■ Los directores se inconformaron y este lunes se efectuó una reunión virtual, en que acordaron continuar con sus funciones, sin alguna limitante en el aspecto financiero
■ Deberán entregar información correspondiente al segundo trimestre del año, con el fin de que la Rectoría cuente con los datos actualizados respecto al ejercicio de los recursos
■ El tema de la entrega-recepción se analizará en una reunión posterior
A través de un decreto difundido por la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), la administración central notificó, a los directores de las diferentes unidades académicas, que el cierre de la administración 2018-2020 se llevaría a cabo este 30 de junio. Sin embargo, ante la inconformidad de los funcionarios, este lunes se realizó una reunión y se acordó que éstos seguirán con sus funciones en todos los ámbitos, incluyendo el financiero.
En el momento en que se emitió este decreto, el domingo pasado, los directores manifestaron su desacuerdo, pues el documento establecía el cierre administrativo para el próximo 30 de junio y por lo tanto no tendrían la posibilidad de ejercer recursos los meses de julio y agosto.
Ante esas inquietudes, este lunes se realizó una reunión virtual y se acordó que los directores continuarán con sus funciones, sin alguna limitante en el aspecto financiero, hasta que concluya su periodo administrativo formal, el cual se definirá posteriormente por el Consejo Universitario debido a que no ha habido proceso electoral por el Covid-19.
Sin embargo, los directores deberán entregar información correspondiente al segundo trimestre del año, con el fin de que la Rectoría cuente con los datos actualizados respecto al ejercicio de los recursos.
Antonio Guzmán Fernández, Rector de la BUAZ, indicó que, como resultado de la reunión, se esclareció que la información solicitada a los directores, respecto al cierre de la administración 2016-2020, sólo corresponde al segundo trimestre del año, mientras que el tema de la entrega-recepción se analizará en una reunión posterior.
Sobre la inconformidad de los directores, dijo que la Rectoría va a presentar una nueva propuesta para el ejercicio del recurso en los meses siguientes, pero no habrá limitantes para que continúen con sus funciones en el ámbito financiero.
Es decir, señaló que no habrá limitantes ni impedimentos para que los directores ejerzan los recursos de acuerdo con los compromisos que tengan con proveedores, servicios o lo que quede pendiente.
Guzmán Fernández reiteró en que este 30 de junio los directores solamente deben entregar informes respecto al ejercicio de los recursos, a fin de entregarla a las instancias correspondientes del Gobierno Federal y estatal, así como para la revisión de la Cuenta Pública.
El documento que inicialmente se difundió entre los directores señalaba: “Los recursos que hasta el 30 de junio de 2020 se encuentren en las correspondientes cuentas bancarias de las unidades responsables, podrán ser ejercidos por la administración 2016‐2020 de cada unidad. Los ingresos percibidos a partir del primero de julio de 2020 corresponderán a la administración entrante de las unidades responsables, por lo cual quedarán en custodia y resguardo de la administración central para su posterior entrega a la unidad entrante”, expone el oficio.
Entre los directores de las unidades académicas circula el rumor de que la decisión de adelantar el cierre administrativo tiene un trasfondo político, ello rumbo al proceso electoral que se llevará a cabo en cuanto la contingencia sanitaria lo permita.
Juan Carlos Guerrero, director de la Unidad Académica de Derecho, indicó que, a reserva de que esa medida sea aclarada por las autoridades, si plantea la imposibilidad para ejercer recursos los próximos meses, “ni yo ni ningún director estaremos en disposición de acatar y aceptar ese escrito porque va contra la normatividad y contra los principios normativos estatutarios, de la Ley Orgánica, los reglamentos, y atenta también contra los Consejos de Unidad”.
Comentó que el documento de la Rectoría generó inquietudes entre los directores, por lo que este lunes a las 12 horas comenzó una reunión con las autoridades universitarias para revisar el tema: “si después de la reunión, el escrito sigue en los mismos términos, creo que sí habría mucha oposición”.
Señaló que, en efecto, el oficio generó inquietudes entre los directores y por tal motivo debía rectificarse, pero si después de la reunión, el escrito hubiese seguido en los mismos términos, los funcionarios habrían expresado su oposición.
Guerrero manifestó, además, que “ese escrito no tenía un fundamento legal, no existe, y no puede haber un acuerdo en ese sentido porque tendría que haber un acuerdo del Consejo y los consejeros somos los directores y ninguno de ellos aceptaría un acuerdo de esa naturaleza”.
Desde su perspectiva, no se descarta que esa medida tuviera un interés político, para posicionar a uno de los candidatos a la Rectoría, y aunque “es entendible que pudiera estar pasando algo así, no debemos permitirlo. Es legítimo que haya quien aspire a ser rector o a ser director, pero no pueden vulnerar la normatividad ni dejar con inmovilidad a las unidades académicas”.
Por su parte, Teresa Villegas Santillán, directora de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, manifestó que, en efecto, el acuerdo que ha dado a conocer la Rectoría impide el ejercicio de recursos a partir de julio, pero en las escuelas más grandes “tenemos muchas actividades y no pudiéramos cerrar la administración”.
El argumento del secretario general de la Universidad, Rubén Ibarra Reyes, es que el sentido de ese acuerdo no es limitar las funciones de los directores ni dejar sin movilidad económica y financiera a las escuelas, sino avanzar administrativamente en el proceso de entrega-recepción.
Al concluir la reunión, dijo que “los directores quedaron a la expectativa porque se les dijo que esta guía no tiene el efecto que se pretendía, sino que lo único que le urge al Rector es tener información para la presentación de la información del trimestre”.
Sin embargo, Villegas Santillán comentó que la abogada general elaborará una interpretación jurídica de ese planteamiento, además de que las autoridades tendrán reuniones personalmente con cada uno de los directores, para revisar su situación, pues algunas unidades pequeñas no tendrán inconvenientes.
