Javier Corral es un panista que nos recuerda a otros tiempos, cuando ese partido aún tenía una vocación de transformación política, fundada en ideales liberales, el federalismo y la oposición a un régimen hoy rebasado. Es un panista de oposición, aún en su propio instituto político. Suele suceder que, como en todo, hay actores políticos con más cualidades para ciertas funciones públicas que otras. Creo que es el caso de Javier Corral, quien siendo un parlamentario profesional y extraordinario, más bien ha quedado a deber en su papel de Gobernador de un estado tan complejo como Chihuahua. De hecho, según revela su trayectoria es el primer cargo que ocupa en un Poder Ejecutivo. Antes de incursionar en la lucha por el poder, fue periodista. Sus dotes como legislador, en tribuna y en la defensa de sus causas, son innegables. Sin embargo sus resultados como titular del Poder Ejecutivo de Chihuahua parecen demostrar que, como lo es, ambas funciones aunque complementarias, son distintas y que el quijotesco Corral no domina las dos.
Aunque la causa que hoy persigue Corral recorriendo el país es justa, y nadie podría objetar su legítima demanda de procesamiento de su antecesor en el cargo, César Duarte, fuera de la oposición y las legítimas pretensiones de ésta, es difícil entender qué hace un Gobernador con un estado con los problemas de Chihuahua, encabezando mítines rumbo a la Ciudad de México, cual campaña alterna a la de su (antes) rival, Ricardo Anaya (de quien por cierto esgrimió argumentos nada positivos en su batalla por encabezar Acción Nacional).
Dice Corral que en Chihuahua se rompió el pacto de impunidad. Su estado tiene una larga historia a la que México entero le debe en materia de transición democrática. Pero no así en materia anticorrupción. Para febrero de 2017, a un trimestre del arribo de Corral a la gubernatura, su estado era uno de los más atrasados en la implementación del Sistema Local Anticorrupción, según el Instituto Mexicano para la Competitividad. Su Ley (del Sistema Anticorrupción), fue promulgada apenas el 21 de octubre pasado, poco más de un año después de iniciado su gobierno. Además, según una nota de El Sol de México del pasado 19 de enero, firmada por Gabriel Jiménez: “El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Chihuahua es el más incompleto en todo el país, pues aunque ha homologado en lo general sus normas locales, no ha creado ni reformado una veintena de leyes secundarias, además de no ha nombrado integrantes del SEA, pese a que debió haberlo concluido el 18 de julio pasado, de acuerdo al seguimiento de los Sistemas Locales Anticorrupción.” Francamente no sé si sea el más incompleto del país, pues varios sistemas locales e incluso el nacional, adolece de varios nombramientos, pero lo que sí es claro es que, como se pudiera esperar de una entidad que hoy encabeza la lucha contra la impunidad en el país, no llevan la delantera en ese plano.
La impunidad además, no se traduce solo en su relación con la corrupción. México enfrenta hoy serios retos en materia de combate a la inseguridad, que es en gran medida una causa más de impunidad: la incapacidad del Estado (entendido en todos sus niveles y expresiones) para enfrentar dicho fenómeno. Lamentablemente Chihuahua tampoco tiene mucho que resaltar en ese campo. Según un reporte de la organización Semáforo Delictivo, ese estado fue uno de los que más casos de homicidio reportó en 2017. Es claro que nadie está exento de tan complejo problema, sin embargo, no veo a los Gobernadores con situaciones similares, recorriendo el país en una lucha que no rendirá frutos a los ciudadanos en el tema que más los preocupa con la inmediatez que la situación lo amerita.
Finalmente, quiero reiterar que este análisis no tiene por objetivo demeritar a Javier Corral, con quien la mayor de las veces coincido (principalmente en su denuncia contra la corrupción y la impunidad), pero sí fijar una postura frente a un desvarío en la función pública: el confundir la causa con la obligación. Hoy Javier Corral está cayendo en ello.
@CarlosETorres_
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