Desigualdades regionales, reflejo de la falta de acción gubernamental: académico

Desigualdades regionales, reflejo de la falta de acción gubernamental: académico

■ Grupos de poder presionan para que el presupuesto favorezca a grandes urbes: Huerta

■ “La dinámica económica está determinada en mayor medida por las mayores regiones”

■ Persisten desigualdades regionales, como el desempleo y los bajos salarios

■ Son consecuencia de que los gobiernos no han instrumentado políticas de inversión y gasto a favor de las regiones más marginadas

 

Arturo Huerta González, investigador y ex coordinador del posgrado en Economía de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que las desigualdades regionales son reflejo de la falta de acción gubernamental, manifestada en los recortes presupuestales, como en una distribución del gasto público, que margina las regiones menos desarrolladas.

El desequilibrio económico territorial en la mayoría de los países, puntualizó, se explica por la concentración del poder económico, político y financiero que se asienta en las ciudades más importantes. Y mientras continúe el poder económico ubicado en las grandes urbes y no se realicen fuertes inversiones y gastos en las regiones menos desarrollas, no hay forma de reducir los desequilibrios existentes, puntualizó.

Huerta expuso que esos grandes mercados siguen atrayendo inversiones, por lo que se acentúan las desigualdades regionales, reflejando éstas, desigualdades de rentabilidad y de opciones de inversión.

En las grandes ciudades, además de concentrarse el poder económico, financiero y político, se encuentra el capital humano mejor calificado, como las mejores universidades, por lo que las empresas, además de contar con el mercado para sus productos, cuentan con la mano de obra calificada para su producción.

Las cinco entidades federativas de mayor participación en el PIB nacional en 2017, son: CDMX (17.5), Estado de México (8.9%), Nuevo León (7.3%), Jalisco (6.9%) y Veracruz (4.6%), y ello suma el 45.2% del total nacional.

Las cinco entidades federativas que menos aportan al PIB nacional son: Zacatecas, Baja California Sur, Nayarit, Colima y Tlaxcala, y en conjunto aportan el 3.6% del total.

Los grupos de poder económico presionan para que el presupuesto federal favorezca a las grandes urbes, a costa de sacrificar al resto del país, lo que acentúa las desigualdades regionales, como la desigualdad del ingreso y de la riqueza.

Asimismo, “la evolución de las disparidades regionales está fuertemente relacionada con el desempeño económico nacional”. Ello es debido a que la dinámica económica está determinada en mayor medida por las mayores regiones, lo cual mantiene las disparidades regionales.

Las políticas de libre movimiento de mercancías y capitales, y las políticas macroeconómicas de ‘estabilidad’ (alta tasa de interés, apreciación cambiaria y austeridad fiscal), han frenado el crecimiento económico y acentuado las desigualdades regionales y salariales. Tales políticas han empeorado la vida de la población más desfavorecida de las diferentes regiones en nuestros países.

El investigador señala que la mayoría de los municipios enfrenta altos niveles de endeudamiento, que limitan su capacidad de gasto e inversión. Las partidas presupuestales federales que reciben se destinan al pago de la deuda, por lo que no muestran condiciones de crecimiento, debido a que no hay incremento de gasto e inversión pública. Al no crecer ésta, la demanda está contraída, por lo que no se da la inversión privada, contribuyendo ello al contexto de estancamiento económico.

El hecho de que continúen los rezagos y desigualdades regionales, como el desempleo y los bajos salarios en éstas, ha sido consecuencia de que los gobiernos no han instrumentado políticas de inversión y gasto a favor de las regiones más marginadas en nuestros países. Éstas han quedado desamparadas y quedan sujetas a las decisiones de inversionistas nacionales y extranjeros que imponen condiciones a su favor.

En el caso de México, la apertura comercial ha traído consigo desindustrialización que ha impactado el crecimiento de ciudades y regiones donde se asienta la industria tradicional y ha dado paso al flujo de inversiones extranjeras que traen procesos productivos intensivos en mano de obra, caracterizadas como industrias maquiladoras, que se establecen sobre todo en la frontera norte, aprovechando las ventajas de localización, como la baratura de mano de obra.

Las ciudades de la frontera norte de México, donde se han establecido las maquiladoras de exportación, no se convirtieron en polos de crecimiento, dado el carácter de las exportaciones manufactureras que tienen alto contenido de importaciones. El valor agregado nacional sólo es la mano de obra, de bajos salarios, cuyo consumo viene de importaciones, no irradiando ello en el desarrollo de las regiones fronterizas.

Por más que los gobiernos siempre hablan de la necesidad de reducir los rezagos y desigualdades regionales, éstas continúan y hasta se acentúan.

El atraso que enfrentan muchas regiones, como las crecientes desigualdades regionales, han sido resultado en gran medida de la falta de política económica y de estrategias de desarrollo por parte de los gobiernos para atender dichos problemas.

El investigador señala que desgraciadamente, el sector hegemónico (que en las últimas décadas ha sido el sector financiero, como las empresas transnacionales) son las que determinan la política económica predominante. De ahí la libre movilidad de mercancías y capitales, como las políticas de alta tasa de interés, estabilidad cambiaria y austeridad fiscal. Ello ha actuado en detrimento del sector productivo, del desarrollo regional, del empleo y bienestar de la población.

Al dejar de actuar la política macroeconómica a favor del crecimiento económico, y al pasar a privilegiar al sector financiero a través de las altas tasas de interés, disciplina fiscal y estabilidad del tipo de cambio, las regiones, Estados y Municipios han pasado a verse rezagados e incapaces de hacer frente a los recortes presupuestales.

Si no hay política macroeconómica de apoyo, es decir, expansión del gasto e inversión pública, que desarrollen infraestructura y proyectos de inversión, así como facilidades crediticias y bajas tasas de interés, no se alcanzará el desarrollo regional y territorial. Al no instrumentarse una política económica que genere condiciones de desarrollo incluyentes, no se reducen las disparidades regionales.

Nuestras regiones por lo general no ofrecen centros de desarrollo tecnológico y mano de obra altamente tecnificada, que atraigan inversiones nacionales y extranjeras para establecerse para producir sobre todo para exportación, dada la contracción del mercado interno. Por lo general, nuestros gobiernos no realizan fuertes inversiones en ciencia y tecnología para apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico para el impulso de las fuerzas productivas y mejorar nuestra inserción en el contexto internacional y así potenciar un desarrollo que irradie efectos multiplicadores internos a favor de lo regional y nacional, que disminuya las presiones sobre el sector externo y nuestros requerimientos de entrada de capitales.

Huerta considera que las políticas de austeridad fiscal encaminadas a generar ahorros forzosos para el pago de la deuda, no sólo achica el tamaño del Gobierno Federal, están reduciendo significativamente la inversión pública y el gasto federal, sino que también las partidas presupuestales a los gobiernos estatales y municipales, mermando así la capacidad de gasto e inversión de éstos para atender los servicios públicos, como para impulsar el crecimiento de sus municipios, estados y regiones.

La austeridad fiscal impide financiar proyectos de inversión encaminados a encarar las desigualdades regionales. Los recortes presupuestales, están disminuyendo la inversión pública en infraestructura y en sectores estratégicos, que atenta sobre el desarrollo productivo, económico y social, sino también ha disminuido el gasto en ciencia y tecnología, el gasto social en educación, en salud, todo lo cual contrae la productividad, la actividad económica y la generación de empleo, así como los servicios públicos, deteriorando ello los niveles de bienestar de la sociedad, siendo los municipios medianos y pequeños los más afectados, pues tienen menos poder de negociación para evitar ser afectados con tales políticas.

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