■ “Falta de oficio político por parte del gobierno, al anunciar, por un lado, que sí reconocen las afectaciones y por otro lado, que van a mandar a la fuerza pública”
No hay oficio político por parte de Gobierno del Estado, los mensajes que manda tanto a la empresa como al movimiento en Cedros son disonantes, expresaron algunos de los integrantes del movimiento que levantó el plantón en Peñasquito.
No hay congruencia en hacer una planta de osmosis inversa, donde no hay agua; tampoco la hay en hacer una alberca, donde no hay agua. Explicó Pinedo, y agregó que desplazar a transportistas locales para dar trabajo a empresas extranjeras es un punto que el movimiento seguirá defendiendo.
Asimismo, el representante de la mesa de diálogo del movimiento sostuvo que “ayer se logró concretar la ruta para de alguna manera poder dar solución al conflicto”. Rutas que se acordaron entre las partes interesadas, el ejido, unión de transportistas y la empresa.
Luego de que el Sindicato de Transportistas y ejidatarios de Cedros, Mazapil, liberaron la mina, representantes del movimiento declararon en rueda de prensa que, hay voluntad de diálogo, pues aún no se completan las demandas, los 19 puntos que se pusieron en la mesa.
Adela Morquecho por su parte, reprobó los comentarios del gobernador Alejandro Tello y sostuvo que: “Chon [Carrillo] no es el dueño del sindicato, lo elegimos democráticamente para que nos represente. Eso es lo que siempre hemos venido diciendo y aun así, se siguen confundiendo”.
Los trabajadores transportistas que laboran para Peñasquito oscilan entre 300 y 400, más las familias, en el cálculo se incluyeron a las familias que indirectamente se benefician con los salarios y recursos que proveen a los transportistas, como las tiendas y servicios.
No hay claridad en hacer justicia a la gente de Cedros y restablecer el trabajo a transportistas, así dijo Felipe Pinedo. Y comentaron que en visitas previas, el Gobierno del Estado reconoció los daños y afectaciones en la zona. No obstante, Alejandro Tello ha respaldado a la empresa minera.
Agregó que la orden de desalojo que anunció Alejandro Tello el sábado 26 de octubre no fue determinante para levantar el plantón, porque el interés de los afectados siempre fue la instauración de una mesa de diálogo.
Lo anterior, considerando que en las tres reuniones que sostuvieron entre el subsecretario Peralta y los directivos de la minera, no se solicitó representación ni del sindicato, ni de ejidatarios.
Pinedo argumentó que la minera le apostó a ponerse de acuerdo con el gobierno, pero no con los ejidatarios y transportistas.
Gobierno de Estado, superado
en las negociaciones
“Falta de oficio político por parte de Gobierno del Estado al anunciar, por un lado, que sí reconocen las afectaciones y por otro lado, que van a mandar a la fuerza pública”, aseguró Pinedo.
Además, negó rotundamente que ya se haya llegado a acuerdos respecto a 14 puntos de los 19 que se presentaron, la minera sólo resolvió: regresar 19 empleos, devolver 4 proveedurías de transporte, retirar de manera lisa y llana las denuncias penales contra integrantes del movimiento. Fuera de eso, no se ha resuelto nada.
El 4 de noviembre se llevará la mesa de diálogo a la Ciudad de México, y si no se llega a convenios que beneficien a la comunidad, la reanudación de actividades será solamente temporal, pues se volverán a tomar acciones.
Así, criminalizar y judicializar la lucha es una decisión que deberá tomar el Gobierno del Estado, los integrantes del movimiento ya cuentan con asesoría internacional en materia de Derechos Humanos tras una visita que se hizo a Nueva York y a Washington D.C. con organizaciones que defienden estas causas.
Sobre la demanda civil de 50 millones de dólares diarios que perdieron durante el bloqueo que duró 80 días contra José Narro y Felipe Pinedo, subrayaron que no se han retirado. Pero que sí se ha pedido negociar, si la gente de Cedros retira la demanda agraria por uso de suelo. En los próximos días habrá noticias por parte del órgano agrario.
Según Pinedo, se negaron a negociar porque la demanda agraria plantea la anulación de los convenios, si la resolución favorece a los ejidatarios, se tendrían que negociar desde cero nuevos convenios.
Una negociación de 500 millones de dólares
Sobre la cifra que se ha dado a conocer por parte de la empresa donde los ejidatarios piden 500 millones de dólares por el manantial, se dijo que este monto salió en una junta ejidal partiendo de la presión que puso Nelson Núñez.
“En una asamblea ejidal quien propuso eso fue Nelson Nuñez, que es uno de los dirigentes de la mina, como atacándonos, díganme: ¿cuánto cuesta su manantial?, de ahí nació esa cantidad”. Y así desmintieron extorsión cuando se les cuestionó al respecto.
Nelson Nuñez es el representante de la mina, es el gerente de responsabilidad social de la minera. Él fue quien solicitó a los ejidatarios un precio por el manantial.
La publicación de esta cifra y la falta de referencias de contexto han abonado a la criminalización del movimiento, de acuerdo con las declaraciones de ejidatarios de Cedros.
