Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha llevado a la luz pública, de una vez por todas, las informaciones inconexas y datos desarticulados alrededor de la “exitosa” carrera de Carlos Lomelí Bolaños como empresario farmacéutico.
Si algo hay que agradecerle a la investigación que realizó la organización que patrocina Claudio X. González, es que dotaron de cuerpo y estructura las acusaciones alrededor del zar de las medicinas quien ha apadrinado las aspiraciones de Andrés Manuel López Obrador en sus tres intentos por obtener la presidencia de la república.
A cambio, el contratista ha recibido adjudicaciones directas y se ha visto favorecido en distintas licitaciones que permitieron el crecimiento de empresas como Lomedic, Laboratorio Solfran, Corporativo Internacional Vigilando Tu Salud, Laboratorio Bioterra de las cuales aparece como propietario de acuerdo con la investigación.
No son las únicas. Abisalud, Lo Vending Group, MC-Klinical, Proveedora de Insumos Hakeri y Grupo Quiropráctico del Bajío, han crecido a la sombra del éxito del político y empresario. Las anteriores son empresas no declaradas por Lomelí Bolaños, pero que de la auscultación periodística se desprendió que estaba registradas a nombre de familiares y colaboradores del hoy Delegado de Programas Sociales en Jalisco.
En esta historia, Zacatecas no permanece al margen. Dos datos trascienden entre las múltiples informaciones detrás de la carrera política y financiera del jalisciense. De acuerdo con una nota del diario Excélsior, fechada en junio del 2012, en el desarrollo de su “emporio farmacéutico” y sus aspiraciones políticas Carlos Lomelí encontró “buenas relaciones” con el coordinador de la segunda campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, el entonces senador por Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila.
Esa cercanía se construyó tiempo atrás, pues queda en registros de Excélsior que, en el año de 2001, cuando Ricardo Monreal “era gobernador de Zacatecas, lo nombró [a Lomelí Bolaños] ‘ciudadano distinguido’ de la capital del estado, luego de organizar un foro sobre farmacodependencia en esa ciudad”.
El segundo dato lo ofrece la Abastecedora de Insumos para la Salud S.A. de C.V., empresa que, según la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, registró como su apoderado legal a Mario Vargas Lomelí, sobrino del delegado de Jalisco. En su portal de internet Abisalud enlista a los Servicios de Salud de Zacatecas en el apartado “Clientes Satisfechos. Estas son algunas de las empresas con las que hacemos equipo”.
El isologo pertenece a la imagen institucional durante el sexenio de Miguel Alejandro Alonso Reyes, y comparte la lista de clientes con dependencias públicas federales como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, ISSSTE, IMSS, y servicios de salud estatales de San Luis Potosí, Ciudad de México, Tabasco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Nayarit.
Todas estas forman parte de un conglomerado de dinero público que entre 2013 y 2019 otorgó aproximadamente 150 contratos a Abisalud, y que le significaron unos 2 mil 188 millones de pesos a una parte de ese “emporio faramcéutico” del delegado.
De ello tenía conocimiento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que recientemente hizo público su Informe 2012-2018 sobre las diez empresas distribuidoras de medicamentos que obtuvieron la mayoría de contratos por Compras Consolidadas (CC) por parte del Gobierno Federal. En este, tres empresas del jalisciense destacan: Abisalud, Grupo Lomedic y Solfrán.
En la Cámara de Diputados, donde la mayoría aplastante de Morena rige, igualmente conocieron de los datos que revisó la oficina de Carlos Manuel Urzúa Macías. En voz del zacatecano Alfonso Ramírez Cuellar nació el compromiso de transparencia en licitaciones públicas, con distintos empresarios del ramo farmacéutico que pidieron a los legisladores revisar a fondo el informe de Compras Consolidadas.
Las audiencias con los productores y comercializadores de medicamentos tenían como objetivo anticiparse a las rondas de adjudicación directa y licitación internacional que la Secretaría de Hacienda comenzó a dictaminar desde el pasado 30 de abril y que concluirá el próximo 30 de junio. Su preocupación: además de otorgar contratos a las empresas de un delegado federal, éstas ya habían sido señaladas por vender medicinas a sobreprecio o de plano falsificadas, como el fármaco Aclasta (tratamiento para osteoporosis) que Abisalud vendió al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco antes del 2016.
La solicitud de los empresarios concluyó con la buena voluntad de los de la Regeneración Nacional que, a la postre y tan solo en este 2019, ya han otorgado siete contratos públicos (seis de los cuales fueron adjudicaciones directas) equivalentes a 138 millones 388 mil pesos para las arcas del delegado Carlos Lomelí Bolaños. Sus nuevos clientes: el Instituto Nacional de Pediatría, y los servicios de salud estatales en Veracruz y Chiapas.
Pese al exhorto legislativo de diciembre del 2018, donde la Permanente del Congreso de la Unión solicitó a las Fiscalía y Auditoría de Jalisco investigar el “emporio farmacéutico”, en la Cuarta Transformación los compromisos se honran. ¿Castigo a la corrupción, a los expresidentes y exgobernadores? Una retórica cada día más desgastada.
Twitter: @GabrielConV
