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jueves, 28 marzo, 2024
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Una brevísima historia sobre democracia, transparencia y combate a la corrupción (Segunda parte)

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Por: Carlos Eduardo Torres Muñoz •

El derecho de acceso a la información, es un derecho humano. No podría entenderse tampoco, si no le damos el crédito que merecen las reformas de inicios de los noventas, que permitieron la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la arquitectura institucional que permitiría, años después, las reformas electorales más ambiciosas de las que el país tuviera memoria. Es en 1996 donde cerramos una primera etapa en lo electoral, sin embargo apenas se abría otra, un año antes, en la reforma al Poder Judicial, que permitió a la Suprema Corte de Justicia, la composición y la estructura constitucional que hoy conocemos.
Todo lo anterior fue antecedente de las elecciones de 1997, donde el partido, hasta entonces hegemónico, dejaría esta característica al perder la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y en 2000 la Presidencia de la República. Y es ahí, en la primera administración pública federal de la alternancia, donde un grupo de mexicanos, reunidos en Oaxaca, consolida la propuesta para crear en forma, la reforma, leyes e instituciones que harían posible, por fin, el derecho de acceso a la información y sus garantías. El recorrido a partir de ahí, seguro será materia de exposición de alguien más en esta mesa. Me urjo a llegar al punto actual: 2018. Para algunos la consolidación de la democracia (entre los que me cuento) para otros, la confirmación de nuestra transición, para unos más, la culminación. Sin embargo, nuestra tarea política transicional no habrá culminado pronto, el mayor reto, continúa siendo el combate a la corrupción. Diagnóstico en el que coinciden, el académico Mauricio Merino y la próxima Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval: es nuestro gran pendiente, abatir los terribles números en materia de impunidad, corrupción y desconfianza ciudadana en las instituciones. En ese orden me atrevo a ordenarlas. Mientras la impunidad sea la regla, y no una extraña excepción, la corrupción permanecerá andando entre nosotros como una actividad inherente a nuestra vida pública. Ello impedirá en todo momento, que los mexicanos accedamos a la certidumbre que permite la ley respecto al actuar de nuestras autoridades, pero también, a la incertidumbre que acompaña a la democracia, y que es tan sana para todo cuerpo político.
Si no logramos esto, estaríamos en el peor de los mundos, uno que advirtió un joven maestro de Derecho en 1998, hoy Ministro de la Suprema Corte de Justicia saliente, Ramón Cossío Díaz: En el caso de que, por un lado, se logre que la Constitución recoja el modelo constitucionalista pero, del otro, las condiciones de corrupción prevalecientes se mantengan, lo único que se estará haciendo es conferir una enorme y poderosa legitimidad a los titulares de los nuevos órganos del Estado, sean del partido político que se quiera.
Es por ello, que es justo en este contexto, en el que urge que, logremos articular lo logrado en las reformas constitucionales de 2014 (Sistema Nacional de Transparencia) y 2015 (Sistema Nacional Anticorrupción), con la demanda ciudadana expresada en las urnas el pasado primero de julio. Solo transformando nuestra cultura del Estado de Derecho, que necesariamente requiere como uno de sus ingredientes inherentes, la rendición de cuentas, es como lograremos, de verdad, hacer historia.
*Una versión de este texto fue expuesto en el marco del Primer Foro Estatal “Nuevo Gobierno, nuevas políticas públicas”, que tuvo lugar en la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, del 24 al 26 de septiembre de 2018. ■

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@CarlosETorres_

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