“Nunca nos hemos cruzado de brazos” ante el problema de inseguridad: Camberos

“Nunca nos hemos cruzado de brazos” ante el problema de inseguridad: Camberos
La comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos se realizó en una sede alterna ■ foto: la jornada zacatecas

■ Diputados le reclaman falta de resultados ante presencia de Guardia Nacional

 

Con referencia al incremento en delitos de alto impacto como el secuestro y la extorsión y con llamados a fortalecer la capacitación de los policías, pero también con señalamientos hacia la autoridad federal, concretamente a la Guardia Nacional por ausencia de resultados hasta el momento.

Así transcurrió la tarde de este lunes la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, ante los diputados locales, quien también llevó a cabo este acto en una sede alterna, al igual que el secretario general de Gobierno, debido a la ‘toma’ del recinto legislativo desde la mañana de ayer.

El funcionario reconoció que hay “retos importantes” que se derivan de la dificultad del problema de inseguridad y de la movilidad de los grupos del crimen organizado que afectan, principalmente, precisó, a sus antagónicos pero que “están afectando el ánimo ciudadano”.

No obstante, destacó que se ha trabajado tanto en la contención como en el combate a las causas de este fenómeno, es decir, en el ámbito preventivo.

“Nunca nos hemos cruzado de brazos, por lo que la estrategia integral en materia de seguridad siempre nos permite ir adecuando las acciones para cerrar el paso a los presuntos delincuentes”, apuntó.

Entre los resultados del último año de gobierno, Camberos Hernández mencionó el incremento en el estado de fuerza estatal de 442 a 499 elementos en el caso de la Policía Penitenciaria, de 239 a 251 en cuanto a la Policía de Seguridad Vial y de mil 387 a mil 199 policías estatales.

En torno a esta última corporación, el secretario sostuvo que “es la responsable de mantener la contención de los grupos del crimen organizado y brindar protección” en todo el territorio estatal por lo que es indispensable fortalecerla con herramientas y equipo necesario para que los elementos puedan proteger su integridad y la de la población.

Destacó también la ampliación del convenio para la operación de la Policía Metropolitana que pasó de estar en dos a siete municipios con un total de 177 efectivos, de los cuales 91 son policías estatales y 86, municipales.

Respecto al incremento del número de agentes, el secretario hizo un llamado a los alcaldes para que “se involucren” más en los procesos de reclutamiento y selección de los aspirantes para conseguir una disminución en el nivel de reprobación que actualmente hay en los exámenes de control y confianza que son necesarios para ingresar a cualquier corporación policial.

Los aseguramientos de droga, decomisos de armas y detención de personas fueron algunos de los datos destacados por el secretario frente a los legisladores locales.

El funcionario informó que en el último año fueron aseguradas más de 22 mil 300 dosis de droga. Casi el 70 por ciento de ellas corresponde a mariguana, el 20.6 por ciento a ‘cristal’ y el 11 por ciento a cocaína.

También señaló que de septiembre de 2018 a agosto de 2019 se decomisaron 437 armas: 273 cortas y 164 largas, así como más de mil cargadores y 10 mil 666 cartuchos útiles. Igualmente habló de las aprehensiones llevadas a cabo por las corporaciones estatales y dijo que fueron detenidas en este periodo 2 mil 438 personas.

Uno de los cuestionamientos de los diputados se enfocó a las condiciones que hoy en día presenta el sistema penitenciario. En ese tenor, el secretario de Seguridad Pública informó que actualmente hay mil 980 personas privadas de su libertad en los penales del estado, a las que se suman 83 adolescentes que están en el Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil.

Recordó que, tras hacer un análisis de la situación en la que se encuentran estos centros, sobre todo las cárceles distritales, se determinó la necesidad de cerrar seis de ellas.

Aun así, hasta el momento el Poder Judicial sólo ha autorizado la clausura de dos de estos establecimientos, mientras que el resto continúa operando sin las condiciones mínimas de seguridad ni para garantizar los derechos humanos de los internos.

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