En AL leyes sobre desaparición forzada fueron elaboradas con participación de familiares de víctimas

En AL leyes sobre desaparición forzada fueron  elaboradas con participación de familiares de víctimas
Luciano Hazan, responsable del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ■ FOTO: TOMADA DE YOUTUBE

■ Hay omisión de herramientas como “el análisis del contexto o situacional”: Bermeo

■ Importante, la capacitación y profesionalización del personal que se dedicará a la investigación y la búsqueda de personas; “falta mucha formación”

En Latinoamérica las leyes sobre desaparición forzada y por particulares han sido elaboradas con la participación fundamental de los propios familiares de las víctimas. Esta cualidad fue destacada en la celebración del Tercer Observatorio Interamericano de Derechos Humanos por el responsable del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Luciano Hazan, destacó Ricardo Bermeo Padilla, integrante de Zacatecanos por la Paz.

El evento en que participó el activista se desarrolló en la ciudad de Saltillo, Coahuila, entre el 23 y 25 de noviembre pesado, y estuvo enfocado precisamente en el tema de recientemente aprobada (12 de octubre de 2017) Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en México.

Al respecto se expuso que en el caso mexicano, la participación de los familiares de desaparecidos es evidente, incluso para muchos de ellos “es su segunda ley”, luego de haber colaborado en la redacción e impulso de La Ley General de Víctimas, que les produjo “una gran decepción” respecto de sus resultados, dijo Ricardo Bermeo.

Por ello en esta ocasión además de impulsarla con vehemencia tenían muy clara la idea de lo que Ariel Dulizky, vicepresidente de la Fundación para el Debido Proceso y experto en Derechos Humanos llamó “las trampas de la institucionalización”, en una reunión celebrada con ellos hace poco.

Aseveró que en este momento “todo el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México está abocado al tema del proceso de implementación de la Ley General en Materia de Desaparición y mediante un control ciudadano para darle una dirección adecuada a fin de que no se “empantane y se convierta otro fantasma” como fue el caso de la Ley General de Víctimas.

La Ley en Materia de Desaparición Forzada y por Particulares incluye al Sistema Nacional de Búsqueda “que es el paraguas más amplio de la nueva institucionalidad”, donde están integradas todas las secretarías y procuradurías que tiene competencia en el tema; y asimismo a la Comisión Nacional de Búsqueda, instancia destinada específicamente para este propósito, además del Consejo Nacional Ciudadano, “que es para nosotros esencial”, integrado por familiares, académicos y Organizaciones de la Sociedad Civil que acrediten su experiencia y dedicación al problema de las desapariciones, expuso.

Esta normativa obtuvo presupuesto para el siguiente año a través de mediaciones y negociaciones, aunque no el que se había pensado, pero sí al menos, recursos que le permitirán operar en lo fundamental, dijo.

A partir de ello habrá otro problema que resolver, la distribución de los mismos entre las entidades federativas.

Bermeo Padilla también destacó como importante la capacitación y profesionalización del personal que se dedicará a la investigación y la búsqueda de personas, pues en términos generales “hemos encontrado que falta mucha formación”.

A las deficiencias en la investigación se suma la omisión de herramientas como “el análisis del contexto o situacional”, que permite cruzar un caso con un conjunto de ellos para identificar patrones que permitan comprender mejor cómo sucede el fenómeno de la desaparición forzada y por particulares, que además debe auxiliarse del uso de nuevas tecnologías, expuso.

Otro tema que se expresa como un reto luego de la experiencia que dejo la Ley General de Victimas es la importancia de la designación de los responsables tanto de la Comisión Nacional de Búsqueda como del Consejo Ciudadano.

Recordó que estos organismos se replicarán en los estados una vez que se armonicen sus legislaciones con la de orden general, por lo que “si no se tienen los mejores perfiles, y si no hay un proceso de profesionalización va a ser muy difícil que haya buenos resultados”

Otro punto importante a considerar, consideró Bermeo Padilla, es el reconocimiento de derechos específicos de las víctimas como la “Declaración de ausencia por desaparición”.

