¿Usted en su hogar puede vivir sin agua, electricidad o drenaje? Pues tampoco se puede vivir sin Internet, así de esencial es el servicio de banda ancha. Todos los avances en digitalización durante los 100 días de cuarentena deben formar parte de un plan y una estrategia digital permanentes.
Antes de la pandemia la conectividad ya era prioritaria, pero durante la emergencia sanitaria descubrimos que ahora es esencial. La importancia de Internet aumentó cuando se convirtió en la única forma segura de realizar actividades cotidianas sin romper el confinamiento.
El derecho fundamental de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación ya estaba consagrado en la Constitución, ahora hay que materializarlo y hacer que las redes, sus servicios y beneficios lleguen a todos, principalmente a los más desfavorecidos.
El Visor Ciudadano 70 de mayo de 2020 del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República reconoce que “en una crisis sanitaria como la de Covid-19, la brecha digital constituye una caja amplificadora de la desigualdad social que hay en México”.
Es prioritario acortar la brecha digital porque es esencial que la población se conecte a Internet para acceder a información, para expresarse, trabajar, recibir servicios de salud, educación y encontrar formas de entretenimiento de libre elección.
La economía y buena parte de nuestras actividades se organizan con base en Internet. El PIB nacional tendrá una caída drástica e inédita entre los meses de abril-junio, pero las perdidas económicas hubieran sido peor sin el trabajo en línea.
La parsimonia de las autoridades por conectar a los desconectados nos tomó desprevenidos y menos preparados tecnológicamente. Recordemos que la administración de Peña Nieto dejó sin conectar a Internet 150 mil espacios públicos, de los 250 mil que planeó como parte del programa México Conectado.
Uno de los diez Programas Prioritarios del gobierno de la Cuarta Transformación es la cobertura gratuita de Internet. Cuando se realizó la consulta pública en noviembre de 2018, ese programa obtuvo un apoyo popular de 91.6%. En lugar de crear una alianza con el sector de las telecomunicaciones para ampliar la cobertura de redes y servicios, el presidente López Obrador optó por crear una empresa estatal para enfrentar el desafío más complejo y costoso que significa conectar a 7.2% de la población desconectada de más difícil acceso: la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.
Esta compañía, filial de la Comisión Federal de Electricidad, recibió en 2020 un presupuesto de mil 095 millones de pesos (56 millones de dólares), muy poquito dinero si se compara con el presupuesto de la refinería de Dos Bocas (41,256 mdp). El monto de la empresa de Internet de AMLO es apenas 1.1% de la inversión privada en telecomunicaciones en 2019 (97,632 mdp), que no ha podido llegar a las comunidades más apartadas del territorio
En el país prevalece 30% de la población o 40 millones de mexicanos sin acceso a Internet, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019. Ese porcentaje se eleva a 52.3% en las zonas rurales de México.
La nueva empresa estatal que preside Raymundo Artís estableció una alianza estratégica con el operador de la Red Compartida, la cual ya tiene avanzada la instalación de una red inalámbrica de servicios mayoristas que deberá tener una cobertura de al menos 92.2% de la población en 2024.
La alianza es afortunada para ambas partes. La Red Compartida tendrá un cliente importante que ya le urgía: el gobierno; en tanto que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos avanzará más rápido en sus objetivos, porque con tan reducido presupuesto no le alcanza para instalar la infraestructura en las comunidades objetivo.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) modificó en noviembre de 2019 el título de concesión de Altán Redes que opera la Red Compartida para añadir la palabra “cobertura social” e incluir localidades con menos de 5 mil y 250 habitantes en 2022.
¿Cuál es la diferencia del actual gobierno de la 4T con los anteriores sexenios en materia de política de inclusión digital universal? Por primera vez se imprimió una visión social al sector y al despliegue de redes de telecomunicaciones.
La empresa de Internet de AMLO busca “promover y facilitar el desarrollo social y económico de la población mediante la prestación de servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro”.
¿En qué puede parecerse a los gobiernos anteriores? En que tampoco cumpla sus metas de conectividad establecidas en que 95% de la población tenga acceso a servicios de banda ancha en 2024, con el agravante de que además el Estado tendrá una nueva empresa pública ¿ineficiente?
Desde que se decretó la emergencia sanitaria y hasta la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el gobierno federal conectó 18 hospitales de alta especialidad, 11 en la Ciudad de México y siete más en otras entidades del país. Estas acciones demuestran el sentido de urgencia que tiene la conectividad para habilitar otros derechos fundamentales a través de las TIC.
Necesitamos reelaborar la Estrategia Digital Nacional a partir del aprendizaje que nos está dejando la pandemia. Aumentar la capacidad digital de México ayudará a la recuperacion económica y a que el gobierno tenga éxito en sus proyectos.
La crisis nos despejó la mente y tuvimos la capacidad de adaptarnos a las circunstancias que impuso el confinamiento gracias a las tecnologías y la conectividad. Lo verdaderamente excepcional de los beneficios de Internet durante la pandemia es que sean permanentes. ¿Habrá cambiado la mentalidad de las autoridades digitales? ¿Tendrán la capacidad de hacer evolucionar las políticas públicas de conectividad? ■
