«Acabar con la corrupción y la impunidad”, fue el lema de campaña de AMLO y ahora la bandera de su gobierno. En pasados días sacó un pañuelo blanco, en símbolo de ‘bandera blanca’ que en el argot de los gobiernos significa ‘meta cumplida’ al momento que afirmaba, “ya no hay corrupción ni impunidad arriba”. El fraseo de ‘arriba’ se entiende en los altos funcionarios de la administración pública federal. Lo cual significa que pretende mostrar un avance en su estrategia de limpiar el sistema de arriba hacia abajo: de los altos funcionarios al tejido burocrático de todo el país. El mensaje es que irá bajando la impunidad, conforme la limpieza del sistema llegue a las bases del mismo. Pero sobre lo mismo, deberemos comentar dos cosas: (1) en cuanto a la bandera blanca, no hay alguna evidencia sobre esa afirmación, sólo contamos con la palabra o impresión del presidente, pero no con algún indicador que así lo demuestre; y (2) la realidad de la impunidad cotidiana a lo largo del país sigue sin cambios, todo va igual. Y una cosa adicional, cuando el presidente dice “el plan es acabar con la impunidad”, eso no es un plan, ese es el objetivo, y justo lo que queremos saber es cuál es el plan para lograr dicho objetivo.
En ese contexto, preocupa que la única respuesta que teníamos a la pregunta por un plan contra la impunidad ya no aparece en la agenda gubernamental, a saber, el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Pero tampoco aparece alguna estrategia alternativa a esa idea que nació desde el 2008. El Nuevo Sistema era la apuesta institucional para generar un poder judicial más eficiente y efectivo, que eliminara el sobrecargo de expedientes que colapsan la atención debida de los casos importantes. Con las pocas capacidades, ¿cómo darle atención a lo importante? Pues dejando que los casos de poco peso se resuelvan en un subsistema alterno sin necesidad de ocupar un juez. Que pueda haber policía de investigación para averiguar quién cometió homicidio o secuestro o fraude. Esto es, los objetivos del Nuevo Sistema Procesal suenan razonables para lograr que los ministerios públicos y todo el Poder Judicial aumenten la rapidez y eficacia en el dictado del Derecho y la Justicia.
Lo que habíamos concluido es que el diseño teórico de esa Sistema Procesal no era malo, pero estaba atorado en la implementación: los 8 años de gracia para terminar la transición no fueron suficientes. Así las cosas, esperábamos que se lograra de una vez por todas la implementación de dicho sistema y se lograran por fin los objetivos de la disminución de la impunidad en todo el tejido de la impartición de justicia, no sólo en los altos funcionarios. En el tema de la impunidad no tenemos bandera blanca, por el contrario, estamos o seguimos en el hoyo negro que impide pacificar el país.
