Presidente de la Fecaazac puso ejemplos de casos que han generado discusión pública
“Los asuntos se inscriben en el contexto nacional y local, en las preocupaciones sociales”
José Pablo Mercado Solís opinó que el argumento del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Armando Ávalos Arellano, de que en los últimos dos años los jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado de Zacatecas no han emitido una sola sentencia que pueda considerarse de interés público, y que esa es la razón por la cual ninguna se haya publicado en el portal de transparencia del TSJZAC como lo especifican en el caso, los lineamientos técnicos del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales (SNT) derivados de la Ley General en la materia, no se sostiene.
“Yo creo que el señor magistrado ahí sí, si lo dijo de esa manera tan tajante, yo creo que sí hay un error en ese punto de vista”, dijo.
A consideración del presidente de la Federación de Asociaciones y Colegios de Abogados del Estado de Zacatecas (Fecaazac), se pusieron ejemplos de casos que en el estado han generado discusión pública en medios de comunicación y redes sociales, movilizaciones y protestas en reclamo de verdad y justicia.
Los asuntos se inscriben en el contexto nacional y local, en las preocupaciones sociales por el incremento de la violencia y sus víctimas e involucran delitos como el secuestro, el robo con violencia, el homicidio doloso o el feminicidio, entre otros.
Lo dispuesto por el SNT reza textualmente que “Los sujetos obligados –magistrados y jueces- pondrán a disposición en sus sitios de Internet y en la Plataforma Nacional, las sentencias de aquellos asuntos que durante su proceso de resolución trataron puntos controvertidos que le otorgan importancia jurídica y social, por tanto se consideran asuntos trascendentales para la nación; los cuales deben darse a conocer a la sociedad de manera oportuna”.
Mercado Solís trajo a colación algunos ocurridos hace algún tiempo en municipios como Jerez, Teúl de González Ortega y Fresnillo, y recientemente en la capital del estado, que pudieran inscribirse en los criterios que especifica el SNT.
“En fin, hay bastantes de esa naturaleza que pudieran clasificarse así, porque cada asunto tiene su modalidad muy específica (…) yo creo que el señor magistrado ahí sí, si lo dijo de esa manera tan tajante yo creo que sí hay un error en ese punto de vista”.
El pasado 23 de marzo EQUIS Justicia para las Mujeres y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) interpusieron un amparo indirecto en materia administrativa, respaldados por otras organizaciones como Artículo 19, contra 50 magistrados y jueces de la entidad buscando que el Poder Judicial de la Federación se pronuncie claramente respecto de cuáles son los criterios para considerar que una sentencia es de interés público.
El juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas admitió la demanda, que consideraron los actores en la misma, sucedió contra su pronóstico, pues lo común es que en estas instancias se rehúyan los litigios expuestos a la opinión pública y se dejan para que los resuelva un Tribunal Colegiado de Circuito.
Las organizaciones han dicho que la indefinición en el SNT al respecto de los criterios para considerar una sentencia como de interés público cuyos lineamientos se derivan de la Ley General de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, ha dejado a discrecionalidad de los jueces y magistrados el tema, que en el caso de Zacatecas y otras entidades, ha implicado justo que no se publique ninguna.
Consideran además que todas las resoluciones deben serlo porque su publicación mediante versiones públicas (esto es en las que se reserven los datos personales) es un medio de acceso a la transparencia y la rendición de cuentas en el caso de un Poder que no ha sido sujeto al escrutinio público en su quehacer.
Observan además que pueden constituirse en un medio didáctico y aun mostrar indicios de que los jueces y magistrados estuvieran colaborando o se vieran presionados por poderes fácticos, o bien, que resuelven respecto de mismos delitos con criterios diferentes si se compara el trabajo de impartición de justicia entre una entidad u otra de país, u omiten la perspectiva de género a la hora de juzgar, o los criterios de apego a los derechos humanos.
“Si lo vemos desde esa perspectiva desde luego que –las organizaciones- tienen razón porque efectivamente el Poder Judicial tanto federal como estatal han absorbido muchísimo recursos públicos para tener una capacitación, que mucha veces no se ve reflejada en sus resoluciones. Tenemos nosotros como abogados muchos conflictos de esa naturaleza con la diversidad de sentencias en un mismo Distrito, de un juez a otro se emiten con un criterio distinto”, dijo José Pablo Mercado Solís.
