■ “Esta ha sido una larga lucha que llevan las personas de la comunidad gay”
■ “El que se permita en el municipio de Zacatecas celebrar el matrimonio entre personas del mismo sexo, significa respeto a la dignidad humana, menos burocracia”
Juan Manuel Rodríguez Valadez, secretario de Gobierno del municipio de Zacatecas, mencionó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha pronunciado que es inconstitucional que un estado señale que el matrimonio sólo puede contraerse entre hombre y mujer.
Y el alcalde Ulises Mejía Haro se ha pronunciado porque ya no se obstaculice por medio de la burocracia a las parejas del mismo sexo a unirse en matrimonio. Por lo pronto, hay dos parejas en espera de contraer matrimonio en la capital.
El que se permita en el municipio de Zacatecas celebrar el matrimonio entre personas del mismo sexo, significa respeto a la dignidad humana, significa menos burocracia, y que las parejas ya no tengan que erogar un gasto por un amparo, señaló.
“Hay unos que sustentan con el derecho que les da su moral, su convicción ética, su convicción religiosa, a no aceptar los matrimonios igualitarios, y es respetable. Pero más respetable es que no impongan su forma de pensar, ni que se hable por todos, porque la sexualidad no se determina por decreto”, dijo el secretario.
Recordó que México tiene un tratado internacional que reconoce el derecho de las personas a la libre manifestación de su sexualidad, a que puedan casarse, a que no sean marginados y que puedan formar una familia.
Esta ha sido una larga lucha que llevan las personas de la comunidad gay, porque se reconozcan sus derechos, porque no solamente se buscan unir en matrimonio, sino tener derechos plenos, como el poder adoptar a un menor y formar una familia.
En el estado las iniciativas para modificar el código familiar y atender este tema han estado en la congeladora de la Legislatura por varios años. Pero los estados deben respetar el pacto federal del que son partícipes, y deben adecuar sus leyes acorde a los tratados internacionales.
Aclaró que el ayuntamiento no puede obligar a los ciudadanos a decidir sobre su sexualidad, tampoco puede obligar a los ciudadanos a que tramiten un amparo costoso para que la autoridad federal obligue al municipio a hacer su trabajo.
