Impugna Robles rechazo de amparo contra juicio político

Impugna Robles rechazo de amparo contra juicio político
El diputado morenista Pablo Gómez, en la imagen, encabeza la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, encargada del juicio político contra la ex funcionaria federal. Foto La Jornada / archivo

La ex secretaria de Estado, Rosario Robles Berlanga, impugnó el fallo de un juez federal quien rechazó el juicio de amparo que interpuso contra el juicio político que inició la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado.

Hace unas semanas, el Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa con sede en la ciudad de México desechó la demanda de garantías de la ex funcionaria, en la actualidad presa en el Penal de Santa Martha.

Los legisladores iniciaron el proceso por el presunto desvíos de recursos de más de 5 mil millones de pesos cuando Robles Berlanga encabezó la Secretaría de Desarrollo Social y luego la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el gobierno federal de Enrique Peña Nieto.

Este jueves se publica en listas del Consejo de la Judicatura Federal, el recurso de queja 13/2020 el cual fue admitido a trámite el pasado 13 de enero por el Decimoctavo Tribunal Colegiado en materia Administrativa.

El magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Primer Tribunal Unitario en materia Penal, le concedió una suspensión provisión a Robles Berlanga a efecto de que quede a disposición de dicho órgano jurisdiccional por lo que hace a su libertad personal y a disposición del juez que lleve la causa penal para la continuación del procedimiento, en tanto se informe a las autoridades responsables la determinación que se dicte en el juicio de amparo que promovió contra la prisión preventiva justificada.

Sin embargo, la ex jefa de gobierno permanecerá en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha donde lleva cinco meses recluida, hasta que se resuelva el expediente principal, en el entendido de que el procedimiento penal deberá continuar su trámite.
El impartidor de justicia fijo el 10 de febrero a las 12 horas como plazo para que se realice la audiencia constitucional.

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