ONU, OEA y Amarc analizarán reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones

ONU, OEA y Amarc analizarán reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones
María Eugenia Chávez también informó que la Amarc México ya analiza las posibilidades de interponer algún recurso legal contra la Reforma-Medrano ■ foto: La Jornada Zacatecas

■ La modificación “criminaliza la libertad de expresión de personas en México”: Chávez

■ Se imponen penas carcelarias a quienes usen el espectro radioeléctrico sin concesión

Ya se encuentran en el país los Relatores Especiales de Libertad de Expresión de la ONU y la OEA, Dave Kaye y Edison Lanza, quienes se reunirán con entre otras organizaciones, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) México, en este caso para analizar el tema de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFTR) y el Código Penal Federal, que sintetizó la integrante de la Mesa nacional de la organización, María Eugenia Chávez, “criminalizan la libertad de expresión de las personas en México” al imponer penas carcelarias a quienes usen el espectro radioeléctrico sin concesión, cuando antes sólo eran acreedoras a sanciones administrativas.

La iniciativa que fue aprobada el pasado 4 de noviembre en la Comisión de Radio y TV de la Cámara de Diputados, y espera por su votación en el Pleno, y posteriormente por su refrendo o rechazo en la Cámara Alta, fue propuesta del legislador priísta por Zacatecas Benjamín Medrano Quezada.

Va dirigida de manera expresa a aquellos “que mal utilizan el espectro radioeléctrico”, al que equipara con otros bienes nacionales cuyo uso sin permiso o concesión los hace susceptibles de sufrir daño o merma, “pero no es el caso” acotó María Eugenia Chávez, pues el espacio-aire “ni se roba ni se daña ni se rompe ni se corta en pedacitos para llevárselo”.

“Ese es el problema que nosotros planteamos desde Amarc, si está diciendo que la gente ‘mal usa’ el espectro y debe ser sancionada con cárcel, entonces lo que esta sancionando en el fondo es la difusión de la palabra a través del espectro radioeléctrico”, no el que se haga daño a este bien nacional.

En opinión de la especialista, la iniciativa aparenta “pretender regular” pero lo que busca es controlar las voces de las comunidades, además por la vía penal, pues en este caso sí expuso Benjamín Medrano de manera expresa que estas radiodifusoras “luego se utilizan para criticar al gobierno”.

El legislador también argumentó que se genera una competencia desleal con los medios comerciales, e incluso “menciona por ahí el crimen organizado”.

“Nosotros no estamos de acuerdo con eso, no hay evidencia de que realmente el crimen organizado esté utilizando el espectro, o como también otras veces se ha dicho, a las propias radios comunitarias. Eso no es así”.

María Eugenia Chávez dijo entonces que si una ley está respondiendo a “una supuesta problemática” de la que no hay evidencia, lo que nosotros deducimos entonces es que sí se dirige a afectar a las comunidades.

La penalización carcelaria también es excesiva, observó, pues todos los tratados internacionales en la materia hacen referencia al derecho de las personas a la libertad de expresión, por lo que se admite que el espectro radioeléctrico tiene que ser regulado, pero en caso de violación a las normas, castigado con sanciones administrativas.

Mencionó que hace 10 años en la visita conjunta a México que hicieron los relatores especiales tanto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como de la Organización de Estados Americanos (OEA) publicaron un informe sobre el estado que guarda la libertad de expresión en el país, en el que hacían el señalamiento de que no puede proponerse una ley o reglamento por encima de este derecho fundamental.

Cabe acotar que la visita de las relatorías de sendos organismos internacionales iniciada esta semana, tiene como propósito dar seguimiento a las recomendaciones que emitieron hace una década al Estado mexicano, y revisar los retos actuales que enfrenta en la materia.

Otra violación, tanto a los tratados internacionales que ha firmado México como a la propia Constitución general de país, que se reitera en la práctica y que ahora se integra a letra del Código Penal Federal “con la iniciativa del diputado Medrano”, dijo María Eugenia Chávez, es la confiscación de los equipos de radiotransmisión que se hace cuando las autoridades acuden a cerrar una radio que no cuenta con una concesión.

“Esto va en contra del artículo séptimo constitucional que dice que de ninguna manera se secuestrarán los equipos necesarios para la difusión de ideas o información”, precisó.

Desde la perspectiva de un derecho punitivo, con la penalización con cárcel, esto se lleva al extremo, “y nos parece que esto no tendría por qué ser así, pues además afecta no sólo a las comunidades” sino, puntualizo, “a toda persona en México que haga uso del espectro radioeléctrico sin una concesión”.

Reiteró, sin embargo, que aunque la reforma no está dirigida de manera exclusiva a las radiodifusoras de uso social, esto es, comunitarias o indígenas, estas sí se ven afectadas.

Aunque Medrano Quezada argumentó en su exposición de motivos que las radiodifusoras de uso social ya tienen un lugar dentro de la Ley, y tendrían que estar ya concesionadas y no usar el espectro radioeléctrico sin cumplir con las normativas ya emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), “lo que no está reconociendo” es que no ha habido una política pública dirigida a las radios comunitarias e indígenas para que los conozcan, por lo que siguen utilizándolo sin concesión.

Sin precisar una cifra de cuántas de las radiodifusoras de uso social se encontrarían en esta situación, sí mencionó que sólo en el estado de Oaxaca serían más de 100.

“No tenemos ese dato en concreto porque no hay un registro, muchas veces estos proyectos aparecen y desaparecen porque armar un medio de comunicación no es tan sencillo y muchas veces requiere de muchos esfuerzos en las comunidades que no están necesariamente recompensados”.

La mayoría de las radiodifusoras comunitarias e indígenas se concentran en la parte centro-sur y occidente del país, en los estados del centro-norte y noroeste, hay muy pocos proyectos.

En el caso de Zacatecas sin asegurar su número, dijo conocer solo el que corresponde a Tacoaradio, que depende de la Agencia de Desarrollo Local de Tacoaleche (Adeltac).

María Eugenia Chávez también informó que la Amarc México ya analiza las posibilidades de interponer algún recurso legal contra la Reforma-Medrano.

Esta semana “están de visitan conjunta los relatores de la ONU y la OEA que van a estar en Ciudad de México (…) y vamos a participar en las mesas”.

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