La desaparición de personas en México es un problema que data desde los 70

La desaparición de personas en México es un problema que data desde los 70
El pasado Día de la Madre, a lo largo y ancho del país y por primera vez en Zacatecas, miles de mujeres que buscan a sus hijos marcharon para reclamar su aparición con vida FOTOS: ANDRÉS SÁNCHEZ

Impunidad se mantiene constante al no haberse adoptado las medidas apropiadas: ONU

Desafío, implementación eficaz de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada

 

“Las ausencias pesan a lo largo del año pero hay días en los que muerden. Para muchas de estas familias, especialmente para las madres, las heridas volverán a supurar”, así adelantaba Alan García Campos, jefe de la Unidad de Análisis de la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos de la ONU-México, el sentimiento que privó el pasado Día de la Madre, en que a lo largo y ancho del país, también por primera vez en Zacatecas en consonancia, miles de mujeres que buscan a sus hijos e hijas marcharon para reclamar su aparición con vida.

Convocado a participar en el Foro de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares en el Estado de Zacatecas que se celebró el pasado 9 de mayo, el funcionario dijo a las zacatecanas que se manifestaron, “quisimos acompañarles con un mensaje de aliento, de respaldo a su legítima causa”.

La desaparición de personas en México es un problema que data desde la década de los años 70 en el contexto de la Guerra sucia. Es un pasado que es presente el país, dijo García Campos, en la medida en que sigue siendo un pendiente la localización de aquellas personas pero también porque la impunidad se mantiene como una constante al no haberse adoptado desde entonces las medidas apropiadas para enfrentar estos crímenes.

En sustento precisó, “no hay ninguna persona que haya rendido cuentas ante la justicia en razón de las desapariciones forzadas cometidas en el contexto de la Guerra sucia, estamos hablando de una impunidad absoluta”.

Y agregó que actualmente las cifras oficiales acreditan “niveles inadmisibles, críticos, reprobables de ausencia de castigo”, que rondan entre 96 a 98 por ciento y que son “el principal combustible para la reproducción de esta conducta delictiva”.

Pero asociado, hay otro pasado que es presente y que se expresa como uno de los desafíos para la Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares (LGDFyDP) que, construida con la participación de los familiares de los desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil que los acompañan, propone más que el castigo privativo de la libertad para quienes cometen los delitos.

Ese desafío es “la brecha que tradicionalmente existe en México entre la adopción, expedición de una ley y su implementación efectiva”.
La situación crítica por la que atraviesa el país en materia de desaparición de personas no se explica por “un marco regulatorio deficitario” dijo, sino entre otras cosas en el caso de las leyes generales, porque no siempre se adoptan mecanismos para su “apropiación local. Esto lo hemos visto con otras piezas de legislación, esperamos que en caso de la LGDFyDP no ocurra lo anterior”.

Cabe recordar que justo el foro realizado el pasado 9 de mayo tuvo como finalidad plantear una serie de puntos que se integraron a una Carta-compromiso dirigida a los tres poderes del estado en Zacatecas, y que tienen como eje transversal y fundamental la integración en los diversos procesos de los familiares de las víctimas.

El documento y otros generados en ese espacio de discusión y análisis serán enviados también a la capital del país, y mediante la representación de Alan García Campos, a la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos de la ONU-México.

El funcionario planteó al respecto de la implementación en Zacatecas y en general en el país, otros retos, uno, “los limitados recursos que se están asignando” para ello.

El tema ya fue expuesto en la lectura del borrador de la Carta-compromiso que hicieron las madres de desaparecidos en Zacatecas durante la marcha del pasado 10 de mayo, y exigen que sea suficiente luego de enumerar una serie de requerimientos tanto materiales y humanos.

Alan García Campos también se refirió a la entrada gradual de la LGDFyDP prevista en sus artículos transitorios y la dilación en el cumplimiento de estos plazos, y agregó un reto más, fundamental para las familias de las víctimas, su incorporación en el proceso así como el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil en el mismo.

“No necesariamente todas las autoridades están incorporando a las familias de las víctimas (…) Desde ONU-México estamos muy convencidos de que una implementación efectiva es aquella que se realiza codo a codo con los y las titulares de derecho, con las víctimas.

En la medida en que se puedan generar sinergias virtuosas entre sociedad y gobierno, mayores posibilidades tendremos de alcanzar el fruto deseado de erradicar la desaparición en el país, de esclarecer los hechos, develar la verdad, proveer reparación y generar garantías de no repetición”. Estos últimos puntos que trascienden el tema punitivo en implementación de la LGDFyDP.

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