Mostrando un alto grado de acuerdo entre ellos, organización, disciplina y división de temas, participó la clase patronal en el Parlamento Abierto del 12 de febrero de 2020 del Senado de la República, para defender su postura, sin disimulo, a favor de la explotación extrema del trabajo, hoy llamada también subcontratación o outsourcing.
Desde luego, supieron ocultar su meta última, haciendo ver los ángulos “positivos” de la subcontratación y los graves “riesgos” en caso de limitarlo o desaparecerlo. Lo que nadie propuso, porque el Dictamen del Senado es para reglamentarla, para evitar abusos empresariales que llegan a extremos irracionales, para elevar el lucro y la ganancia fácil a costa de explotar sin freno trabajo, el salario y el empleo eventual; el erario, utilidades y las cuotas al IMSS e Infonavit.
La única subcontratación legal y racional es la excepción al contratista, aquel de tipo temporal y justificado por la obra que realiza, justo la que no hacen los trabajadores del patrón principal, esos son subcontratistas.
En los años 60 y 70 se reglamentó como una excepción laboral en los grandes contratos colectivos de trabajo (CCT) y quedó sujeta a la supervisión y aprobación del sindicato, para que no tomaran la materia de trabajo del personal sindicalizado, ni compitieran con él.
Pero con los gobiernos neoliberales que tanto impulsó la patronal y EU, se puso al gran aparato del Estado al servicio de los empresarios, extranjeros y nacionales, de la oligarquía trasnacional. Porque las grandes empresas yanquis en México forman parte de la Cámaras “nacionales” patronales, por lo que también estuvieron representados sus intereses en el Senado.
Intentaron sentar las bases del debate entre la subcontratación buena y la mala, “entre el colesterol bueno y el malo” dijo Luisa Alcalde; como si cupiera “la esclavitud legal y la ilegal”, ironizó Enrique Larios. Ya que solo existe la subcontratación legal o ilegal.
En los 36 años de feria neoliberal con la moda de privatizar y repartir la empresa pública, igual que el patrimonio nacional y el territorio, el suelo y subsuelo, mares y plataformas marinas, playas y fronteras. Tocó la privatización de las normas del trabajo, como fueron y son los contratos colectivos de protección patronal (CCPP), la política de “cero huelgas” al servicio patronal, la compra y corrupción de líderes para debilitar o anular los sindicatos, lo mismo que las autoridades del trabajo, fue una alegre moda registrar CCT del ámbito federal en juntas locales que más facilitan y ocultan la corrupción de las empresas. El tope salarial impide la libre negociación colectiva y toca por igual a los monopolios que a las pymes, para que ambas paguen el mismo aumento salarial anual.
A los patrones que despidan ilegal o injustificadamente a trabajadores, los premian al disminuirles el pago de los salarios caídos, a todas luces inconstitucional como lo declaró el magistrado Héctor Mercado; y ¡qué tal!, el despido “sin responsabilidad alguna para el patrón” si es por un contratos a prueba, de capacitación o similar.
O las jurisprudencias patronales para reducir salarios y prestaciones de los CCT, al modo “legal” de Góngora; o, la de Medina Mora de salarios caídos por despido injustificado, con el que coincidió Luisa Alcalde, etc.
La subcontratación no es un hecho aislado, forma parte de las cadenas neoliberales. No es un hecho como lo ven los que la defienden, es indivisible de los demás derechos del artículo 123 constitucional, de los tratados internacionales y la Ley Federal del Trabajo. La sub afecta por igual a los derechos individuales como la estabilidad en el empleo, el salario y el futuro de los trabajadores y sus familias; que a los derechos colectivos de sindicalización, de tener un real CCT, la libre negociación colectiva y la huelga. Las prácticas de la sub son dar empleo eventual, el salario más bajo, los despidos al gusto patronal, justificados o no los imponen, entonces son ilegales. Pues para ellos, no cabe el diálogo social o la conciliación, solo la ordenanza laboral del tipo colonial.
36 años de degradación del mundo laboral, ahora se presenta como la “parte buena y la mala”: se compara la subcontratación europea con la mexicana, ocultando los salarios de allá y los de aquí; se acusa de ilegal a la economía informal y se llama a la patronal economía formal, como sinónimo de legal. Comparan sin el menor rubor a las empresas con los trabajadores ambulantes. Muy pobre resultó la postura patronal unida y organizada de defensa de la subcontratación.
Los sindicatos no presentaron un frente unificado como los empresarios, salvo por honrosas excepciones: mineros, telefonistas, Seguro Social, CROM, electricistas y otros. Tereso Medina prefirió sumarse a la parte contraria, como lo hizo el 7 de diciembre de 2017, con el proyecto de reforma laboral del PRI: “El peor de la historia de México” presentado en el Senado, sin el apoyo del PAN, por pura competencia electoral.
El Senado presentó un grupo compacto coordinando el Parlamento y las mesas de trabajo, encabezados por Napoleón Gómez Urrutia, Patricia Mercado, Citlalli Hernández, Germán Martínez y Martí Batres. Así como el equipo destacado del gobierno de AMLO: Santiago Nieto de la Sria. de Hacienda, Soé Robledo del IMSS, Carlos Martínez del Infonavit y otros apoyos: una vuelta a la legalidad y el final de la fiesta neoliberal.
Es una vergüenza que la patronal esgrima tan pobres argumentos en su defensa del outcourcing, incluida la ilegalidad, pese haber sido mayoría en el debate del Senado. De igual modo, se ofrece la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a apoyar “al colesterol bueno”, dejando de lado las acciones ilegales de la patronal al interpretar “su” ley laboral. Y sin haber hecho un cambio significativo a la Junta Federal, ni un intento por erradicar la corrupción en sus prácticas neoliberales. ■
