Dicha cantidad se suma a su dieta mensual y prestaciones como viáticos y gastos
Abarca el pago de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y los días de septiembre que aún estarán en funciones antes del cambio de Legislatura
Más de un millón de pesos es lo que cada uno de los 30 diputados locales recibirá el próximo mes de julio, únicamente por el concepto de herramientas legislativas y sin contar el salario y las demás prestaciones como viáticos y gastos de representación.
Esta cantidad abarca el pago de los “apoyos sociales” de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y los días de septiembre que aún estarán en funciones antes del cambio de Legislatura; por tanto, corresponden a recursos que, por un lado, se están reteniendo hasta que regresen los diputados con licencia y, por otro, se adelantarán cuando éstos vuelvan a ocupar sus puestos.
Fue este lunes, en la sesión ordinaria de la 62 Legislatura local, donde se evidenció que sí existe dinero programado para las herramientas legislativas durante los meses de abril, mayo y junio. Esto, a pesar de que los legisladores habían informado que para los meses de campañas políticas, tanto federales como estatales, no se había presupuestado recurso para esta partida.
Además, quedó de manifiesto que éste será entregado una vez que regresen a ocupar sus curules, para terminar el actual periodo legislativo, los diputados que ahora tienen licencia porque están contendiendo por otros puestos públicos como los de diputados federales y alcaldes o que buscan la reelección.
A ellos, junto con el resto de los diputados locales que continúan en activo, se les entregará en julio un total de 31 millones de pesos para “apoyos sociales”, partida polémica por la discrecionalidad en su aplicación y por no corresponder propiamente a la función legislativa.
Este hecho se hizo público en la sesión de este lunes cuando ocho diputados suplentes, seis del PRI, uno de Nueva Alianza y otro del Partido Verde Ecologista, se quejaron de que ellos no podrían aplicar en estos meses las herramientas legislativas y señalaron que no hay sustento legal para retener estos recursos.
Ante esto, leyeron un punto de acuerdo por el que proponen exhortar a los presidentes de las comisiones de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) y de Planeación, Patrimonio y Finanzas (PPF), a fin de que “se entreguen a cada diputado lo correspondiente a las partidas de Ayuda Social (Herramientas Legislativas) del mes de abril, mayo y junio respectivamente, de la manera que corresponda”.
Aunque pidieron que fuera considerada como una propuesta de urgente y obvia resolución, al final fue turnada para su análisis a comisiones y, en concreto, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Esta solicitud para que se les den los recursos que les corresponderían por el concepto de herramientas legislativas durante su trabajo como suplentes, dijeron en voz de la diputada tricolor Ana Gabriela Guerrero Quintero, la realizan con la finalidad de “hacer valer nuestros derechos como diputados”.
Además, aunque apuntó que tiene conocimiento de que “se ha orquestado en algunos acuerdos que no se entreguen estos apoyos”, añadió que esperan una respuesta favorable a su demanda para que “no se tenga necesidad de acudir a instancias jurídicas o poderes alternos”.
Los diputados suplentes, en su exposición de motivos, aseguraron que “no encontramos sustento legal para que se nieguen las herramientas a cada diputado y asimismo sabemos que es una indebida aplicación de dichos recursos toda vez que son inherentes al acceso y permanencia en el cargo de elección popular”.
Cada diputado recibe al mes, aparte de su sueldo y otros pagos como el de los viáticos, casi 197 mil 800 pesos. Por ello, el pago de los cinco meses que abarcan de abril a agosto, más los días que aún funjan como diputados en septiembre, ascenderá a la cantidad de un millón 35 mil 37.05 pesos, lo que hará un total entre los 30 legisladores de 31 millones 51 mil 111.5 pesos.
Buscan eliminar herramientas
legislativas y sesiones privadas
Precisamente en la sesión de este lunes, el diputado Luis Medina Lizalde presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Zacatecas, en la que se busca, entre otras cosas, eliminar las herramientas legislativas con el destino que actualmente tienen.
En las modificaciones se plantea que los legisladores “bajo ningún concepto podrán entregar ayudas sociales, con excepción de las que el Pleno autorice otorgar a la beneficencia pública u otros organismos o asociaciones con el mismo objeto”.
Asimismo, se propone establecer en la Carta Magna que “no podrán recibir bonos, compensaciones, gastos médicos mayores o alguna otra percepción en numerario o en especie extraordinaria a la dieta por el desempeño de su labor legislativa o por ocupar la titularidad de alguna comisión de gobierno o legislativa”.
Otros cambios se refieren a eliminar las sesiones privadas del Poder Legislativo, asentando en la constitución la obligatoriedad de que todas las sesiones sean públicas, y también a establecer sanciones para los diputados faltistas, de forma que “los diputados que no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin permiso de la Legislatura, perderán el derecho a la dieta correspondiente”.
Proponen cobrar sólo
el agua que se reciba
En la sesión de este lunes estuvo presente también el tema de las políticas de tandeo del agua potable y las fallas en el servicio que provocan ausencia del vital líquido en los hogares durante días o incluso semanas completas.
Por este hecho, la diputada Geovanna Bañuelos de la Torre presentó una iniciativa de reforma a la ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado para que, entre otras modificaciones, se incluya el derecho de los usuarios a pagar el agua potable sólo por los días en los que hayan recibido este bien básico.
Para materializar este hecho, la propuesta pasa por reformar el artículo 78 para que se establezca que el importe que pagarán los usuarios “deberá ser conforme a los días que recibió el servicio de agua potable en su domicilio”.
Así, según se señala en la exposición de motivos, se dejará de aplicar el sistema actual en el que “se cobra la tarifa o cuota de manera general” sin tener en cuenta cuántas veces en realidad se recibe el agua en los hogares.
Asimismo, la diputada planteó incluir en la ley la obligación de los organismos operadores de agua de garantizar el servicio por lo que, en caso de que la distribución falle, deberá “proveer el suministro del vital líquido a través de tanques cisternas”.
