Justo en el año anterior a la batalla electoral federal, vivimos uno de los peores años en cuanto a desarrollo humano se refiere. El impacto de las cifras pondrá a prueba la llamada inelasticidad electoral en México: la poca movilidad en el comportamiento electoral a presar de los malos resultados de los gobiernos en turno. La desproporción entre el tamaño de los escándalos de corrupción (por ejemplo) y el comportamiento social e institucional que debería reaccionar al respecto. Desproporción que lleva a la impresión que en México no-pasa-nada. Así las cosas, el escenario es privilegiado para poner a prueba la elasticidad o no de la sociedad mexicana en cuanto a la relación que hay entre resultados gubernamentales y conducta electoral.
La inflación va en 6.5 por ciento, aunque los precios de los alimentos se han incrementado por encima de ese porcentaje. Cifra que pone en riesgo los pequeños avances en la reducción de la pobreza. Se ha promocionado crecimiento en empleos, tanto en México como en Zacatecas: en la entidad se habla de 9 mil 576 empleos registrados en el Seguro Social, lo cual es 34 por ciento más respecto al ritmo del año pasado. Sin embargo, algunos analistas han comentado que se trata de mayores registros, no necesariamente de empleos nuevos. Esto es, que se puede confundir el crecimiento de la formalidad con el crecimiento de empleos propiamente dicho. Además, persiste el problema de la precarización de esos empleos en Zacatecas.
La situación más preocupante estuvo centrada en el tema de la seguridad: mientras la incidencia delictiva creció 13 por ciento, los delitos de homicidio y robo con violencia lo hicieron en un 38 por ciento. Una barbaridad. Estamos con ello ante uno de los años más violentos después de los eventos armados de la revolución mexicana. Al mismo tiempo que vivimos esa explosión de violencia abierta, veíamos pasmados escándalos de corrupción en la ya célebre Estafa Maestra, el caso Durarte y Odebrecht, aparte de un montón de otros casos mediáticamente menores. Lo cual debería de apurar a las instituciones a acelerar en las medidas anticorrupción, pero vimos exactamente-lo-contrario: el sistema nacional anticorrupción estaba detenido desde las cámaras legislativas y su implementación en los estados fue a paso de tortuga y tortuoso a lo largo del año.
En educación básica se mostró que la llamada Reforma Educativa estaba frenada en la implementación, la capacitación a los profesores exhibió enormes limitaciones al grado que Gobierno Federal le regresara esa función a los estados, pero sin dinero: 4.5 millones para 19 700 profesores en el caso de Zacatecas exhibe el ridículo en el que ha caído esa política educativa. En el caso de la educación superior, pues lo más relevante fue la crisis financiera de la UAZ junto a otras 6 universidades estatales, de 17 en crisis con problemas crónicos. El dato contundente es que salió Meade de Hacienda sin prestar el menor interés en resolver el problema estructural de las universidades estatales. Signo ominoso. En suma, el escenario que aquí se nos dibuja, usando los métodos de semaforización, es el del 2017 como un año rojo. Pero a la víspera de un año electoral.
