■ También hay dudas sobre tenencia de la tierra del 100% de las hectáreas requeridas para la obra
■ Hay señalamientos de la ASE que aún no han sido aclarados y que podrían derivar en posibles sanciones resarcitorias por más de 12 mdp
Desde la Federación, concretamente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), uno de los argumentos esgrimidos para retirar el recurso de 504 millones de pesos que este año se tenían presupuestados para la construcción de la presa Milpillas es la falta de certeza en la liberación del uso de suelo y de la tenencia de la tierra del 100 por ciento de las hectáreas que se requieren para la obra.
Precisamente en torno a esta adquisición de los terrenos, obligación del Gobierno del Estado de acuerdo con el convenio que se firmó entre éste y la Conagua en 2014, existen señalamientos de la Auditoría Superior del Estado (ASE) que aún no han sido aclarados y que podrían derivar en posibles sanciones resarcitorias por más de 12 millones de pesos.
Y es que el Gobierno estatal contrató a una empresa para que tuviera acercamientos con los ejidatarios y propietarios de las tierras donde se construirá la presa, a fin de fijar los precios de sus tierras y proceder así con su adquisición.
En la auditoría realizada a la cuenta pública 2016 se señala como responsable de esta situación ya a la actual administración gubernamental, ya que éste fue un proceso llevado a cabo después del cambio de gobierno, entre el 12 de septiembre y el 31 de diciembre de ese año.
En la observación, la ASE refiere que los 12 millones de pesos de presuntas irregularidades se derivan de la contratación del Corporativo Internacional Krystal S.A. de C.V. para realizar un “diagnóstico integral de los regímenes de propiedad, privada, así como ejidal y/o comunal en zona de inundación del vaso donde se construirá la presa Milpillas en el municipio de Jiménez del Teul, Zac., y línea de conducción para el abastecimiento de agua potable al corredor Zacatecas-Fresnillo”.
No obstante, al momento de la revisión el órgano fiscalizador advirtió que no existe la evidencia documental que acredite que estos trabajos se realizaron por lo que se desconocía el resultado que habían tenido.
Concretamente, en el documento de la cuenta pública se expone que no había “evidencia documental de los resultados correspondientes con los cuales haya dado cumplimiento con las obligaciones contraídas en el contrato” que se firmó el 9 de diciembre de 2016.
Los probables responsables de este hecho, aparte de la representante de la empresa Cristal Hernández Román, son el ex secretario de Agua y Medio Ambiente, Víctor Armas Zagoya, quien en ese entonces era el titular de la dependencia, así como el coordinador jurídico de esta instancia, Salvador Constantino Ruiz.
En el contrato con la empresa, que fue obtenido vía transparencia por el medio de comunicación zacatecano Colmena Informativa, se expone que se trató de una adjudicación directa que benefició a esta compañía asentada en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán.
El monto destinado por el gobierno estatal a este proyecto que llevaría a cabo la empresa Krystal fue de 12 millones 29 mil pesos y el corporativo estaba obligado a “realizar los trabajos y comprobar la ejecución de los mismos en un plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha de firma” del contrato.
