■ Necesario, implementar una estrategia de activación social que llene los vacíos
■ Empresas de seguridad privada han tenido un crecimiento importante en los últimos años por el aumento en la criminalidad: Jorge Vázquez Valdez
■ Primordial, buscar estrategias que estén dentro de un “esquema de gobernanza” que incluya a los gobiernos, pero también a la academia y la sociedad civil: Marco Torres Inguanzo
Los “grandes intereses” privados a los que les conviene que no cese la violencia y el desgaste de términos como el de seguridad humana, así como la necesidad de implementar una estrategia de activación social que llene los vacíos que provocan mayores niveles de violencia fueron algunos de los temas abordados este viernes por los docentes-investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Jorge Vázquez Valdez y Marco Torres Inguanzo.
Los académicos participaron ayer en la mesa “Violencia y seguridad humana en Zacatecas”, realizada en el marco del Tercer Seminario del Consejo Estatal de Universitarios por un Proyecto Alternativo para Zacatecas”.
Seguridad privada, el gran negocio en un contexto violento
Teniendo como moderador al director de La Jornada Zacatecas, Raymundo Cárdenas Vargas, el primero en intervenir fue Jorge Vázquez, quien aseguró que “hay grandes intereses inclinados a que no termine (la violencia) porque el gran negocio sigue estando ahí y esta gente tiene nombres y apellidos, y trabajan de manera legítima e ilegítima”.
Al hacer esta aseveración, el académico se refirió a las empresas de seguridad privada, las cuales han tenido un crecimiento importante en los últimos años a causa del aumento en la criminalidad; señaló que de 2012 a la fecha se ha registrado un aumento de entre 50 y 60 por ciento en la demanda de este tipo de servicios.
El sostener que estos intereses económicos trabajan de manera legítima o ilegítima hace referencia a la operación de empresas de seguridad privada registradas legalmente o que laboran siendo compañías “patito”.
A nivel nacional, precisó Vázquez, hay 4 mil 300 empresas legítimas y 2 mil 600 que no lo son, es decir, 46 por ciento del total. Esto, apuntó, significa que casi la mitad de los usuarios de estos servicios “están a merced de una eficiencia cuestionable”.
La contratación de estas empresas a fin de “acceder a una sensación de seguridad para contrarrestar la sensación de paranoia legítima” que existe en la actualidad tiene una implicación que aleja este mecanismo del concepto de seguridad humana que debería privilegiarse.
Expuso, en este sentido, que la seguridad privada “acota la posibilidad de transitar a una alternativa que incluya conectividad, solidaridad y construcción de ciudadanía”.
Estos servicios tienen varias consecuencias entre las que se encuentra el fraccionamiento del espacio urbano, es decir, con el “amurallamiento de colonias” se propicia la creación de “periferias dentro de las propias periferias”. Esto, finalmente, concluye con una exclusión social tanto fuera como al interior de los propios barrios que contratan a estas empresas.
Advirtió, como otros aspectos negativos, el hecho de que genera una “selectividad” a la hora de que las corporaciones policiacas planeen los rondines, dejando a un lado a las colonias con seguridad privada, y también puede provocar un “abuso de facultades” al no determinarse de manera clara la responsabilidad del trabajador privado y del agente público.
Antes de concluir su intervención, el académico señaló que estas condiciones que se generan con las compañías particulares de seguridad son complicadas de revertir. No obstante, apuntó como alternativa de solución la necesidad de que haya una coordinación real entre las instancias públicas y privadas en materia de seguridad, de forma que se refuercen sus acciones.
Sociedad, necesaria ante insuficiencia del Estado
Por su parte, el docente Marco Torres Inguanzo hizo una exposición acerca de un trabajo que actualmente están desarrollando en materia de prevención social de la violencia. En el contexto actual consideró que es necesario implementar estrategias denominadas de “activación social” debido a dos situaciones que marcan el tema de seguridad.
Una, dijo, es el modelo policiaco militarizado y, en segundo lugar, está la “insuficiencia estructural del Estado para atender los problemas públicos” y sobre todo el de la violencia.
Respecto a este último punto, explicó que la falta de resultados en cuanto a la inseguridad no se debe ya a ineficiencia o ineficacia de las autoridades sino a insuficiencia, es decir, “aun cuando fueran eficaces y efectivos los diferentes niveles de gobierno en sus políticas, difícilmente podrían atender o resolver los problemas”.
Por tanto, ante estas limitantes del Estado, expuso que se hace patente la necesidad de buscar estrategias que estén dentro de un “esquema de gobernanza” que incluya a los gobiernos, pero también a la academia y la sociedad civil.
Expuso que estos trabajos que realizan parte de varios estudios, entre ellos de uno elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el que se advierten “vacíos sociales”, que algunos especialistas relacionan con miedo, que son los que provocan una penetración más aguda de la criminalidad en ciertas zonas.
“Donde hay más anidación (de la delincuencia) es donde hay más vacío y el objetivo, si es este problema, debe ser el de tratar de cubrir esos vacíos sociales”, indicó.
También se basan en las estadísticas que arrojan que 87 por ciento de los incidentes de violencia que se dan en Zacatecas los cometen jóvenes que vienen de familias con “precarización generacional”.
El investigador de la UAZ sostuvo que para el trabajo que están realizando primero dividieron territorialmente los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo en polígonos de 240 viviendas cada uno.
De esa forma, obtuvieron 600 polígonos y crearon el mismo número de brigadas, conformadas por jóvenes universitarios, principalmente, y vecinos de cada área, a fin de que fueron las encargadas de atender las diferentes zonas.
El modelo de intervención que plantean, precisó Torres Inguanzo, tiene cuatro ejes que son el de atacar la precarización mediante la conformación de un modelo de economía social solidaria, el de erradicar la pobreza cultural, el trabajar la identidad y las expectativas de los jóvenes a fin de “impactar en su subjetividad” y, por último, el incidir en las escuelas de nivel bachillerato.
