Descargas eléctricas en los genitales, cabezazos que provocaron la rotura de dos dientes, puñetazos, rodillazos, patadas, golpes en la cara, brazos, piernas…Este listado de agresiones es el que tiene la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) en sus denuncias de lesiones cometidas por policías municipales.
La presidenta del organismo, María de la Luz Domínguez Campos, informó que en los últimos tres años ha habido 125 quejas en este sentido, así como de detenciones arbitrarias, y los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo encabezan la lista con mayor número.
Mazapil, Villanueva, Calera, Jerez, Jalpa, Genaro Codina, Morelos, Río Grande y Tlaltenango son otros municipios que también han tenido más de un reporte en estos años en contra de sus policías municipales por lesiones y por detenciones arbitrarias.
Estas quejas, dijo Domínguez Campos, “evidencian que no solamente no cumplen con su función los elementos policiacos municipales de detenerlos, sino que en ocasiones transgreden el marco normativo porque usan el exceso de fuerza y llegan al grado de lesiones”.
El llamado que por ello se hace desde la CDHEZ, señaló, se dirige tanto a los presidentes municipales y a los directores de seguridad pública para que los agentes de policía locales se apeguen a las normas vigentes y apliquen el uso de la fuerza pero “solamente la necesaria para someter al infractor”.
Esto es especialmente relevante debido al tipo de personas que detienen las corporaciones municipales, ya que éstas no han cometido delitos penales sino sólo faltas administrativas.
Por ello, insistió en que “eso significa que son personas que trabajan y viven dentro de la comunidad, que por determinada circunstancia hay violación al bando de policía y buen gobierno, pero no son conductas delictivas. Por consiguiente, no merecen el trato indigno que se les otorga”.
Asimismo la presidenta de la CDHEZ aseguró que en muchas de las ocasiones en las que se les da seguimiento a quejas por lesiones en la Comisión, los ayuntamientos no imponen sanción alguna a los elementos que han cometido las agresiones en contra de algún ciudadano.
Esto, a pesar de que son las autoridades municipales las que están obligadas a proceder en este sentido a través de la Comisión de Honor y Justicia, conformada por los regidores, síndico y director de la policía municipal.
A veces, precisó, únicamente se otorga una sanción administrativa que consiste en una amonestación privada o “si acaso” pública pero, en general, recalcó que no hay consecuencias para la actuación irregular del policía en cuestión.
Consideró que hay una doble daño hacia las personas víctimas de estos hechos, ya que primero con lesionadas y después obtienen como respuesta la impunidad. Por tanto, puntualizó, “no sólo vulnera los derechos humanos el policía que detuvo y lesionó, sino que también las comisiones de honor y justicia asumen un papel de complicidad al no someterlos a un procedimiento”.
Ante esta situación que se da año con año de denuncias de personas que son detenidas no sólo sin justificación, sino con un uso excesivo de la fuerza policial, Domínguez Campos apuntó “es evidente” que se requiere un protocolo para regular el uso legítimo de la fuerza tanto en la corporación estatal como en las municipales.
Sin embargo, éste no debe ser concebido como mecanismo de defensa y protección de la policía, como aseguró el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, en la reunión con secretarios de seguridad que tuvo este viernes pasado en Zacatecas.
Por el contrario, dijo la presidenta de la CDHEZ, este protocolo tiene que ser una herramienta hecha con el objetivo de garantizar que los elementos de policía cumplen con su obligación en el marco de la ley y también tiene que salvaguardar la vida, integridad y seguridad de los ciudadanos.
“Estos los protocolos no son para defensa de los elementos policiacos, sino que son un instrumento que permite de manera detallada cumplir con su función policiaca, apegada a los estándares internacionales, que significa respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legalidad (…), que no haya abusos ni excesos y, por consecuencia, no haya irregularidades”, concluyó.
