■ Zacatecas debe regresar los recursos a la Tesorería de la Federación por anomalías en su aplicación
■ Del resto, relativo a los fondos del Gobierno estatal, 80% tiene que ver con observaciones realizadas a la administración de Miguel Alonso Reyes
■ Jorge Miranda afirma que ninguna de las observaciones de las que se deriva el monto de 2 mil 230.6 mdp son graves y aunque no sean solventadas no amerita regresar fondos
■ De no lograr desvirtuar los señalamientos sí tendrían que proceder a la devolución del recurso: Paula Rey Ortiz Medina
De los más de 2 mil 320.6 millones de pesos que, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP) federal, Zacatecas debe regresar a la Tesorería de la Federación por irregularidades en su aplicación, más de mil millones corresponden al presupuesto de la Benemérita Universidad Autónoma del estado (BUAZ), mientras que del resto, relativo al recurso del Gobierno estatal, el 80 por ciento tiene que ver con observaciones hechas a la administración pasada de Miguel Alonso Reyes.
El secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, hizo el desglose de este monto que forma parte de más de 20 mil millones de pesos que 31 entidades federativas tendrían que devolver a la Federación por no haber solventado las observaciones hechas en diferentes auditorías desde 2013 hasta 2018, según los datos dados a conocer en el primer informe de la SFP.
No obstante, hubo una serie de contradicciones entre las declaraciones dadas por Miranda Castro y las aportadas por la secretaria de la Función Pública estatal, Paula Rey Ortiz Medina.
El secretario de Finanzas sostuvo que ninguna de las observaciones de las que se deriva el monto de 2 mil 230.6 millones de pesos son graves y por ello, aunque no sean solventadas, no implicarían un reintegro del recurso a la Federación sino tan sólo recomendaciones administrativas.
Mientras tanto, la secretaria de la Función Pública expuso que de no lograr desvirtuar los señalamientos sí tendrían que proceder a la devolución del recurso.
En este sentido, dijo que el proceso de solventación de los señalamientos hechos en 2017 y 2018 todavía está en proceso de presentación de pruebas y de análisis.
No obstante, agregó que el de los años de 2013 a 2016 ya está en la fase final y se espera saber a finales de este año cuántas observaciones pudieron solventar y cuál es el monto final, si es que así se determina, que deberán devolver al gobierno federal. La funcionaria confió en poder aclarar por lo menos el 80 por ciento de todos los casos que involucran los 2 mil 320 millones de pesos.
Otra diferencia en las declaraciones estuvo relacionada con el contenido de estos señalamientos, pues el secretario de Finanzas dijo que de los relativos al Gobierno estatal la mayoría está relacionado con la falta de aportación estatal para completar los paripasos del recurso destinado principalmente al Cobaez y al Cecytez.
Al respecto, Miranda Castro mencionó que en este tema Zacatecas ha recibido “mal trato de la Federación”, ya que en la entidad se debe aportar un 50 por ciento del recurso, cuando en otros estados la proporción es hasta de un 20 por ciento frente al 80 por ciento que da el Gobierno de la República.
Concluyó que la publicación de esta información “genera sorpresa y nos causa un poquito de escozor”, ya que consideró que está “sobredimensionada”, debido a que reiteró que no se trata de casos graves, por ejemplo, de desvío de recursos o peculado.
La secretaria Ortiz Medina indicó, por el contrario, que el mayor porcentaje de los recursos observados tiene que ver con obra pública.
Entre los señalamientos en este rubro están los hechos por obras que no fueron concluidas en el plazo programado para su ejecución o cuyo presupuesto no había sido comprometido en el año en el que estaban contemplados los trabajos.
Por este desfase, puntualizó, “se pide el reintegro en automático”; sin embargo, precisó que en las mesas de trabajo que han tenido con la autoridad federal se ha abierto la posibilidad de que puedan demostrar que a la fecha esas obras ya están terminadas y en funcionamiento y añadió que, para este fin, ya se envió la documentación correspondiente.
Asimismo, sostuvo que otras observaciones en materia de obra pública tiene que ver con cambios de conceptos en los proyectos o ampliaciones presupuestales de más de 25 por ciento del recurso fijado inicialmente sin contar con las autorizaciones necesarias.
