Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana, escribe en un artículo de reciente publicación en la revista Letras Libres, que “un sistema anticorrupción es el último recurso de una democracia amenazada y la nuestra lo está”. En efecto, el diseño interinstitucional del Sistema Nacional Anticorrupción es una medida urgente para salvar a la democracia en México, para evitar que el fracaso de la ética pública se convierta en el fracaso de la vida pública. Y hemos hecho bien en poner en manos de ciudadanos, con altas capacidades técnicas, pero sobre todo, de prestigio labrado en el tiempo y la congruencia, este esfuerzo del Estado mexicano.
Una de las experiencias que mejor sabor de boca dejó en la lucha emprendida por la sociedad civil en la búsqueda de la aprobación de la iniciativa ciudadana conocida como Ley tres de tres, fue la prudencia con la que la parte ciudadana se dirigió en todo el proceso de parlamento abierto: mientras la clase política buscaba descarrilar e incluso exponer la falta de oficio de los dirigentes civiles, éstos demostraron que gozaban de una astucia que terminó ganándoles la plaza. Con un profundo conocimiento de los temas que se trataban en la mesa, pero también con técnicas de negociación y exposición dignas de estadistas, Eduardo Bohórquez, y el equipo de representantes de las organizaciones civiles que lo acompañaron, demostraron la mejor cara de la política: dominio de los asuntos, entereza, prudencia, astucia bien intencionada y credibilidad.
Como bien lo dice Jaqueline Peschard, hoy Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en Nexos 481: “Creo que las organizaciones de la sociedad civil han ganado relevancia y confianza porque no son meros grupos de protesta, sino que desarrollan un trabajo profesional y especializado en los distintos campos de la vida pública para fundamentar su crítica.”
La vida pública no requiere de más desprestigio, al contrario: lo que hoy necesita es integrar el prestigio de personas con ética, decencia y dignidad públicas. Más que confrontación con el Estado, la coyuntura actual exige del rescate del Estado de Derecho. Hablamos claro del ente, no necesariamente de quiénes hoy son su encarnación, aunque el reto inherente es contar con la creatividad necesaria para poder separar al Estado de sus representantes, con todo y la historia que en este sentido nos persigue.
Colaborar corresponsablemente no significa necesariamente complicidad. Hay que gozar de una buena dosis de astucia que permita andar por las vías institucionales, sin caer en la pasividad que impida la acción; hay que saber agotar los mecanismos de la negociación y la presión, antes de la denuncia pública; se requiere de inteligencia para evitar el rompimiento y la alternativa intransigente. Requerimos pues, ciudadanos políticos y politizados, agentes de la vida pública que ejemplifiquen liderazgo con visión de futuro, el futuro de lo que será nuestro Estado una vez que lo conquistemos con las causas.
Regreso a Peschard: “En el futuro cercano, la ruta virtuosa abierta por ellas (las organizaciones de la sociedad civil) para la construcción institucional deberá de optar por la formación de coaliciones en torno a agendas prioritarias para evitar que el desencanto las obligue a replegarse. El momento de la sociedad civil seguirá enfrentando las dos amenazas: la resistencia del poder para someterse la interacción obligada con los ciudadanos, y la apuesta de quienes aprovechando la reprobación social pretenden sembrar el discurso de la suplantación de nuestra frágil estatalidad. Sólo si el momento de los ciudadanos se convierte en piedra angular del fortalecimiento institucional vislumbraremos un horizonte promisorio de construcción del Estado de derechos al que aspiramos.”
El rescate de la política, entendida como vida pública, actividad que nos concierne e interesa a todos, está ahí: en una ciudadanía activa, líder, comprometida y profesional en el ámbito del Estado. ■
@CarlosETorres_
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