro terrenos, “en algunos se obtuvo un poquito de beneficio pero en otros se vendieron a un precio menor del que se habían adquirido”.

En este momento, se plantea vender en el municipio de Fresnillo un terreno que en 2004 tenía un valor de 13 millones 500 mil pesos, pero un nuevo avalúo catastral estableció un precio de 9 millones de pesos, mientras que el avalúo comercial definió sólo 2 millones 800 mil pesos. Este último precio es al que están subastando.

“Entonces así es como el instituto es pésimo para recabar fondos a través de las subastas o la venta de bienes y por eso nosotros no estamos de acuerdo en que se deshagan de ellos, pues no se recauda lo que se esperase”, expresó.

Por último, comentó que, aprovechando que se pretende modificar la ley, se pugnará por un nuevo método para la designación del director del Issstezac de tal forma que no sea un cargo político cuyo nombramiento sea facultad del gobernador, sino que haya otro mecanismo que tome en cuenta a los trabajadores.

Según Sánchez Arellano, “el hecho de que la ley faculte al gobernador a nombrar a los directores ha sido uno de los problemas principales, porque el gobernador en turno y los directores sienten que el Issstezac es un negocio de ellos y no de los trabajadores. Por eso vamos a proponer que sea nombrado de forma diferente, que no sea un puesto político, sino realmente administrativo”.

Por su parte, Jorge Eduardo Dávila Rangel se refirió a un plan de racionalización financiera en el instituto que está promoviendo el actual director, en el que se contempla un ajuste administrativo y de nómina, “pero jamás habla del tema de la corrupción”.

“Cuando nosotros planteamos como una posible realidad la venta de hoteles, no lo hacemos sólo porque se nos ocurrió, simple y sencillamente lo basamos en lo que recomiendan los estudios actuariales en 2017 y 2018. Entonces no es una aseveración que hagamos a la ligera, sino que está sustentada en los documentos propios emanados del instituto”, dijo.

Cuestionó que los trabajadores y el Movimiento de Bases no ha sido convocado a las mesas de trabajo para implementar ese plan de racionalización, con el argumento de que están representados por los dirigentes sindicales, pero “los representantes sindicales son los que nunca nos han representado”.

Asimismo, afirmó que las autoridades no han cumplido con los preceptos de la reforma a la Ley del Issstezac del 2015 y, por ejemplo, el artículo 23, que establece la reducción de 35 por ciento del aparato administrativo y de la reducción de los capítulos 1000, 2000 y 3000 en 35 por ciento, no se han aplicado.

Dávila Rangel reiteró que, contrario a la idea de atender la crisis financiera erradicando la corrupción, se busca “hacer pagar a los derechohabientes los platos rotos quebrados por el Gobierno del Estado y los directores. Otra vez quieren aumentar la cuota de aportación y los años de servicio, además de liquidar los bienes inmuebles, y nosotros no estamos dispuestos”, concluyó.

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