■ En “campaña de criminalización”, autoridades reveleron el delito por el que está presa
■ Zacatecas está, desde hace año y medio, en proceso de Alerta de Violencia de Género
■ Cuestionan colectivas el actuar del gobierno ante los recientes sucesos
En un comunicado, colectivos manifestaron que “hace algunos días Zacatecas nuevamente se hizo célebre en todo el país por la vejación a las mujeres que habitamos este estado. En agosto de 2018 una mujer fue internada en una cárcel de hombres en donde permaneció 27 días y fue víctima de violación.
El escándalo mediático se dio hasta enero de 2020 por una filtración a medios y ahora sabemos que no era la única mujer en esa situación, cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas supo de los hechos en agosto de 2018 había 16 mujeres internadas en cárceles para hombres.
Después de que estas violaciones a los derechos más elementales salieron a la luz pública, también se hicieron públicas una serie de mentiras por parte del secretario de Seguridad Pública del estado de Zacatecas, quien tuvo que ser desmentido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos al decir que la cárcel donde estuvo esta mujer es mixta.
Y haciendo alarde de un total desconocimiento de la legislación penal, aparejado con prejuicios y estereotipos discriminatorios, declaró públicamente que no había sido violación porque solo se le introdujeron los dedos. Eso es violación equiparada y de ninguna manera es menos grave, la violación además es considerada un modo de tortura por la convencionalidad internacional.
Lo que hace más grave aún este caso es que el Gobierno del Estado y el Poder Judicial revelaron el delito por el que esta mujer está presa, obviamente para desatar una campaña de linchamiento y desviar la atención ante las graves violaciones a los derechos humanos a las que había sido sometida; esto en franca campaña de criminalización que parece ser una fórmula a la que recurre con frecuencia el gobierno del estado ante las mujeres que demandamos respeto a nuestros derechos.
El custodio que cometió la violación hoy está prófugo y el nombre de esta mujer ya circula en medios nacionales. ¿Quién entonces es garante de la seguridad de esta víctima y de su familia? Ante todo el desastre, el gobernador Alejandro Tello ha guardado silencio, hubo un par de destituciones de funcionarios de niveles bajos del gobierno, y el estado de cosas sigue su curso sin que el Poder Legislativo se manifieste de forma alguna como garante de mecanismos de fiscalización y control al Ejecutivo. El mensaje parece ser: borrón y cuenta nueva hasta que la siguiente catástrofe salte a la luz pública.
Este caso no debe ser visto como una violación a los derechos humanos de mujeres y niñas aislada, lamentablemente en Zacatecas y en México diariamente no sólo tenemos que enfrentarnos a la violencia que vivimos en el ámbito privado sino a la violencia de las instituciones. Las víctimas expresan claramente que la violencia más lacerante es la que reciben cuando acuden al Estado a buscar justicia, es entonces cuando caen en cuenta de la desesperanza que trae la impunidad y la falta de empatía ante la desgracia de haber sido víctimas. Zacatecas se encuentra desde hace año y medio en un proceso de Alerta de Violencia de Género y, al día de hoy el secretario de Seguridad Pública no sabe qué es la violación equiparada, el o la defensora de oficio de esta mujer no actuó con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, y por su puesto las autoridades carcelarias incurrieron en violaciones atroces.
En México ser mujer y niña es una condición de alto riesgo, históricamente hemos sido sometidas, cosificadas y denigradas a una posición de inferioridad en la sociedad. El Estado mexicano nos vendió la idea de que podría garantizarnos seguridad, una vida digna e incluso poder político a través de los mecanismos institucionales y legales fruto de luchas históricas e incansables por el reconocimiento de la ciudadanía plena.
Hoy día vemos a ese Estado, en sus tres niveles de gobierno y en sus tres poderes, corrompido por los privilegios de quienes lo conducen, por la negligencia y la ignorancia que viene de una posición de superioridad en la que las voces de las mujeres han sido nulificadas. Esto no sólo se observa para quienes estamos tratando de construir nuevas formas más justas y equitativas de convivencia desde la sociedad, sino también para los cientos de mujeres que han llegado a posiciones de representación y dirección en la administración pública.
La lógica patriarcal continúa prevaleciendo y son los mandatos de los jefes políticos, en masculino, los que reinan sobre las decisiones en el ámbito público. Esta situación está provocando una grave crisis de derechos humanos para las mujeres y niñas en México. No hay congruencia ni consecuencia entre los discursos gubernamentales, desde el Ejecutivo Federal hasta el Estatal pasando por los municipios, y el derecho a una vida de mujeres y niñas.
En este país asesinan diariamente a 10 mujeres y niñas, violan como acción disciplinaria a miles de mujeres todos los días, la trata de mujeres es el segundo negocio más redituable, golpean, humillan, despojan a miles más en sus hogares, y así tantas y tantas vejaciones que son normalizadas por la sociedad y que ocurren en total impunidad ante un Estado que por inacción o incluso por participación directa es cómplice de estas atrocidades.
La pregunta es ¿Quién es entonces interlocutor/a válido desde el Estado en este festín de muerte? Hoy estamos llorando el cruel asesinato de Ingrid y Fátima, de 7 años, que por hacerse mediáticos merecen la “opinión” del presidente de la República. Una opinión desinformada e indolente sin acciones que secunden, mientras miles de mujeres y niñas siguen sufriendo múltiples violencias en el anonimato”.
El comunicado concluye con la firma del Colectivo para la equidad, y la defensa de los derechos de las mujeres Techiyaliztli, el Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas AC, Residencia Radical, Ovarios Callejeros, Aquelarre Zacatecas, Lunas de Hipatia AC, Unidad de Colectivos por la Defensa de los Derechos Humanos de Niñas y Mujeres, Colectiva 8M, Hijas de la Luna Colectivo AC, Ampi de Zacatecas, Observatorio de Conflictos Mineros y Apostasía Zacatecas.
