■ SHCP puede identificar la aplicación de recursos de manera directa
Teresa Villegas Santillán, directora de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), afirmó que la inserción de la Ley de Contabilidad Gubernamental de la Máxima Casa de Estudios ha permitido un mejor proceso administrativo y mayor transparencia en el ejercicio de recursos.
“La Universidad está obligada, como cualquier ente público, a llevar la contabilidad gubernamental y ésta se implementó a partir de este año. Consiste en una plataforma para darle cumplimiento a la ley general y es positivo porque la UAZ debe cumplir en ese sentido”, indicó.
Refirió que la Ley de Contabilidad Gubernamental ayuda a que la Secretaría de Hacienda identifique la aplicación de los recursos de manera directa, y cuyos informes y reportes sirven para detectar o corroborar el ejercicio de los recursos.
Explicó que esta ley no contempla contrataciones o convenios como los suscritos en el mecanismo de triangulación de recursos al que se le ha llamado “La Estafa Maestra”, pero en la UAZ pudo haberse detectado el manejo de los recursos.
Villegas Santillán señaló que ignora la procedencia de los convenios que se firmaron en la UAZ, al interior de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, y que a la postre resultaron ser parte de ellos, pero si ya hubiese injerencia de la Ley de Contabilidad Gubernamental, seguramente se habría detectado más fácilmente el movimiento de esos recursos.
Subrayó que a partir de la actual administración en esa unidad académica no se han suscrito convenios similares ni recursos que se obtengan por ese medio, sino solamente las cuotas escolares de los alumnos y los cursos que se imparten.
Cabe recordar que la anterior dirección de la Unidad Académica de Contaduría y Administración se involucró en convenios que fueron relacionados con la llamada “Estafa Maestra”, un esquema mediante el cual dependencias federales triangularon recursos hacia empresas fantasma.
En ese proceso, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, recurría a universidades públicas, entre ellas la UAZ, para que éstas realizaran determinados proyectos a cambio de la asignación de recursos y a su vez éstas subrogaran servicios a empresas fantasma, ello mediante licitaciones irregulares.
En el caso de la UAZ se constató que la institución compraba insumos de papelería a empresas fantasma con dirección fiscal en el estado de Puebla y también en la Ciudad de México.
