■ Comentarios Libres Marchas que exigen represión

■ Comentarios Libres Marchas que exigen represión

Como desde hace medio siglo, el miércoles pasado se conmemoró la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Eventos alusivos a esa fecha, fueron organizados por universidades públicas, escuelas normales y otras instituciones educativas, en algunas entidades del país. Destacan las marchas. En CDM inicio a las 16.00 horas en La Plaza de las Tres Culturas y finalizó en el Zócalo. Duró aproximadamente 3 horas y la participación, según cifras oficiales fue de diez mil personas.

Bien por las marchas. Son una de las formas del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En ellas, se manifiesta el repudio en contra de un mal gobierno. Se demanda la reivindicación de los derechos desconocidos y lesionados por el Estado; también, son buena oportunidad para la exigencia de compromisos gubernamentales en deuda con el pueblo.

Pero la libertad de expresión, no se refiere solo a la palabra, tampoco se restringe a la escritura. Existen variadas formas: por supuesto las dos mencionadas, música, artes plásticas, pintura, arquitectura, escultura… todos los seres humanos son libres para expresar sus ideas, pensamientos, opiniones y sentimientos a través de ellas.

Entendidas así, como libertad de expresión, las marchas tienen sustento constitucional. Los dos primeros renglones del artículo 6 de la CPEUM indican: “La manifestación de las ideas no son objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa…” A su vez, el numeral 7 inicia: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio…” El artículo 9 dice: “no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito…no se considera ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad…”

Sin embargo, debe quedar plenamente establecido que las marchas no son sinónimo de vandalismo. Tampoco justifican todo tipo de conductas delictivas. Esta diferencia deja en claro, que los participantes no se encuentran excluidos de las normas del derecho penal, quedan sometidos a ellas como cualquier otra persona ajena o no, a esos eventos.

La marcha del 2 de octubre, como otras que recientemente se han realizado, se caracterizó por actos vandálicos. Quizá en sí, pudo ser “pacífica”, pero personas de rostro cubierto y vestidas de negro, ¿se infiltraron?, para causar daños patrimoniales a inmuebles públicos y privados, afectando comercios y todo tipo de negocios con pérdidas económicas millonarias. Además, pusieron en riesgo la vida e integridad de las personas, aún de aquellas ajenas, con saldo de algunas heridas.

No obstante, ante ese panorama, tanto el Presidente AMLO como la Jefa de Gobierno de CDM, insisten en que ese vandalismo son actos de provocación, que no caerán en ella, y que por parte del gobierno no habrá represión para los autores.

¿?

Me da la impresión de que ambos, han olvidado que vivimos en un estado de derecho, donde el primero está dotado de poder, de instituciones, de normas que mediante su aplicación, garantizan la convivencia, por decir “civilizada” entre los seres humanos, porque “ya no vivimos en la edad de la barbarie, donde imperaba la ley del más fuerte” (solamente por decir (sic). Lo real, existe a diario).

El poder, le permite al Estado, tener a su cargo, una fuerza pública, que garantice, además de la vida e integridad de las personas, paz social, el bien común.

La estrategia del Presidente para enfrentar este problema es mala. No se entiende que ante actos vandálicos de esa naturaleza, la policía únicamente se encuentre de cuerpo presente, “en calidad de bulto”, observando pasiva y pacíficamente, cuanto destrozo ocasionan personas con rostro cubierto, pertenezcan o no a las marchas.
¿Dónde queda la seguridad pública? ¿No se destina un presupuesto a ella?

Esta actitud pasiva tiene que cambiar. Tanto el Presidente AMLO como demás autoridades, deben darse cuenta que todo derecho a la libertad de expresión es bueno. Más aún, si su ejercicio se da bajo un gobierno de izquierda como el que ahora tenemos en México.

Hay libertad para expresarse. Toda persona puede ejercer ese derecho. Pero esta libertad tiene un límite. Es justamente donde inicia el derecho de los demás. Por eso, el artículo 6 constitucional los enumera:

Ataque a la moral. Ataque a la vida privada. Ataque los derechos de terceros. Provocar algún delito. Perturbación del orden público. Por su parte, el artículo 7 indica como límites al derecho de la libertad de imprenta los mismos señalados anteriormente. El artículo 9 indica como límites: reunión armada. Injurias a la autoridad. Uso de violencia o amenazas para intimidarla. Obligarla a resolver en el sentido que se desee.

Esa tolerancia gubernamental, ha sido una constante en marchas de mujeres, maestros, caso Ayotzinapa…

Nada de esto tiene semejanza con el Movimiento Estudiantil de 1968. Su principal motivo de lucha fue la libertad bajo un gobierno represor.

Me pregunto: ¿cuál sería la actitud del gobierno de la 4T, si los empresarios y particulares, contrataran seguridad privada, para protegerse contra el vandalismo derivado de las marchas, haciendo justicia por su propia mano?
Están en derecho. ■

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