Dijo que en Zacatecas a pesar de estar reconocido “tenemos conocimiento de familiares que están atrapados en una maraña legal que no debería existir”, pues por diferentes razones no logran solucionar el problema de la personalidad jurídica en su calidad de víctimas, por lo que se les revictimiza, por ejemplo, respecto de temas como la patria potestad de los hijos.

También fue destacado en el Tercer Observatorio Interamericano de Derechos Humanos como relevante, la inclusión de los tres órdenes y tres niveles de gobierno para la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición.

Al respecto Luciano Hazan destacó tres elementos centrales: la existencia de la ley, la voluntad política para su implementación y la empatía social.

Sobre esta última Ricardo Bermeo expresó su interés pues, “la traduzco en la necesidad de que el conjunto de la población cobre conciencia de la gravedad e implicaciones del delito de desaparición de personas” y que produzca en la sociedad la movilización para ponerle un alto al incremento de los casos en general y a la inseguridad y la violencia que existe en el país.

Propuso como el mejor ejemplo y del que habló Hazan, quien fuera abogado por una década de las Abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, la reciente desaparición del activista y ecologista Santiago Maldonado, quien fue desaparecido y luego encontrado muerto.

Durante su desaparición se generalizó en la sociedad la necesidad de su localización, por ejemplo en los supermercados de repente paraban la música y otros anuncios para preguntar por el altavoz, “¿Dónde está Santiago Maldonado?”. Lo mismo ocurría en las estaciones de tren o autobús, relató.

Detrás de este fenómeno se encuentra el trabajo sistemático que por décadas han realizado los familiares de desaparecidos de la dictadura argentina, “que estuvieron picando piedra y abriendo caminos con muchas dificultades durante años, hasta que al fin con los Kichner tuvo mucha fuerza el tema de los derechos humanos como política pública”.

Así las desapariciones, y la búsqueda de las personas, en este caso solo una, a cuyo encuentro se abocó la sociedad, pudieron ubicarse “como un imperativo social”.

“Hubo una movilización amplísima, a pesar de Macri y del gobierno neoliberal que está llevando adelante y de los retrocesos en los derechos humanos, algunos hablan de que se han perdido el 60 o 70 por ciento de los derechos humanos adquiridos por los argentinos en los años anteriores. A pesar de eso el Poder judicial acaba de sentenciar a los militares culpables de genocidio, junto muchos casos, y los sentencia por culpabilidad y a prisión perpetua”.

Añadió por último, pero destacado como uno de los aspectos más importantes para el tema, la autonomía del Poder Judicial.

Al respecto mencionó que en Coahuila lograron que el gobernador Rubén Moreira, “que ha trabajado muchísimo con los familiares –de desaparecidos-, aceptara un análisis del desempeño de la Procuraduría General de Justicia”.

Para ello acudieron consultores desde Colombia e hicieron “un trabajo extraordinario”, riguroso, del que ya presentaron avances preliminares, comentó.

El diagnóstico que se obtuvo “es muy desalentador”, pero lo positivo es que la Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila empezó a mejorar sus procedimientos gracias a la continua retroalimentación con los consultores. Y ya se puede avanzar con ese piso para construir reformas necesarias o modificaciones institucionales”.

Acotó también que la Ley en Materia de Desaparición Forzada y cometida por Particulares no es algo nuevo, pues tanto Nuevo León como Coahuila tienen modelos normativos al respecto que derivaron de un trabajo muy consistente de organizaciones de familiares de las víctimas.

En este sentido, la Ley General en Materia de Desaparición “es un piso mínimo para nosotros”, por lo que Zacatecas debe aspirar a modelos como los de Coahuila y Nuevo León, consideró.

“Hay que ir más lejos, no al mismo nivel ni hacia atrás en este contexto adverso que ya mencionamos, es fundamental fortalecer las organizaciones de familiares, mantener su autonomía y extender las redes a nivel horizontal y vertical con la sociedad civil para abordar no solo el tema de la desaparición de personas sino todo lo que tiene que ver con la construcción de la paz, el combate a la inseguridad y a la violencia que todos padecemos”.

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