Dilación de la justicia, entre las principales quejas durante 2017 ante la CDHEZ

La “dilación o dilatación en la procuración de justicia” fue una de las principales quejas presentadas durante 2017 ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ). Éstas se dirigieron en contra de las agencias del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJEZ).
Este dato es uno de los que se incluyen en el informe de 2017 de la CDHEZ y su presidenta, María de la Luz Domínguez Campos, aseguró que la Policía Ministerial, la Policía Estatal y, en primer lugar, las corporaciones municipales son las autoridades que encabezan la lista con mayor número de quejas por parte de los zacatecanos.
Esto, sostuvo, “denota de manera muy clara que en Zacatecas los temas que más preocupan y que más afectan es el tema de seguridad pública, la procuración de justicia y esto es preocupante, pero también llama a hacer la exhortativa a las autoridades estatales y municipales a que se generen las condiciones de seguridad, tranquilidad y paz para los zacatecanos”.
Al hacer un repaso por las cifras y el trabajo que se realizó durante el año pasado en la comisión, Domínguez Campos informó que se abrieron 2 mil 996 expedientes, de los cuales 528 fueron quejas, 369 gestiones y el resto se trató de asesorías.
Asimismo, señaló que se emitieron un total de 15 recomendaciones a instituciones de carácter policiaco, a la Procuraduría de Justicia, a la Secretaría de Educación (Seduzac) y a la Secretaría de Salud (SSZ).
Todas menos una fueron aceptadas, pues recordó que en un caso se tuvo que pasar a una segunda etapa que consistió en la comparecencia ante los diputados locales de la funcionaria responsable de la negativa y que fue la secretaria general de Gobierno, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, por el caso del desalojo en la comunidad de Salaverna, del municipio de Mazapil.
De igual forma, como otra de las actividades destacadas de 2017, la presidenta de la CDHEZ recordó que se hicieron revisiones al sistema penitenciario y también, de manera específica, a los separos municipales de los 58 ayuntamientos.
En este último caso, expuso que se advirtió como preocupante el hecho de que en un periodo de ocho años hubiera habido 13 muertes al interior de estos espacios de reclusión que son para personas detenidas por faltas administrativas.
Esto motivó que se generara una recomendación general para los presidentes municipales, a fin de que modificaron lo necesario en cuestión de infraestructura y normatividad interna.
En este sentido, apuntó que “en las revisiones hicimos estas recomendaciones específicas para que sean los espacios de detención por violación a reglas administrativas en municipios lugares dignos en donde se preserve y se garantice la vida, la integridad personal, física y moral de los detenidos, máxime que se trata de detención solo por la violación a reglamentos municipales y sin embargo, a pesar de ello, en ciertos casos concretos por circunstancias muchas veces de carácter de salud las personas han perdido la vida”.