■ Dicen que el senador responde a los intereses mezquinos de empresarios
Este jueves en conferencia de prensa, el Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP) y la diputada local, Alma Gloria Dávila Luévano, condenaron el bloqueo de la iniciativa de regulación del outsourcing propuesta por el senador Gómez Urrutia.
Detallaron que dicha iniciativa se lanzó a mediados del 2019, sin embargo, el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, la frenó alegando que hacía falta examinarla más a fondo.
Ante ello el FSSP y la diputada Alma Dávila, consideran que la actuación de Monreal Ávila con esta acción responde más a los intereses mezquinos de empresarios que a los del pueblo de México, quienes persuadieron al senador a instar para que dicha iniciativa se replanteara.
Manifestaron que la iniciativa de Gómez Urrutia es más que necesaria para nuestro país porque la manera que hoy en día opera la subcontratación a través del modelo de outsourcing se ha convertido en negocio. “Una forma de legalizar de la esclavitud moderna puesto que precariza las condiciones de los trabajadores al no reconocer derechos, otorgar ínfimos salarios y no establecer jornadas laborales dentro de ley. Además, esta práctica libra a las empresas del pago justo de impuestos”.
En ese sentido, detallaron que “la evasión fiscal por contratación outsourcing suma cerca de 500 mil millones de pesos”.
Reconocieron además la postura asumida por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para intentar frenar esta práctica ilegal de este sistema de contratación mientras que se apruebe la iniciativa.
La acción de la Presidencia de la República consistió en la creación de un grupo de acción integrado por el Servicio de Administración tributaria (SAT), la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mismo que en lo que va del año ha registrado un total de 51 denuncias contra prácticas ilegales de outsourcing.
La UIF reconoce 3 modalidades de subcontratación ilegal: la implementación de empresas fachada, facturación de empresas simuladas y propiamente el outsourcing ilegal.
José Santos Cervantes, dirigente estatal del FSSP, apuntó que entre las empresas que operan con este tipo de subcontratación en Zacatecas se encuentra la minera de San Martín, Telcel, Bancomer, y la propia Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ).
“Hay alrededor de 200 trabajadores docentes contratados mediante los llamados servicios profesionales independientes, recibiendo 80 pesos por hora. Eso se tiene que acabar”, finalizó Santos Cervantes.
