■ Contralores coinciden en la necesidad de reformas legislativas que den viabilidad a su trabajo
■ Diputado Raúl Ulloa reconoce que hay resistencias al interior de la Legislatura para avanzar en los cambios que se requieren
■ “Todos los partidos en el discurso están a favor de combatir corrupción, pero no se combate con discursos”: presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa
Por falta de recursos humanos y presupuestales, la mayoría de las contralorías de los municipios del estado están atadas de pies y manos al no poder actuar conforme lo marca la ley vigente, por lo que es indispensable que se impulsen reformas a la legislación que las rige.
Durante una capacitación realizada en la Auditoría Superior del Estado, por parte de los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en el primer espacio abierto a preguntas de los contralores y titulares de los órganos internos de control de organismos autónomos comenzó a analizarse esta situación, en la que hubo coincidencia entre todas las personas que intervinieron.
El coordinador de contralores, y titular de esta área en el municipio de Fresnillo, Edmundo Guerrero, aseguró que más de la mitad de los municipios no tiene el personal mínimo que exige la ley para las contralorías y que deben ser tres personas.
Destacó que incluso en algunos ayuntamientos tan sólo hay una persona, el propio contralor, quien ni siquiera tiene “un espacio físico en la presidencia y atienden desde su casa o desde una plaza pública”, además de que advirtió que hay un municipio, El Salvador, en el que no se ha designado todavía al contralor.
El funcionario municipal dijo que sólo el 10 por ciento de las contralorías del estado tiene ya aprobado por los cabildos su integración conforme a las exigencias de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Por su parte, el auditor Superior del Estado, Raúl Brito Berumen, explicó que por ley las contralorías municipales deben tener tres áreas, cada una encabezada por una persona distinta, y que son la investigadora, la substanciadora y la resolutora.
No obstante, reconoció que “a veces son municipios tan pequeños de 2 mil 500, 3 mil 4 mil habitantes y sí es complicado desde el tema presupuestal contratar a más personal, hacer más burocracia cuando los municipios a veces no tienen para pagar la nómina ni el Seguro Social; y es complicado (porque), aun cuando se hace el esfuerzo y se tiene presupuesto, a veces no se encuentran los perfiles necesarios”.
Otra de las autoridades presentes en el evento fue el diputado local, Raúl Ulloa, presidente de la comisión legislativa del Sistema Estatal Anticorrupción, quien coincidió en la necesidad de hacer reformas a las leyes en la materia para dotar de estructura y recursos, personales, materiales y presupuestales, a las contralorías municipales y también a los órganos internos de control.
En el caso de los ayuntamientos dijo que inclusive debe modificarse la forma en la que son designados los contralores para que ya no sea la responsable de este nombramiento la primea minoría sino que la persona a cargo de esta área sea asignada por el cabildo con base en un perfil técnico y no político.
Esta propuesta de modificación ya está al interior de la Legislatura, ya que desde hace meses se presentó una reforma en este sentido; sin embargo, dijo que hay resistencias al interior de la Legislatura y de los grupos parlamentarios.
“Hay resistencia al interior del Congreso porque no deja de ser un coto de poder, donde colocas al compadre, al amigo, que no tienen muchas veces el perfil”, expuso.
Resaltó que este tema no es el único que en torno al combate a la corrupción ha encontrado la oposición de ciertos grupos de diputados, pues recordó que, pese a que la fecha límite fue el 4 de marzo, hasta el momento no se ha conformado el órgano interno de control de la propia Legislatura.
En este caso señaló de manera directa a los legisladores del PRI de romper el quórum durante la sesión en la que se pretendía abordar este asunto, por lo que ya no se trató y hasta la fecha no ha vuelto a incluirse en el orden del día de ninguna sesión. “Hay resistencias; somos los primeros que estamos violentando la ley”, puntualizó.
El diputado también habló de las resistencias que hay dentro de los ayuntamientos para la operación al 100 por ciento de las contralorías; “a los alcaldes no les gusta ser vigilados y no les dotan de los recursos y herramientas” que requieren para trabajar, sostuvo.
Ante este panorama que mostró el legislador, intervino uno de los asistentes a la capacitación, quien señaló: “Aprovéchenos. Somos muchos y podemos ir a tomar el Congreso” en caso de ser necesario para presionar a quienes no quieren que estos cambios avancen.
La cuestión de la voluntad política que debe haber para que, como autoridades, los gobiernos municipales faciliten información y colaboren en las revisiones y auditorías que realicen las contralorías también fue un punto destacado por la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Raquel Velasco Macías.
La magistrada se refirió a este tema y dijo que “todos los partidos en el discurso están a favor de combatir corrupción, pero no se combate con discursos, son las acciones reales las que van a evidenciar el compromiso verdadero” y concluyó que si no hay apoyo por parte de los alcaldes o los titulares de los organismos autónomos y dependencias “es letra muerta lo que establece la ley”.
